La intimidad económica de los dependientes: un año más en manos privadas
El Gobierno continúa con la privatización del servicio de valoración económica de la dependencia y convoca un nuevo concurso para que una empresa privada sea la que emita los informes sobre la situación de los dependientes. Mañana se debate en el Parlamento una moción de I-E que pide al Gobierno que vuelva a hacerse cargo del servicio de valoración, situación que no ha importado al ejecutivo que continua con el concurso público. “Está claro que el gobierno de navarra viene haciendo gala de un menosprecio democrático a la voluntad de este parlamento, innumerables mociones que le piden que corrija cuestiones y de forma sistemática se lo salta”, lamenta el promotor de la iniciativa, Txema Mauleón.
Desde I-E se ha criticado que empresas privadas realicen estas funciones, ya que suponen el acceso a datos privados de los solicitantes. “Este trabajo lo tiene que hacer sí o sí el Gobierno de Navarra porque está accediendo a datos confidenciales de personas y entendemos que no debería dejarse en menos privadas”.
Según el pliego de condiciones elaborado por el Gobierno, la empresa que se haga cargo del servicio de valoración tendrá que emitir un informe en el que se analicen las prestaciones que recibe quien solicita la ayuda a la dependencia, el patrimonio mobiliario e inmobiliario, las transmisiones y todos aquellos derechos que sean susceptibles de tener una valoración económica.
Además, autorizan a la empresa a acceder al expediente del usuario. Para ello, los trabajadores de la empresa privada podrán consultar las aplicaciones informáticas de la Agencia Navarra para la Autonomía de las personas, pedir y recibir toda la información que consideren necesaria para valorar, realizar los cálculos y el informe económico e introducir los datos en la aplicación informática.
“Falsos funcionarios”
Las personas contratadas por la empresa privada prestarán sus servicios en las dependencias de la Agencia Navarra para la Autonomía de las personas, debido, según reza el pliego de condiciones, a “la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes respecto al tratamiento de datos de carácter personal a los que se pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del contrato”. Además, será el Gobierno quien facilite a la empresa todo el material necesario, los ordenadores, la oficina y las aplicaciones informáticas.
Una cuestión que aumenta el enfado en I-E que ve como se muestra “con más claridad” que lo que hace el gobierno es sustituir personal que debería ser funcionario mediante la contratación de una empresa privada. Es, en palabras de Txema Mauleón, “igual que cuando se habla de falsos autónomos, en este caso, están contratando falsos funcionarios”.
Según el ejecutivo, el motivo por el que esta valoración se deja en manos privadas es la dificultad para contratar a economistas por el coste económico que supone, mientras, critican desde I-E sí se han contratado para realizar las funciones de inspección de hacienda. El Gobierno calcula que se evaluarán durante 2015 unos 3.600 expedientes, valoraciones que la empresa realizará, como máximo, por 120.000 euros.
