El Defensor del Pueblo alerta sobre el aumento de menores en situación de desprotección en Navarra
El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha presentado su Informe Anual a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. Durante 2017, su oficina realizó 2.412 actuaciones, un 23% más que el año anterior. En líneas generales, Enériz ha advertido de que “convendría hacer una reflexión sobre el aumento de menores en situación de desprotección”; y ha aludido también a las polémicas que han salpicado al Departamento de Educación: “Se ha convertido en un campo de fricciones, hay que buscar elementos que doten de estabilidad a este ámbito”, ha comunicado a la presidenta del Legislativo.
La labor desplegada en 2017 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 118 sugerencias (otras 42 de índole normativo), 232 recomendaciones y 122 recordatorios de deberes legales (en total 514 decisiones).
Todo ello fruto de los 8.160 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.231 consultas y presentar 921 quejas (han gestionado 1.121 expedientes), el 85,5% admitidas a trámite y el 71,9% fundadas. Se han practicado 826 investigaciones, 787 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 28 de oficio, 9 a propuestas ciudadanas y 2 derivadas de los informes elaborados.
Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, educación, función pública, bienestar social, medio ambiente, acceso a un empleo público, sanidad, hacienda, vivienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana y trabajo.
En materia de protección del menor, el Informe advierte de que “no se trata de una valoración general o sociológica, sino dirigida a comprobar esa situación conforme a las exigencias que a las 25 administraciones públicas de Navarra les impone la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia”.
Los datos recabados ponen de manifiesto que, en 2017, en términos generales, ha vuelto a crecer la actividad del sistema de protección de menores, confirmándose la tendencia apuntada en el anterior informe anual. Son más los menores atendidos (1.705 en 2017, 1.446 en 2016, 1.413 en 2015 y 2014, 1.267 en 2013 y 1.206 en 2012). Se aprecia, pues, un incremento en los últimos años. En particular, se observan alzas en las cifras de menores en desamparo y tutelados (de 253 en 2016 a 347 en 2017), de menores en situación de conflicto social (de 728 en 2016 a 815 en 2017), y de menores sujetos al sistema de reforma en régimen de internamiento (de 39 en 2016 a 44 en 2017).
De acuerdo con II Plan de Apoyo a la Familia, a la Infancia y a la Adolescencia, se enfatiza la necesidad de comenzar la intervención en fases tempranas de situaciones de riesgo, “lo que puede contribuir a medio plazo a reducir los casos de intervención más intensa, usualmente más traumática para los afectados”.
Por otro lado, el Informe ratifica las dificultades observadas en años anteriores para hacer valer la preferencia por la modalidad de acogimiento familiar respecto a la residencial o institucional, si bien en 2017, en comparación con el ejercicio precedente, el porcentaje de acogimientos familiares ha crecido ligeramente (del 45,7% al 46,3%).
La institución, en similares términos a los de ejercicios precedentes, formula una serie de sugerencias generales, orientadas, esencialmente, a la evaluación y adecuada dotación de los recursos con que cuenta el sistema de protección de menores, a la potenciación de la labor de prevención y de mejora de la coordinación entre los agentes actuantes, a la orientación de la intervención pública a las fases iniciales o más tempranas de desprotección, y la reducción de los casos de institucionalización.
Educación, a la cabeza en quejas
Por lo que se refiere a la educación, resulta el campo con más quejas presentadas, con un total de 156. Destacan las 34 quejas por la inexistencia, en la modalidad presencial y en horario nocturno de un ciclo formativo de grado medio de auxiliar de enfermería en Tudela; las 33 quejas por la publicidad institucional del modelo D de enseñanza realizada por el Gobierno de Navarra y por diversos ayuntamientos; y la queja relativa a la supresión del nivel A1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, acompañada de 91 firmas.
Diecisiete quejas se relacionaban con el servicio de transporte escolar. También ha suscitado diversas quejas la normativa aprobada para 2017 que regula el baremo de admisión de alumnos en centros escolares públicos y concertados. Seis quejas se presentaron por una federación de ikastolas y seis ciudadanos porque la nueva normativa ya no contempla el criterio consistente en que alguno de los miembros de la unidad familiar sea socio o socia cooperativista.
Cuatro quejas exigieron la investigación de posibles actuaciones fraudulentas sobre el empadronamiento y declaraciones de renta presentados para la admisión en el segundo ciclo de educación infantil. Tres quejas se refirieron al criterio complementario de proximidad lineal entre domicilio y centro escolar de admisión. Y, “lo que es más grave”, cuatro quejas pusieron de manifiesto situaciones de acoso escolar y demandaban la pronta actuación del centro y del Departamento de Educación.
En segundo lugar, se sitúan las quejas (96) referentes a función pública, entre las que sobresalen las 1.838 firmas que alegan trato discriminatorio y desfavorable en la edad de jubilación del personal sanitario acogido al régimen de Seguridad Social, en comparación con el del sistema de Montepíos, por cuanto este puede retirarse a los 60 años. Otros 46 ciudadanos cuestionan la interpretación que el Departamento de Educación hace respecto del personal docente con contrato temporal menor a un año, al que “los días no lectivos se le computa como vacaciones”.
La tercera posición la ocupan las quejas (86) relativas a bienestar social. De ellas, 19 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento de los puntos de encuentro familiares.
Asimismo, constan otras 13 conectadas con la Renta Garantizada, tanto en lo que atañe a su denegación, como en lo tocante a la demora en la concesión o renovación. A pesar del carácter inembargable de esta prestación pública, se siguen recibiendo quejas, en este caso dos, de ciudadanos a los que alguna Administración pública les embarga su importe.
También constan tres denuncias de violencia de género hacia mujeres por parte de sus ex parejas y seis por inadecuada atención de trabajadores sociales.
Ruidos en bajeras de jóvenes
En cuarto término, se sitúan las quejas (66) referentes al medio ambiente, donde, al igual que en ejercicios precedentes, dominan las alusivas a los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las derivadas de la contaminación acústica procedente de bajeras de jóvenes, negocios de hostelería, camiones de la basura y fábricas. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de información ambiental, a la no contestación de denuncias, a la protección de la fauna y la caza, y a licencias de actividades clasificadas.
En quinto lugar, se ubican las quejas (56) de acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad en los departamentos de Educación, Salud, y Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Se cuestiona la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación.
Asimismo, consta el disenso con la exigencia de estar en posición de un máster en Formación Pedagógica y Didáctica para impartir docencia en centros públicos. También por la falta de valoración de méritos o servicios prestados en centros sanitarios privados, a efectos de contratación temporal.
La sexta materia es sanidad, entre cuyas quejas (55) sobresalen las que muestran su disconformidad con la atención clínica recibida, así como con las listas de espera (sobre todo, en el área de traumatología y rehabilitación) y la denegación de prestaciones sanitarias y el reintegro de gastos.
Además, se cuestiona, por insuficiente, la ayuda a personas que sufren celiaquía y el estado de algunas instalaciones sanitarias del CHN, entre las que se citan el pabellón psiquiátrico, la UCI Pediátrica y, de modo genérico, todas las que dificultan el acompañamiento de los pacientes.
En Hacienda siguen predominando las quejas (48) inherentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También constan otras sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en los casos en los que no ha habido incrementos del valor del terreno) y por la no exención del pago de la contribución urbana, en este caso a cargo de una sociedad concesionaria de una autovía de Navarra, que esgrime disparidad respecto a la normativa estatal.
En octavo lugar, figura vivienda, cuyas quejas (35) se refieren principalmente a la disminución de las ayudas públicas al arrendamiento, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras VPO que se adecúen mejor a las necesidades familiares.
Normativa urbanística
En noveno lugar, se sitúa urbanismo, donde, como es habitual, se acumulan quejas (33) referentes a la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante posibles incumplimientos de la normativa urbanística. A su vez, han llegado algunas reclamaciones relacionadas con la gestión urbanística y la falta de contestación de algunos ayuntamientos a solicitudes de información.
En décimo lugar, aparece tráfico, materia en la que destacan las quejas (30) presentadas por ciudadanos disconformes con multas, con la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona, con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar su vehículo, y con embargos por impago de sanciones de las que “no había conocimiento previo”.
En cuanto a la ordenación del tráfico, destaca la queja (2.147 firmas) presentada por una plataforma y varios ciudadanos que no están satisfechos con el proyecto que el Ayuntamiento de Pamplona va a acometer en la avenida Pío XII, porque “conlleva la supresión de plazas de aparcamiento”.
