La comisión de investigación en Navarra comenzará por la adjudicación del contrato de Belate a la empresa de Cerdán y Alonso

La comisión de investigación en Navarra sobre los contratos adjudicados a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 que investiga el Tribunal Supremo comenzará el 15 de octubre con la obra de desdoblamiento de los túneles de Belate. Este es el contrato más alto adjudicado a la empresa de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán, pero por el momento no es objeto de la investigación del Supremo.

El Gobierno de Navarra lo adjudicó por 62,8 millones de euros en un proceso “lleno de irregularidades”, según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que consideró la adjudicación “nula de pleno derecho”. En el informe señaló que el presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo Soriano, emitió su voto tras conocer el de cuatro de los vocales. El voto del presidente fue decisivo para decidir la adjudicación, puesto que tres miembros de la mesa, incluidos el secretario y el interventor, de ocho vocales en total, emitieron votos particulares oponiéndose a la adjudicación a esta UTE alegando indicios de arbitrariedad. 

Precisamente serán los miembros de la mesa de contratación los primeros en comparecer en la comisión del Parlamento de Navarra. Comenzará Jesús Polo Soriano el día 15 de octubre. En total han sido llamadas a comparecer 41 personas relacionadas con la adjudicación de distintas obras a esta UTE en los últimos años. Entre ellas se encuentran el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que será el número 24, el empresario Antxon Alonso, el número 19 o el exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García, el número 27. No han sido citadas a declarar ni la presidenta María Chivite ni las expresidentas Uxue Barkos, de Geroa Bai, ni Yolanda Barcina, de UPN. De la etapa del gobierno regionalista sí ha sido citado el actual portavoz de UPN en el Parlamento foral y en la comisión, Javier Esparza, como exconsejero de Desarrollo Rural.

La presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez, ha asegurado que ha habido “debate complejo” entre los grupos políticos en cuanto al orden de las comparecencias, que finalmente se ha aprobado con 26 votos a favor y 23 en contra. En cualquier caso, ha comentado que es “provisional”. Se ha aprobado además la urgencia de las comparecencias, de manera que se puede notificar las comparecencias “solo con tres días de plazo y no con el plazo que marca la ley”.

Sobre los tiempos de intervención, aprobados también con 26 votos a favor y 23 en contra, serán “de 60 minutos para cada portavoz” y se han establecido como días de comparecencia los martes y miércoles. “Comenzará el grupo con mayor representación, excepto en aquellos casos en que a la persona proponente solo le haya propuesto un único grupo, que entonces es ese grupo quien comenzará con la intervención”, ha explicado Jiménez.

Se ha acordado además “requerir” la información solicitada desde la comisión y que no ha llegado o que “ha llegado pero no da respuesta”. Ha señalado que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han respondido para decir que el Parlamento “no tiene derecho a la información”. “Hemos decidido identificar aquella información recibida pero no responde al objeto en cuestión, lo que recurriremos”, ha precisado.

Jiménez ha comentado que el Gobierno de España tiene que enviar información y sí han remitido, entre otras, Gobierno de Navarra, Servinabar 2000, Geoalcali o las diputaciones de Bizkaia y Guipuzkoa. Finalmente, en la reunión de la comisión se ha aprobado solicitar un informe a los servicios jurídicos para “conocer cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que está en la comisión, sobre el tratamiento y gestión de la información que se recibe”.