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El Estado ignora las reivindicaciones económicas del Gobierno de Cantabria

El bipartito exigió por carta hace un mes una reunión urgente para avanzar en la financiación de diversos proyectos, una petición que no ha tenido respuesta

Revilla reclamó la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría para saldar una deuda cercana a los 90 millones de euros con la comunidad autónoma

Rajoy ha pactado el apoyo a los presupuestos de nacionalistas vascos y canarios a cambio de inversiones y partidas económicas en sus territorios

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Sáenz de Santamaría e Íñigo de la Serna, recibidos por Revilla a su llegada al Gobierno. | RAÚL LUCIO

Sáenz de Santamaría e Íñigo de la Serna, recibidos por Revilla en el Gobierno de Cantabria. | RAÚL LUCIO

El Gobierno de Cantabria anunció a principios del mes de mayo una "dura ofensiva" política, mediática y judicial para conseguir que el Estado saldara cuanto antes lo que el bipartito PRC-PSOE considera "compromisos incumplidos" por valor de 90 millones de euros con la comunidad autónoma, una deuda del Ejecutivo central que pone en riesgo servicios importantes y que hace planear la sombra de los recortes sobre el presupuesto diseñado por socialistas y regionalistas.

A punto de cumplirse un mes de esa reivindicación, que escenificaron el presidente Miguel Ángel Revilla (PRC) y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos (PSOE) en una rueda de prensa conjunta, tras las serias desavenencias desatadas entre ambos socios en el seno del Consejo de Gobierno a costa de los ajustes presupuestarios exigidos por el Ministerio de Hacienda, la respuesta del Estado sigue sin llegar y no parece cercana la solución a este problema de tesorería.

Y es que Revilla reclamó entonces la intervención de la número 2 del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en la esperanza de que Soraya Sáenz de Santamaría fuera receptiva a estas reclamaciones realizadas desde Cantabria. Se pidió su intermediación a través de una carta en la que se exigía una reunión urgente para tratar asuntos como la financiación de las obras del Hospital de Valdecilla, la aplicación de la LOMCE, la Fundación Comillas o la Ley de Dependencia.

Según regionalistas y socialistas, estos incumplimientos del Gobierno central con Cantabria habían provocado un serio agujero en las cuentas de la Administración regional y ponían en riesgo la aplicación de políticas sociales "imprescindibles" en plena crisis económica.

Las cálculos que hicieron en aquellos días los líderes de PRC y PSOE, que rondaban los 90 millones de euros, suponían prácticamente la mitad del déficit público que mantiene Cantabria en la actualidad. Teniendo en cuenta que la deuda supone 184 millones (el 1,47% del Producto Interior Bruto), con los pagos atrasados se hubiera cumplido el objetivo de déficit del 0,7% impuesto por el Estado y no estaría sobre la mesa la obligación de elaborar un Plan de Estabilidad Presupuestaria.

Soraya Sáenz de Santamaría durante su visita a Cantabria junto a Revilla, Sota y De la Sierra. | RAÚL LUCIO

La vicepresidenta durante una visita a Cantabria junto a Revilla, Sota y De la Sierra. | RAÚL LUCIO

Silencio del Estado

"Estamos ante un Gobierno y un presidente que ha amparado la corrupción y decir esto no puede ser objeto de represalias, porque es algo que están demostrando los tribunales", aseguró Revilla durante su intervención ante los medios, en una comparecencia en la que subrayó que su actitud "beligerante" con Rajoy y el PP durante los últimos años podría estar "pasando factura" al Ejecutivo que preside.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones públicas y de la petición formal a través de los cauces oficiales, la respuesta del Estado hacia estas reivindicaciones ha sido nula, ya que el Gobierno de Cantabria ha obtenido el silencio por toda contestación.

El PP está a punto de cerrar en los próximos días sus primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, unas cuentas públicas para 2017 que no recogen partidas vitales para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cantabria y que contarán con el apoyo de PNV y Coalición Canaria, que obtendrán a cambio cuantiosas inversiones en sus respectivos territorios como compensación a su influencia política en Madrid.

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