Una baja temeraria pone en riesgo el servicio de ayuda a domicilio y amenaza el empleo de 37 trabajadoras

La adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia en Santander y el área de Torrelavega, la UTE (Unión Temporal de Empresas) SAD Cantabria, ha presentado un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para 37 empleadas, 23 en la capital cántabra y 14 en la zona del Besaya, que representa casi el 23% del total de la plantilla, compuesta por 166 personas.

Así lo ha indicado el coordinador de empresas públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras en Cantabria, Carmelo Renedo, en una rueda de prensa posterior a la reunión en la que la empresa ha presentado estos despidos colectivos a los sindicatos.

El portavoz de CCOO ha atribuido el ERE en dos de las cinco zonas del servicio de ayuda a domicilio vinculado a la dependencia a la adjudicación del servicio por parte del Gobierno, que ha tachado de “baja temeraria”. Ha lamentado en este sentido que en un ámbito como los servicios sociales haya “primado” el tema económico, pues se han quedado con el servicio las empresas que “han ofertado más por debajo”.

También se ha referido a los pliegos del contrato elaborado por el anterior Ejecutivo del PP, y que el actual del PRC-PSOE “no rectificó”, en relación al número de horas del servicio, que se ha “inflado” existiendo en algunos casos un “desfase” de hasta el 40%. Así, en determinados lotes o áreas, y aunque se establecían “aproximadamente” 150.000 horas de servicio, se están facturando unas 90.000.

Todo ello a pesar de que, según Renedo, las empresas que se presentaron al concurso conocían el servicio y el número de horas que se prestaban, es decir, que la adjudicataria “no vino engañada”, sino “a sabiendas de lo que cogía”. “Ha tirado los precios para quedarse con el servicio”, ha apostillado el sindicalista.

Por eso, ha opinado que, al concurrir, han “tirado los precios”, hasta ofrecer la hora del servicio que se presta al usuario -que es donde está el margen de beneficio- hasta más de un euro por debajo que anteriores adjudicatarias.

Así las cosas, tras la presentación de la documentación del ERE, CCOO va a pedir que se retire y que “no se pierda ni un solo puesto de trabajo”. El sindicato aboga por renegociar las condiciones de las trabajadoras, negociación que para Renedo tiene que llevarse a cabo entre “las tres patas implicadas”: empresa, sindicatos y Gobierno, que es el que fija las horas y el servicio.

Al respecto, el portavoz de CCOO ha indicado que la empresa “pasa la pelota” al Gobierno y este se la devuelve a la empresa, de modo que “no están haciendo nada”, quedando en medio las trabajadoras del servicio “con la carta de despido sobre la mesa”.

De entrada, desde este sindicato van a pedir una reunión con la vicepresidenta y consejera de Política Social de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, para que el Gobierno “se implique desde el primer momento”, ya que “no descartan” que se presenten más ERES en otras zonas del servicio de ayuda a domicilio.

Además, y teniendo en cuenta que a día de hoy no es “factible” cambiar los pliegos del contrato, CCOO va a pedir al Ejecutivo que incremente las partidas en el presupuesto de este año o el próximo para la ayuda domiciliaria a personas dependientes.

Servicio deteriorado y trabajo precario

Al margen de los “graves” despidos, Carmelo Renedo se ha referido también a la situación del servicio y las condiciones laborales en que se presta. En su opinión, está “totalmente deteriorado”, y dadas las circunstancias actuales es “imposible” que se preste “adecuadamente”.

Renedo ha detallado al respecto que las trabajadoras tienen que ir de domicilio en domicilio en su vehículo particular, y algunas llevan sin cobrar el kilometraje desde el pasado mes de noviembre, “poniendo dinero de su bolsillo”.

Solo el 10% de la plantilla está a jornada completa -entre ellas las 37 afectadas por los despidos en Santander y la zona de Torrelavega-, mientras que el resto tiene jornada parcial, en algunos casos de “una hora o dos”, ha precisado el sindicalista, que ha asegurado que las que trabajan cuatro horas a veces tienen que pasar hasta “ocho y nueve horas” fuera de su casa. Asimismo, hay hasta dos y tres turnos distintos en este servicio.

Baja temeraria

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT también ha rechazado el ERE de extinción de estas 37 trabajadoras. El sindicato considera “inaceptable” que la concesionaria -que empezó a prestar sus servicios en diciembre del año pasado- despida a 23 personas en Santander y 14 en Torrelavega porque “simplemente no hizo una previsión acorde con la realidad del servicio” y quiere que las empleadas “paguen los platos rotos por ello”.

“Esta empresa fue la que planteó la oferta más barata para realizar el servicio en el concurso de adquisición y en diciembre, cuando empezó a operar, sabía perfectamente cuál era la situación real del mismo y tuvo la opción de retirarse y no lo hizo”, asegura UGT, que considera que “no es tolerable que ahora recurran a despedir a 37 trabajadores porque los números no le cuadran”.

Desde la FSP recuerdan que cuando el servicio de atención domiciliaria lo prestaba la empresa pública Empredinser había 160 trabajadores solo para la zona de Santander y ahora hay la mitad, 85, y “por lo que se ve, para la empresa son demasiados”. Esto, para el sindicato, “reafirma el sinsentido de que esta empresa concursara con el presupuesto más bajo y ahora plantee despidos”.

“Hay que buscar fórmulas alternativas porque los despidos no nos valen”, ha advertido a la empresa UGT, que confía en que a lo largo de la negociación del ERE -cuyas próximas citas serán el 29 y el 30 de marzo- “se empiece a hablar de cosas bien distintas a las propuestas por la empresa porque, de lo contrario, el conflicto laboral está asegurado”.

El Gobierno pide “tranquilidad”

Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria ha pedido “tranquilidad” a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio en Santander y Torrelavega ante el ERE y asegura que “velará” por que la empresa cumpla las condiciones del contrato.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta cántabra y consejera de Política Social ha asegurado que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), dependiente del Ejecutivo, aún “no tiene conocimiento oficial de ningún ERE”.

A pesar de ello, Eva Díaz Tezanos ha asegurado que se está “velando” por que el servicio se preste en las “mejores condiciones y con arreglo al pliego de condiciones” del contrato suscrito con el Gobierno.