Desde la restitución de la democracia, hace ya más de cuarenta años, hemos llevado nuestros valores allí donde más falta hacían: al Boletín Oficial del Estado, la mayor herramienta de transformación social. O al Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde desde el consenso, no siempre fácil en un arco parlamentario tan fragmentado como el actual, se ha de tejer la Justicia Social, la libertad y la igualdad que todo Estado del Bienestar Social debería garantizar.
En ese sentido, y al contrario que el gobierno tránsfuga de Fernando López Miras que no ha hecho más que oídos sordos a las peticiones y sugerencias de mejora que los Colegios Profesionales y Colectivos regionales manifestaron en las audiencias legislativas al Proyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia; hemos trabajado en nuestras enmiendas en blindar derechos conquistados. Y en hacer efectivos los de las personas que necesitan hacer uso de unos Servicios Sociales ágiles y de calidad.
Es ya un hecho que la voluntad del Partido Popular y los diputados tránsfugas en la Ponencia de esta Ley no era ni es la de apostar por la protección social y, por ende, por el bienestar del millón y medio de ciudadanos y ciudadanas de la Región al volver a dejar pendiente de desarrollos reglamentarios ratios que generarán desigualdad en una Región socialmente fragmentada en la que trabajar y ser pobre es ya una realidad. Si así fuera, cogería de buen grado las iniciativas del PSOE para reactivar el II Pacto de Lucha contra la Pobreza, no recortaría en un millón de euros la partida que lucha contra la pobreza energética que padecen un 15% de los hogares. Y no congelaría la renta Básica de Inserción, recortada en 1,9 millones de euros en el presupuesto de 2020. Si así fuera, no existirían centenares de situaciones en un limbo de espera en materia de infancia y familia, discapacidad, mujer, personas sin hogar, personas migrantes, personas mayores. Si así fuera no se hubieran rechazado 127 enmiendas ciudadanas cuyo único fin era mejorar una Ley mejorable.
El PP debe haberse creído a pies juntillas aquello de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo.” Sólo así se entiende que se reúna con todos los colectivos y Colegios Profesionales fingiendo escuchar sus propuestas bajo la bandera del consenso. Para acto seguido rechazar, fuera de micrófono y cámara, todas sus propuestas de mejora. Un poder casi absoluto sostenido por un gobernante déspota que hace creer que brinda al pueblo aquello que necesita, pero sin darle mayores atribuciones sociales en la toma de decisiones.
Por suerte, siempre que en España o en la Región hubo avances sociales en ellos trabajó de forma activa el PSOE. Una vocación de servicio público que al contrario que el PP, que ha esperado a una pandemia para desempolvar la ley, nos tomamos muy enserio. Tan enserio que fuimos el primer Grupo Parlamentario en registrar las enmiendas, casi 90, a un proyecto de 118 artículo siendo admitidas todas y cada una de ellas cumpliendo así con el contrato social al que nos comprometimos al firmarlas dando voz a todas y cada una de las personas que nos lo pidieron.
Porque si hay algo que ha quedado claro en la tramitación de este Proyecto de Ley es que el PSOE sabe trabajar. Que con el PSOE se puede consensuar, transaccionando cuando era necesario para sacar a la Región del socavón de ser la segunda comunidad con peor calificación en servicios sociales. Y sobre todo, que allí donde hay un derecho social que mejorar el PSOE siempre tiene algo que decir al introducir cambios de gran calado social como el de que las personas con discapacidad cuenten con apoyos a la comunicación oral con uso de lengua de signos o cualquier otro sistema de comunicación disponible. O el que los Servicios Sociales tengan el carácter de ‘servicio público esencial’. En eso consiste el ADN de una política útil. En escuchar y proponer soluciones donde otros solo ven problemas. En mejorar la vida de los demás. En ofrecer a un problema político, la política social del PSOE como solución.
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