La atención a los dependientes enfrenta al Gobierno con los sindicatos
La atención a las personas dependientes ha abierto una brecha en la buena relación existente a lo largo de la legislatura entre el Gobierno de Cantabria y las organizaciones sindicales. A pesar de la recuperación del diálogo social y de la puesta en marcha de distintas mesas de negociación con patronal y sindicatos, las diferencias con respecto al servicio de teleasistencia -privatizado en 2011 por el Partido Popular- ha roto el clima de entendimiento que había predominado en los últimos meses.
La vicepresidenta y responsable de Servicios Sociales, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha salido al paso este martes a las declaraciones respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia de Comisiones Obreras, que había denunciado en la Cadena SER que 3.000 personas dependientes en Cantabria se encuentran en la lista de espera para recibir ayudas a domicilio.
“Una lista colapsada por la maltrecha situación económica que atraviesan las empresas adjudicatarias”, según el sindicato, que ha alertado además de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que presta el servicio en Santander y Torrelavega prescindirá de más de 160 empleados, lo que supone el 20% de la plantilla, debido a que “el Ejecutivo no cumple las horas firmadas en los pliegos del contrato”.
Díaz Tezanos ha considerado que la denuncia de CCOO “no se ajusta a la realidad” y ha tachado de “alarmista” al sindicato, al tiempo que ha subrayado que la calidad del servicio de atención a los dependientes “está absolutamente garantizada”. “Estamos controlando permanentemente el servicio y, además, tenemos en marcha una encuesta de satisfacción tanto a los usuarios como a los familiares sobre cómo se está prestando este servicio. Hasta el momento, no tenemos constancia de ninguna queja”, ha asegurado en rueda de prensa.
La vicepresidenta ha aclarado que este contrato con las empresas de teleasistencia, que ahora amenazan con reducir su plantilla, fue adjudicado por el Gobierno del Partido Popular y tiene similitudes con el acuerdo de colaboración público-privada que se firmó para la finalización de las obras del Hospital de Valdecilla. “Es parte de lo que hemos recibido y rescindirlo conllevaría pagar una indemnización”, ha reconocido la secretaria general de los socialistas cántabros..
“Esto lo licitó el Partido Popular en abril, que hizo todos los trámites en mayo y junio, es decir, con un Gobierno en funciones, y la concesión es del 22 de julio, mientras que la nueva directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales se incorporó a su puesto el 27 de julio. Se adjudicó definitivamente el 9 de noviembre porque hubo también unos recursos por parte de otras empresas y, por lo tanto, a día de hoy lleva dos meses y medio funcionando, realizando el servicio de atención a domicilio”, ha explicado.
Sin embargo, CCOO insiste en que el Ejecutivo optó por premiar a la oferta más económica sin atender a la calidad del servicio, “una medida que afectará de manera importante a la calidad asistencial de este servicio”, según denuncian. En este contexto enmarcan el recorte de trabajadores que plantea una de las concesionarias, un extremo que “desconoce” el bipartito PRC-PSOE.
“A nosotros no nos ha llegado todavía nada de eso [del ERE que afectaría a casi dos centenares de trabajadores]. Lo que estamos haciendo es controlar que el pliego de condiciones se cumpla con un seguimiento y un control diario y permanente. Hasta ahora, de momento, no tenemos ninguna queja”, ha sentenciado la vicepresidenta, que ha cifrado en “20 personas como máximo” las que están en lista de espera para acceder a este servicio.
