Un ático con cine incluido
En arquitectura se considera ático el último piso de un edificio con la fachada retranqueada y con terraza. A primera vista no parece la pieza más adecuada para instalar unas oficinas públicas o privadas. No solo las normas urbanísticas de los Ayuntamientos lo prohíben sino también los Estatutos que rigen el funcionamiento de las comunidades de propietarios.
Como oficina es inutilizable, como vivienda puede ser un privilegio, según su orientación y zona de la ciudad donde se ubique. Como residencia oficial de una personalidad política plantea problemas e inconvenientes al resto de los propietarios que comparten el inmueble. Medidas de seguridad y control que se interfieren en la vida normal del resto de los copropietarios. Si se decide adoptar esta medida, se debe valorar si existen otras alternativas que deben priorizarse. Parece que la Comunidad de Madrid dispone de un abundante parque inmobiliario que puede satisfacer esta iniciativa si se considera imprescindible.
La noticia de la compra de un ático en Chamberí como sede residencial de la presidenta Ayuso, desvelada por El Pais, ha desatado una lógica reacción política. Los hechos, en mi opinión, van mucho más allá de una operación inmobiliaria de un desorbitado importe (6,3 millones de euros) realizada con fondos públicos, por más que se intente disfrazar a través de una Planifica Madrid Proyectos y Obras M.P. SA, una entidad pública bajo la modalidad de sociedad anónima.
Según los datos que figuran en los registros públicos, Planifica Madrid es una herramienta al servicio del desarrollo de la región, en coordinación con las administraciones locales y el Gobierno regional. Algo más y mucho más que una entidad privada. Tiene por objeto la gestión de encargos de obras e infraestructuras de la Administración Local y de otros proyectos que le encomiende la Comunidad de Madrid, así como la gestión de suelo para toda clase de usos: industriales, logísticos, oficinas, comerciales y residenciales.
Necesita por tanto una decisión administrativa de la Comunidad de Madrid para realizar la compra del fastuoso ático, que, por lo publicado, dispone de un recinto parecido a un cine privado, como el que tenía el Dictador en el Palacio del Pardo. Hay costumbres que perviven a pesar del cambio de las circunstancias políticas.
La decisión de adquirir una vivienda para fines institucionales exige una decisión de los órganos de gobierno de la administración pública que lo acuerda. Las diferentes versiones que los ciudadanos hemos recibido sobre el destino del famoso ático revelan, como mínimo, una opacidad y arbitrariedad en la toma de un acuerdo que repercute sobre las finanzas públicas. Primero se “justificó” como un espacio destinado a despacho temporal de la presidenta mientras se hacían reformas en el oficial que tiene en la sede de la Puerta del Sol. No era necesario la existencia de disposiciones urbanísticas municipales para comprobar que una vivienda con cinco habitaciones y otros tantos cuartos de baño además de una amplia terraza y una especie de cine privado no es lo más adecuado para utilizarlo como despacho oficial.
Ante la inverosímil explicación, se cambia el guion y se trata de justificar como la compra de una residencia oficial para la persona que ocupa temporalmente la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tampoco parece muy adecuado el actual diseño, sin una costosa remodelación, unida al astronómico precio (6,3 millones de euros) que se ha pagado a su propietaria. También se ha desechado este destino y se ha decido revenderlo por 6,7 millones como si se tratase de una operación especulativa de inciertos resultados y absolutamente inadecuada y contraria a la legalidad. Sugiero que mientras se consigue un generoso comprador, individual o fondo inmobiliario, se puede dedicar a alquiler turístico o de temporada que generará sustanciosos ingresos atípicos que pueden perpetuarse durante un tiempo indefinido. La programación cinematográfica puede ocasionar fricciones entre los ocupantes.
Díaz Ayuso se ha quejado, según he leído, de la insistencia en preguntarle por el conflictivo ático y no sobre otros asuntos de actualidad. Tiene razón y por eso me atrevo a solicitarle que aclare su espantá ante los graves incendios que asolaron parte de la Comunidad de Madrid. Salió huyendo del puesto de mando, se puso un chaleco con el rotulo de Presidenta y se dedicó a fotografiarse con bomberos, periodistas y afectados. Esta actitud da la medida de su nivel político.
No menos sonrojante es la alternativa de ofrecer el dinero de la venta de un lote de inmuebles como indemnización y ayudas a los damnificados por las pérdidas ocasionadas por el fuego. Espero que disponga de otras partidas presupuestarias, porque me temo que, cuando se materialice la especulación, los espacios quemados estén ya reforestados. Admiradora de la Reina Isabel la Católica, quizá quiera emular la venta de sus joyas para financiar parte del descubrimiento de América.
Las administraciones públicas deben tener previsiones presupuestarias ordinarias o extraordinarias para hacer frente a desastres de esta naturaleza sin esperar a operaciones inmobiliarias especulativas. La venta de patrimonio inmobiliario nos retrotrae a los tiempos del Duque de Lerma, según la copla popular, “el mayor ladrón de España”
Es evidente que se producido un dispendio de caudales públicos que, a falta de justificación, hasta ahora inexistente, encaja perfectamente en alguno de los hechos que el Código Penal considera como malversación. Como era de esperar, los guardianes de la legalidad y moralidad pública (Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos) permanecen pasivos siguiendo los acontecimientos a través de los medios de comunicación. Pensándolo bien, es mejor que no enreden.
Jurídicamente, sus efectos dependen de las informaciones que se faciliten; políticamente, el impacto ya se ha producido. Hay elecciones a la vista y la ciudadanía tiene la última palabra.