Podemos reclama la documentación pendiente del caso de Ecomasa

La comisión de investigación del caso Ecomasa, que deberá dilucidar las responsabilidades políticas por la millonaria inversión con dinero público en este fallido proyecto empresarial, arrancará a la vuelta de las vacaciones parlamentarias envuelto en polémica. Dos meses después de dar sus primeros pasos, los diputados siguen esperando la documentación pendiente y no han avanzado prácticamente nada en el estudio de los informes que avalaron esta operación.

Así lo ha denunciado este viernes el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, que ha expresado su descontento ante la “ausencia de documentación” relativa a la comisión de investigación de Ecomasa.

En un comunicado, Blanco ha recordado que esta documentación fue solicitada por su grupo el 14 de julio y la Mesa de la Comisión aprobó el día 15 remitir toda la documentación existente en el Gobierno de Cantabria, sus empresas y distintos entes públicos, relacionada con el proyecto empresarial al que el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego facilitó 18 millones de euros “cuyo paradero se desconoce”, a lo que se suma la “estafa” de 3,2 millones de euros a los trabajadores que provenían de Teka.

A juicio de Blanco “esta demora en el tiempo solo puede deberse a la intencionalidad de que no se investigue en las mejores condiciones”. “Han pasado dos meses de verano en los que podíamos haber trabajado en esta comisión, sabiendo lo que viene ahora: tramitación de la Ley de Presupuestos, comisión de investigación de Valdecilla, más las leyes que el Gobierno quiere tramitar antes de que finalice el año”, ha señalado.

El diputado de la formación morada ha recordado que en noviembre hará un año de la aprobación en el Parlamento de la creación de la comisión de investigación de Ecomas, “por lo que es inadmisible que los temas se vayan durmiendo en el tiempo, es realmente un cachondeo”, ha sentenciado.

Podemos solicitó el Plan de Negocio que se presentó inicialmente al ICAF y toda la documentación inicial que se presentó a este organismo que tuviese relación con Ecomasa; los informes y/o resoluciones del Plan de Negocio inicial y los planes de viabilidad realizados por los técnicos de ICAF y su valoración y todas las actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva del ICAF desde el año 2012 al año 2015.

Además, también pidió todas las auditorías que se realizaron a Ecomasa, bien hechas por Sodercan o por el Gobierno de Cantabria. Por último, también preguntó por los planes de viabilidad que se realizaron a Ecomasa, tanto públicos como privados, y por toda la documentación o información relacionada con la formación de los trabajadores de la empresa quebrada.

También el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria se ha quejado por no recibir la información que solicitó en julio al Gobierno PRC-PSOE para la comisión de investigación de la empresa Ecomasa.

Así lo ha asegurado este viernes el portavoz, Rubén Gómez, en un comunicado en el que recuerda que su partido se dio de plazo el verano para recibir y estudiar esta información pedida por todas las formaciones y así comenzar en este mes de septiembre.

“Se ha perdido parte del mes de julio y todo agosto para analizar el caso y es imposible iniciar la comisión de investigación sin esta documentación que no ha entregado el Gobierno de Cantabria”, remarca el diputado.

El Grupo de Ciudadanos en el Parlamento incide que “no es la primera vez que sucede un hecho así”, es decir, “que no reciben la documentación solicitada para realizar su labor”, ya que esto ha sucedido en otras ocasiones, como con el Plan económico y financiero pedido al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y con los contratos con las líneas aéreas del aeropuerto Severiano Ballesteros.

Responsabilidades políticas

La comisión de investigación parte de una premisa común en la que coinciden todos los grupos políticos: el proyecto empresarial de Ecomasa-Nestor Martin fue un “fracaso absoluto” que causó un grave quebranto a las arcas públicas de Cantabria. Con ese punto de partida, PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos tratarán de establecer a lo largo de los próximos meses las responsabilidades políticas de una apuesta fallida que dilapidó más de 18 millones de euros públicos y otros tres a costa de los trabajadores que llegaban despedidos de Teka.

En cuanto a las expectativas, la opinión de los grupos va desde el escepticismo hasta el temor a que la comisión de investigación se convierta en un arma arrojadiza con tintes políticos. Los precedentes durante la pasada legislatura, con sendos procesos alrededor de Cantur y GFB, indican el alto nivel de crispación que puede llegar a provocar un órgano de este tipo en el seno del Parlamento.

Conclusiones no vinculantes

El Pleno del Parlamento puede acordar la creación de una comisión de investigación a propuesta del Gobierno, de la mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, siempre sobre un asunto de interés público dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Durante su desarrollo, los miembros de la comisión puede solicitar la comparecencia de todos aquellos que consideren que pueden aportar datos o explicaciones para llegar al fondo de la cuestión aunque, a diferencia de lo que ocurre en el terreno judicial, estos pueden negarse a comparecer.

Las conclusiones de este tipo de comisiones deberán plasmarse en un dictamen que será debatido en el Pleno y las conclusiones aprobadas, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, serán publicadas y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que se den traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas, como ocurrió en distintos casos durante la pasada legislatura.