Las instalaciones de energía solar fotovoltaica están experimentando un boom continuado en la Región de Murcia. Este octubre pasado, se han promovido nueve proyectos de instalaciones fotovoltaicas en la región (Caravaca, Cartagena, Fuente Álamo, Jumilla, Los Alcázares (dos), Mazarrón, Moratalla y Torre Pacheco,) y otros tantos durante el mes de septiembre. La energía solar fotovoltaica, como energía renovable, es un elemento fundamental en la apuesta por otro modelo energético y en la lucha contra el cambio climático.
Nos encontramos ante un punto de inflexión de la energía fotovoltaica en el estado español con unas previsiones, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de 9 Gigavatios de potencia instalada ahora a más de 39 GW en 2030. Las instalaciones fotovoltaicas son unas grandes consumidoras de territorio. Se estima que cada Megavatio de potencia fotovoltaica requiere entre 2 y 3 hectáreas de terreno. La selección de lugares en Murcia, además de las más de 3.000 horas/sol al año, obedece a que el precio del terreno es muy barato y a la propia disponibilidad del suelo, ya que las centrales solares fotovoltaicas requieren superficies extensas.
En los últimos años, los proyectos que se presentan por grandes promotores están en espacios rurales: terrenos de cultivos de secano, estepas, o zonas de pastos. Estas zonas pueden tener interés relevante desde el punto de vista paisajístico, natural o socioeconómico, y las instalaciones fotovoltaicas pueden generar impactos negativos significativos en la biodiversidad y en el territorio. El director de campos solares de la Asociación Nacional de Productores de Energía (ANPIER), Miguel Ángel Martínez-Aroca, en representación de los productores de energía fotovoltaica, ha criticado el desproporcionado impacto visual y medioambiental que los macroparques fotovoltaicos causan sobre el entorno, además de apuntar que en absoluto generan riqueza para la Región de Murcia y declaró que: «estamos regalando la riqueza solar de nuestra región».
Se van a seguir tramitando proyectos fotovoltaicos y algunos de ellos pueden suponer un impacto ambiental severo. Por eso, resulta necesario establecer una gradación en los usos del suelo para su implantación, sean del tamaño que sean, pero especialmente si son grandes centrales solares fotovoltaicas. Este crecimiento significativo se produce en un contexto de ausencia de planificación sobre los proyectos fotovoltaicos que producen impactos muy distintos en las diferentes instalaciones debido al tamaño, ubicación, necesidad, condiciones de acceso a la red eléctrica, etc. La identificación de los impactos es insuficiente para valorar las afecciones al medio ambiente de este tipo de instalaciones. La normativa legal actual carece de instrumentos de control y planificación para el creciente número de instalaciones y macroproyectos solares fotovoltaicos, subestaciones eléctricas y las líneas eléctricas de alta y media tensión que llevan aparejadas. Hacen falta mecanismos de planificación democrática sobre el crecimiento de la energía solar fotovoltaica. En el ámbito regional, se hace necesaria otra ley del suelo y ordenación del territorio que contemple reservas de suelo específicas para las instalaciones solares y el desarrollo de pasillos energéticos para las líneas que evacuan la energía y conectan con la red eléctrica.
La ausencia de una legislación que establezca las zonas donde instalar estos nuevos proyectos hace difícil determinar con exactitud los impactos ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en concreto del impacto ambiental de la instalación fotovoltaica. El desafío fundamental del uso del suelo por las plantas solares fotovoltaicas es que tienen densidades de energía bajas en comparación con otros medios de generación de electricidad. Como resultado, las instalaciones requieren una huella geográfica mayor para producir una determinada cantidad de energía. Para estas instalaciones hay que seleccionar espacios intermedios, de transición entre los mejor conservados desde el punto de vista natural y los más intervenidos. A la hora de abordar el problema sería necesario además establecer diferencias, entre parques solares y megaproyectos de instalaciones fotovoltaicas.
Una planificación y ordenación del territorio coherente implica que el espacio agrario, además de su valor productivo, también tiene una función amortiguadora que preserva la identidad de los núcleo de población y es una reserva para futuros usos, que pueden ser urbanos o no. Hay que desarrollar una política sobre energía fotovoltaica en la región que se base en el principio de precaución, de forma que se garantice ante todo el bien común, en un sentido amplio, y especialmente en cuanto a la protección de los ecosistemas, sistemas agrarios, y patrimonio paisajístico y cultural.
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