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El Banco de España ya está en campaña

Fachada del Banco de España, en una imagen de archivo. EFE/Zipi
27 de octubre de 2021 23:10 h

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Los últimos acontecimientos políticos y económicos están lanzando múltiples señales sobre el fin de la presente legislatura. Por un lado, la ofensiva judicial, con el escándalo del arrebato del escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, pero sobre todo con las dos sentencias del estado de alarma, están generando un clima proclive al descrédito social, muy similar al lawfare  brasileño tan apreciado por las altas esferas económicas y políticas en España. Pero, por otro lado, los grandes poderes económicos, encabezados por la gran patronal, las grandes empresas del IBEX, las cabeceras de los principales medios de comunicación, junto a la pléyade de economistas cortesanos que dominan el tablero de los expertos en las tertulias, se han conjurado para abortar la voluntad popular que otorgó a la coalición gobernante la mayoría parlamentaria para ejercer lícitamente el poder ejecutivo. Estos agentes, siguiendo la doctrina de Vargas Llosa, proclaman a los cuatro vientos que los españoles han votado mal en las dos últimas elecciones y que urge recuperar el gobierno para la clase dominante, al que ahora se unirá Vox para completar el espectro ideológico que permitirá acabar con el consenso progre tan denostado entre las esferas de la gente de bien en España.

Este proceso de minado permanente de la acción de gobierno, alentado también desde las filas militares y de cuerpos de seguridad del estado, como se vio el día de las Fuerzas Armadas tiene, además, otros aliados cuya acción silenciosa se esconde bajo el paraguas de la tecnocracia, pero que entran en campaña tan pronto como se necesitan para descabalgar a los gobiernos de izquierdas. Entre estos cabe destacar al Banco de España, al INE o a los grandes cuerpos de élite funcionarial, como los abogados del estado, judicatura o economistas del estado que participan de forma coordinada, y en la sombra, en esta forma de combate institucional contra los okupas del Palacio de la Moncloa.  

El papel del Banco de España es crucial en esta cruzada ya que disfraza y edulcora este procedimiento al enmendar en su totalidad el programa económico que ganó las elecciones, cuyas principales líneas se publican sistemáticamente en sus hojas parroquiales y que sirven de argumentario político al principal líder de la oposición. De igual forma, el propio Banco de España, utilizando su altavoz y su servicio de estudios, va perfilando el programa electoral del PP, refrendado y jaleado por los principales agentes económicos que buscan mantener y aumentar sus privilegios económicos, su carácter extractivo de las rentas de oligopolio que muchos disfrutan y cuya ineficiencia y falta de equidad el Banco de España silencia de forma cómplice. Este sesgo en la crítica y en el análisis hacia posiciones marcadamente conservadoras y elitistas se puede comprobar analizando y releyendo las comparecencias de los gobernadores del Banco de España ante el Congreso cuando ha gobernado el PP y el PSOE, incluyendo en esta práctica a Fernández Ordoñez, que claramente se equivocó a la hora de elegir el carnet político. El silencio sobre los efectos de la reforma laboral del PP, sobre las privatizaciones de empresas públicas, sobre el impacto de la supuesta liberalización del mercado eléctrico o sobre la crisis financiera de bancos y cajas salpican al banco central y les aleja de las mejores prácticas en materia de rigor en el análisis, independencia y neutralidad política, en comparación con el Banco de Inglaterra, el de Canadá o el de Suecia. 

El punto de partida que ha utilizado el Banco de España para darle la puntilla al gobierno Sánchez surge de la sospechosa revisión del dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2021 que publicó recientemente el INE, pasando del 2,8% al 1,1%, sin que se haya dado todavía una explicación razonable desde aquella institución. Esto ha llevado a cuestionar abiertamente las previsiones del Gobierno y a pontificar que los Presupuestos Generales, en fase de negociación para su aprobación, nacen muertos y por tanto deberían ser devueltos al Gobierno, lo que supondría, como va a ocurrir en Portugal, la pérdida de confianza en la Cámara y por tanto la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Este hecho puntual es la base del análisis y el ancla para apoyar la enmienda a la totalidad de las cuentas nacionales, partiendo de la premisa de la superioridad moral y técnica de la máxima autoridad monetaria en materia de ejercicio de previsión. La realidad es que, salvo algunos profetas, el ejercicio de previsión económica en estos momentos es una tarea más propia de futurólogos que de científicos sociales, dado el grado de incertidumbre, el desconocimiento del impacto real de la pandemia y los efectos que tendrán la llegada masiva de fondos europeos. Por tanto, no parece muy riguroso pontificar sobre las bondades de previsiones sobre crecimiento e inflación, en un contexto en el que los márgenes de error son tan grandes. Adicionalmente, hay que constatar que las grandes instituciones multilaterales, como también los Bancos Centrales, han cometido grandes errores de previsión en el pasado, fuera de una coyuntura pandémica como la actual, lo que refrenda la teoría de muchos heterodoxos que los modelos utilizados para su obtención simplemente no permiten internalizar todas las variables que determinan el crecimiento. 

Alrededor de las discrepancias entre previsiones macroeconómicas del Gobierno y el Banco Central, cuya diferencia cabe perfectamente dentro del margen de error estadístico, se va sustanciando la enmienda a la totalidad del modelo de recuperación económica que pretende el ejecutivo. La alergia del Banco Central al gasto público, a la corrección de la inequidad social, al cierre de la brecha en recaudación fiscal con la media de la UE, a la subida de impuestos a las rentas altas o la implantación del mínimo en el impuesto de sociedades simulan, sospechosamente, las soflamas políticas de Casado, Abascal y Arrimadas en la feria infernal de voceros de todos los miércoles en el Congreso. Pero donde son particularmente beligerantes desde el Banco de España es en lo referente a la tímida reforma en el mercado de vivienda, en la amenaza no creíble de la derogación de la reforma laboral y en la eliminación parcial de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Estas tres facetas van a ser en los próximos días la base del incruento golpe a la voluntad popular, cuyos aliados mediáticos ya han empezado a hurgar volcando todo su poderío en desacreditar a Yolanda Díaz.

En materia laboral, el Banco de España es partidario del desequilibrio permanente en la distribución del poder de negociación entre partes. Incluso, como Casado, Abascal y Arrimadas, pero también Garamendi, algunos de sus recomendaciones irían en la dirección de eliminar las fricciones sindicales, algo que, de facto, la reforma laboral ya ha propiciado al conculcar el derecho a la negociación colectiva al primar el convenio de empresa. Como es sabido empíricamente, dada la estructura empresarial, en millones de micropymes y pymes no hay representación sindical, en muchos casos por coacciones y miedo de los trabajadores, lo que permite a la dirección de la empresa actuar de forma unilateral, pudiendo modificar las condiciones de trabajo de un día para otro, denigrando en muchos casos a colectivos enteros de trabajadores vulnerables, como por ejemplo las denominadas Kellys

En materia salarial, el Banco de España también ha marcado el camino de la crítica de patronal y formaciones de derecha y extrema derecha. La oposición furibunda e irracional a subir 15 euros el salario mínimo, suavizada tras conocer el dictamen del Nobel de Economía, ha encontrado eco en la CEOE, que se había situado demasiado a la izquierda tras pactar varios acuerdos con sindicatos y Gobierno, frente al criterio de la autoridad monetaria, y por supuesto sufriendo el escarnio matutino en la radio de los obispos, al igual que la ira del inquilino de Génova 13. La devaluación salarial sigue siendo el principal instrumento de poder de negociación de la empresa en España para mantener a los trabajadores alejados de las veleidades sindicales y para favorecer la acumulación de capital que luego se eximirá de contribución fiscal. 

En este esquema de distorsión e inequidad en la distribución de la renta es donde el Banco de España se siente cómodo e ideológicamente cercano. Por ello, mantiene las teorías superadas de que el problema de la vivienda en España es la oferta y no la proporción de renta que se destina a la compra o al alquiler, mantiene que la liberalización del suelo es la solución para solventar el problema del acceso a la vivienda, incluso a corto plazo, y por tanto, también dicta el criterio de operadores de mercado, portales inmobiliarios y medios especializados a la hora de criminalizar a quienes tienen otro modelo más parecido al centroeuropeo. 

En lo que el Banco de España sí está de acuerdo, al menos algunos inspectores, es en evitar, presuntamente, al fisco cobrando servicios de preparación a las oposiciones de dicha entidad. Según ha publicado este diario, algunos estudiantes han estado pagando hasta 10.000 euros sin obtener ninguna factura, lo que no es precisamente muy edificante. 

En resumen, la batalla por el relato sobre las posibles pérdidas de privilegios de algunos actores económicos ha comenzado liderada por la autoridad monetaria que ha puesto a trabajar toda su influencia económica y política para desacreditar y provocar la caída del gobierno legítimo que rige los destinos del país. Su argumentario ya es conocido y formará parte del programa de gobierno que nos regirá en breve. Entonces, como ya ocurrió con Rajoy y Aznar, la política económica será la correcta porque gobernarán los suyos. La CEOE ya no se tendrá que sentar a negociar subidas de salarios, sino reducción de costes de despido, más precariedad y temporalidad y progresiva eliminación de la negociación colectiva. Algo que Casado ya ha anunciado de forma pomposa recientemente. Y por supuesto, no será necesario que se asalten las sedes de los sindicatos como en Italia. Todo se hará sobre la base del análisis empírico muy solvente que cumplirán, además, los deseos de Bruselas.

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