Tres ayuntamientos, condenados por no tener políticas públicas de protección animal

Cada vez son más los casos de Ayuntamientos que se llevan a los juzgados por no atender a los animales más vulnerables de su municipio, bien porque se trate de gatos ferales heridos, enfermos o atropellados o bien porque se trate de perros y gatos abandonados o extraviados cuyo propietario se desconoce a priori y cuyo deber de velar por su bienestar y cuidado corresponde a los ayuntamientos.

Voy a hacer una breve mención a tres casos de gran repercusión mediática y que estoy segura que marcaron un antes y un después tras haber sentencia condenatoria a los respectivos Ayuntamientos.

El primer caso fue el del Ayuntamiento de Madrid

En 2014 el Ayuntamiento de Madrid fue condenado por el juzgado contencioso administrativo a devolver a una gestora de colonias felinas el importe de las tres multas que le impuso por atender gatos ferales, por no identificarlos, por no vacunarlos y por ponerle refugio.

El citado Ayuntamiento atribuyó a la cuidadora de estos gatos la titularidad y responsabilidad de los mismos, equiparándolos a un gato de compañía, en cuanto a las obligaciones que tiene cualquier poseedor de este tipo de gato. Sin embargo, el Ayuntamiento aquí se equivocó ya que eran gatos ferales, es decir, gatos domésticos no sociables cuya responsabilidad era y es del Ayuntamiento y no de la cuidadora de dichos gatos.

Gracias a la encomiable labor de la abogada especializada en Derecho Animal Arancha Sanz de Madrid el juzgado que conoció de este caso tuvo claro que esas tres multas eran ilegales y que, por tanto, el Ayuntamiento de Madrid fue condenado al reembolso de dichas multas y también al pago de las mismas.

El segundo caso fue el del Ayuntamiento de Brenes en Sevilla

Este Ayuntamiento fue condenado por el juzgado contencioso administrativo a abonar las facturas que durante el año 2016 abonó la protectora que se hizo cargo de 7 animales atropellados, heridos, enfermos, abandonados, siendo muchos de estos animales, hembras con camadas.

Tras presentar esta protectora varios escritos por registro al Ayuntamiento reclamando los gastos veterinarios por la atención de varios animales sin responsable conocido, en situación de riesgo para su vida y sin obtener respuesta alguna, no se lo pensó dos veces y contrató los servicios de una abogada especializada en derecho animal, Lorena Lozano de Sevilla.

El resultado fue que la jueza que celebró este juicio vió claro que la responsabilidad de los gastos veterinarios reclamada por la protectora de animales era ajustada a derecho, ya que el Ayuntamiento no se hizo cargo de dichos animales, ni de sus facturas, ni tenía convenio para la recogida de animales con esta entidad de protección animal.

El Ayuntamiento de Brenes fue condenado en el año 2018 a pagar los gastos reclamados con carácter general, salvo alguna factura puntual que no había sido presentada en el juzgado de forma correcta, en total fue condenado a abonar 2.426 euros.

El tercer caso fue el del Ayuntamiento de Garachico en Santa Cruz de Tenerife

Este Ayuntamiento fue condenado en julio de 2020 a pagar a un particular los gastos veterinarios que asumió para salvar la vida de un cachorrito de gato que se encontró en estado crítico y que tuvo que ser hospitalizado en una clínica veterinaria.

En este caso, una pareja se encontró al gatito en estado moribundo, en el año 2018, tras contactar con los agentes de la autoridad y ver qué nadie se hacía cargo del animal, lo llevaron al veterinario donde fue hospitalizado debido a su grave estado.

El caso fue llevado al juzgado por los particulares que se la encontraron, de la mano de la abogada Patricia, quién además de abogada es la adoptante de Gofio. Este caso finalizó con la condena del Ayuntamiento de Garachico a pagar los gastos asumidos y reclamados por un particular, que eran de un importe de 770 euros más las costas.

Afortunadamente, cada vez somos más las personas que no miramos a otro lado y que no solo actuamos para atender a un animal desvalido, sino que damos todos los pasos legales para reclamar a la Administración responsable los gastos que procedan, y no solo eso, sino que a su vez educamos a las Administraciones y la sociedad en esta materia.

Desde el IPA Instituto de Protección Animal asesoramos al personal del sector público y privado que trabajan en materia de protección animal y también realizamos una labor educativa, formando en esta materia tanto a través de este blog como a través de nuestras formaciones.

Recuerda que un animal abandonado, atropellado, enfermo sin responsable conocido, así como un gato feral no son la responsabilidad de un particular o de una protectora de animales que no tenga un convenio a tal efecto con el Ayuntamiento, estos animales son responsabilidad del Ayuntamiento y, por ello, debe hacerse cargo de todos los gastos veterinarios que conlleve su cuidado.