La Región de Murcia pone en peligro el 96% de los fondos europeos para alquiler asequible: “Son muchos años de inacción”

Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una carrera cada vez más difícil en la Región de Murcia, especialmente para los jóvenes y las familias con menos recursos. Los precios aprietan los presupuestos domésticos y miles de personas necesitan ayuda para pagar el alquiler. A este escenario hay que añadir la variable de que, en palabras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, “Murcia es una de las comunidades autónomas que muestra una mayor negligencia en la ejecución de los fondos europeos”.

Una parte importante de las viviendas nuevas previstas en la Región depende de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De las 922 viviendas que recoge la ficha del Ministerio, 526 se financian con este programa, que destina 27,49 millones de euros a construir pisos de alquiler social. La condición era que las obras estuvieran acabadas antes del 30 de junio de 2026.

Sin embargo, a comienzos de abril el proyecto apenas había arrancado. Según la respuesta que dio el Gobierno central en el Congreso el 10 de abril, el Ministerio solo sabía que se habían adjudicado cinco de esas 526 viviendas, es decir, que solo para cinco había una empresa encargada de construirlas. Otras 469 ni siquiera habían salido a concurso, y las 52 restantes quedaron desiertas. En dinero, eso supone que 25,4 de los 27,49 millones, más de nueve de cada diez euros, seguían sin asignar. Tal y como ha detallado el Ministerio de Vivienda a este medio, los inmuebles finalizados por el Ejecutivo regional solo representan una inversión de apenas 218.748 euros.

Con el plazo a punto de vencer, el Gobierno regional pidió una prórroga en junio. Desde la cartera de Vivienda han adelantado que, de mantenerse esta situación, la Región de Murcia tendría que devolver el 96% de los fondos europeos recibidos: “Estas cifras plantean serios interrogantes sobre la gestión y la capacidad de ejecución de los proyectos y sobre las oportunidades perdidas para ampliar el parque de vivienda asequible en una comunidad donde el acceso a la vivienda constituye una necesidad social de primer orden”, han reprochado.

“El Partido Popular siempre ha tenido como eslogan que son magníficos gestores. Pero al Gobierno de López Miras no solo se le puede criticar políticamente, también por ser ejemplo de mala gestión, especialmente en materia de vivienda”, ha criticado el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos.

Esa lentitud se refleja también en las cuentas regionales. La partida del presupuesto autónomico para construir viviendas de alquiler social, que se nutre de estos fondos europeos, cuenta este año con 11,3 millones. Pero, con datos de septiembre de 2026, apenas se habían dispuesto a proyectos concretos menos de seis de cada 100 euros disponibles (el 5,9%). Lo que se ha pagado de verdad es todavía menos, unos 71.000 euros. Eso es menos de un euro por cada 100 presupuestados (el 0,6%). Incluso dentro de lo ya asignado, solo se ha pagado una décima parte.

El eurodiputado socialista Marcos Ros ha denunciado que Murcia disponía de 47,6 millones de euros susceptibles de reprogramación y ha destinado “solo” 5,2 millones a políticas de vivienda. Según el PSOE, esos recursos se han orientado a mecanismos de aval y no a financiar directamente nuevas promociones públicas. Ros compara la cifra con los 67,7 millones destinados por Castilla-La Mancha y los 44,3 millones de Galicia.

“No hay un parque público de vivienda en Murcia”

España lleva décadas arrastrando una carencia en lo que respecta a su parque de vivienda social, con unas cifras que apenas superan el 3,3%, muy por debajo del 8% de la media europea. Una situación que se agrava “especialmente” en la Región de Murcia, donde el porcentaje desciende al 0,3%.

Los esfuerzos para suplir la carencia de oferta pública por parte de la Comunidad “han sido reducidos”, denuncia el diputado socialista Miguel Ortega. Según datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), desde el inicio del mandato de López Miras en 2017 solo se han construido 23 viviendas de promoción pública. La última remesa se edificó en el año 2019, con 18 viviendas. Desde entonces, no se ha levantado ni un solo ladrillo público.

“Ese dato lo dice todo. [El Ejecutivo Regional] puede estar en contra políticamente del Gobierno central, pero me parece una barbaridad que lleguen a boicotear el Plan Estatal de Vivienda, sabiendo que afectará de forma negativa a los ciudadanos de la Región de Murcia”, ha denunciado Álvarez-Castellanos.

Por el momento, el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que edificará más de 300 viviendas protegidas previstas sobre 11 parcelas municipales. Y el Consistorio de Lorca, por su parte, ha proyectado tres promociones de vivienda pública para el alquiler asequible, con un total de 25 viviendas.

El profesor de Economía de la Universidad de Murcia, Diego José Peñarrubia, considera que Murcia debe empezar a crear un parque de vivienda asequible sin esperar a alcanzar modelos consolidados en otros lugares. “Comparar continuamente nuestra situación con la de Viena, que lleva un siglo construyendo y manteniendo un parque público de vivienda, puede conducirnos a la nostalgia y a la inacción”, señala. A su juicio, no es imprescindible que todas las viviendas sean de titularidad pública: “Lo fundamental es que exista un parque estable de alquiler asequible, con precios limitados por ley y compromisos de mantenimiento de esas condiciones a cambio de las ayudas recibidas”.

Para conseguirlo, plantea recurrir a fórmulas de colaboración público-privada que permitan construir viviendas en suelo público y mantener los alquileres limitados durante un periodo determinado. “Si un promotor privado construye las viviendas, puede hacerse mediante fórmulas de colaboración público-privada que garanticen alquileres asequibles”, explica. Entre las opciones, propone que el suelo se ceda para desarrollar promociones destinadas al alquiler y que las viviendas puedan revertir al sector público al finalizar la concesión.

Trece ayuntamientos ofrecen suelo para unas 800 viviendas

El martes 20 de octubre, PP y Vox votaron en contra de una moción socialista para impulsar vivienda pública en terrenos ofrecidos por trece municipios gobernados por el PSOE. Según los datos difundidos por el partido, los ayuntamientos han puesto a disposición 86.000 metros cuadrados que permitirían construir alrededor de 800 viviendas asequibles.

La propuesta planteaba identificar las parcelas, concretar la financiación y fijar un calendario para las promociones, con prioridad para el alquiler asequible y criterios transparentes de adjudicación. Ortega asegura que el suelo público puede reducir los costes de construcción entre un 20 y un 30 por ciento. “Si el problema es que no hay suelo, se ha ofrecido ese suelo”, señala.

Por otra parte, el Gobierno regional aprobó el Decreto-ley 3/2026 de Vivienda Asequible, publicado en el BORM el 7 de julio, con el objetivo anunciado de impulsar 25.000 viviendas en cinco años mediante incentivos y colaboración público-privada. La Diputación Permanente de la Asamblea lo convalidó el 22 de julio y acordó tramitarlo como proyecto de ley.

Ortega cuestiona que no se establezca un precio máximo de venta suficientemente definido y que el abanico de ingresos de los posibles beneficiarios sea demasiado amplio. El decreto exige unos ingresos superiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y fija un máximo de 6,5 veces ese indicador, unos 54.600 euros anuales. “Cuando estén compitiendo personas con distino nivel de renta, ¿quién va a poder acceder?”, plantea.

También pone en duda los plazos. Según explica, expertos participantes en el debate han estimado que la tramitación de permisos y licencias puede prolongarse entre dos y tres años. Para Ortega, las condiciones de acceso y los tiempos administrativos pueden limitar el alcance real de la medida.

Peñarrubia considera “poco realista” el objetivo del Gobierno regional de impulsar 25.000 viviendas en un quinquenio. “En la Región de Murcia se están construyendo unas 3.200 viviendas al año en total, de todo tipo y precio. Pretender alcanzar las 25.000 viviendas asequibles en cinco años significa llegar a 5.000 anuales y, además, conseguir que todas ellas sean asequibles”, explica. A su juicio, “no parece realista que ambas cosas vayan a suceder de inmediato”. No obstante, advierte de que el debate sobre las cifras no debe desviar la atención de la necesidad de actuar.

“Retrasos” en el Bono Alquiler Joven

Miguel Ortega asegura que más de 2.000 jóvenes tienen concedida la ayuda del Bono Alquiler Joven y siguen sin cobrarla. La financiación estatal comprometida para la Región de Murcia entre 2022 y 2025 ascendía a 35,2 millones de euros, a razón de 8,8 millones por anualidad. Sin embargo, según la ficha del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana actualizada a 20 de mayo de 2026, se habían transferido 26,68 millones, el 76% del total, con una diferencia de 8,52 millones respecto a la cantidad comprometida.

La reducción de las transferencias se concentró en 2025. Según una respuesta del Gobierno central en el Congreso, el Ministerio transfirió 8,8 millones de euros en cada uno de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, pero solo 282.615,03 euros en 2025, pese a que para ese año estaban previstos otros 8,8 millones.

El Ejecutivo central atribuye esta reducción a la existencia de remanentes de ejercicios anteriores, circunstancia que, según la respuesta parlamentaria del 10 de abril de 2026, fue justificada mediante un certificado remitido por la propia Comunidad Autónoma.

En 2025, la Consejería de Fomento e Infraestructuras envió una carta a los solicitantes de la Ayuda al Alquiler Joven para comunicarles que no recibirían la prestación por falta de fondos. “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6.141,45 euros (3.853,25 en 2025 y 2.288,20 en 2026)”, explicaba la Consejería en la carta, en la que añadía que el siguiente expediente pendiente de conceder (12.420 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

En 2025 había 14,6 millones presupuestados para ayuda al alquiler, pero solo se llegó a disponer algo más de un tercio, 5,2 millones (el 35,5%). Y de ese dinero asignado, a cierre del año solo se había pagado 3,3 millones, que es menos de una cuarta parte de lo presupuestado (el 22,4%). Dicho de otro modo, de cada 100 euros previstos para ayudar a pagar el alquiler, solo 22 llegaron al bolsillo de los inquilinos.

Ortega critica la gestión autonómica de estas ayudas y sostiene que la Comunidad no justificó la totalidad del gasto de las anualidades anteriores, lo que habría reducido la transferencia de 2025. “No fueron capaces de justificar que habían gastado el dinero al completo”, afirma. El diputado reprocha además al Ejecutivo regional que, tras acumular remanentes de ejercicios anteriores, comunicara a los solicitantes que no disponía de más recursos para atender las ayudas.

El diputado denuncia también demoras de entre uno y dos años en otras ayudas al alquiler y dificultades en las subvenciones para comprar vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. “Hay solicitantes que ni siquiera han recibido respuesta”.

En 2026, según los últimos datos de ejecución presupuestaria, las ayudas al alquiler, entre ellas las destinadas a los jóvenes, cuentan con un presupuesto de 14,6 millones de euros. Hasta ahora solo se han asignado 2,2 millones a beneficiarios concretos, apenas 15 de cada 100 euros disponibles, y de esa cantidad, solo se ha pagado la mitad, 1,1 millones, menos de 8 de cada 100 euros prespuestados. Es decir, más de 12 millones, el 85% del presupuesto, siguen sin asignar.

Este medio ha tratado de recabar la postura de la Consejería de Fomento, sin obtener respuesta hasta el momento.