La Constitución madura: entre el no quiero y el no puedo

Un nuevo aniversario de madurez de nuestra Constitución en el contexto de una pandemia de grandes dimensiones y sin otro precedente similar que la gripe española de 1918. Entonces también se reclamaba la reforma de la Constitución de 1876 impulsada por Sagasta y se vivía un periodo de crisis social e inestabilidad política.

Una celebración más austera y discreta que otras pero también triste, ante el saldo trágico de la segunda ola de la pandemia, aunque también con la esperanza puesta en la vacuna para el año 2021. Una celebración, por tanto, menos ambiciosa que las anteriores, apremiados todos por las urgencias institucionales, políticas y presupuestarias y ante la paradoja de la necesidad de cambios y la dificultad cada vez mayor para la reforma constitucional.

Porque la ya larga y dura pandemia está creando un clima social de miedo, de desconfianza y de incertidumbre, a pesar de las medidas del Gobierno y de la UE en favor de una salida social a la crisis, y tampoco parece despejarse la disyuntiva entre el instinto egoísta del sálvese quien pueda y la urgencia racional de la solidaridad.

En un ambiente que, además, es de polarización y de crispación políticas, lleno de ruido, descalificaciones y exclusiones, sin espacio para el reconocimiento, el diálogo y el consenso, tan necesarios tanto en la gestión de la crisis sanitaria como para para la reconstrucción, y requisitos indispensables para las necesarias reformas constitucionales. Ya que para mantener el consenso constitucional, que es el sustrato de nuestra convivencia, es necesario ir adaptando la letra constitucional al cambio social. La petrificación constitucional es ajena al espíritu de toda carta magna. El consenso constitucional sólo logra ser permanente si se fertiliza mediante el cambio adaptativo a una realidad cívica en constante evolución

Lamentablemente en nuestro país continúa la estrategia de las derechas de ruptura del acuerdo básico constitucional que cristaliza en la deslegitimación total del Gobierno en busca de la desestabilización política, frente a la izquierda y sus apoyos parlamentarios. De ella forma parte la división política, la descoordinación y la incertidumbre frente a la pandemia. La izquierda, despliega también una práctica política polarizada que dificulta la reforma.

Sin embargo, al contrario que en la crisis financiera de 2008, en la mayoría de los países y en el seno de los organismos internacionales se ha abierto la posibilidad de la ruptura con las políticas neoliberales de recortes y austeridad, que de consolidarse supondría la apertura de una nueva etapa en España y en la UE basada en el impulso presupuestario, de créditos y subvenciones para la inversión pública y la cohesión social.

Con ello, estamos ante una oportunidad inédita de revitalizar los contenidos sociales de la Constitución, que han venido estando relegados desde la relectura constitucional de hecho de la globalización neoliberal, en particular a partir de la última década del siglo XX, y también del parlamentarismo, la división de poderes y las libertades ante el punto de inflexión que se está produciendo en la involución populista y autoritaria de la última década, a raíz de la crisis financiera y sus consecuencias para la credibilidad de la democracia.

Lejos de sacar las conclusiones oportunas en la defensa y el desarrollo de nuestra Constitución y el parlamentarismo nos obcecamos en la patrimonialización de la retórica constitucionalista de unos, su exégesis sacramental o su conversión en programa de partido de otros, cuando no en su desahucio en favor del espejismo de un futuro proceso constituyente. Entre la constitución unitaria y la federal, la constitución social o la constitución penal pero siempre desgajadas de la única condición de posibilidad de toda constitución: la democracia representativa.

La patrimonialización

En este aniversario, los sectores de la extrema derecha han desencadenado un rosario de cartas, a modo de pronunciamientos de militares jubilados franquistas dirigidas al rey, que no por casualidad aparecen precisamente en estos días, del aniversario de la Constitución y las fiestas militares y después del fiasco de la moción de censura presentada por Vox, que lejos de debilitar al gobierno, por el contrario ha fortalecido la cohesión polarizada de su mayoría de investidura y aunque no ha logrado el objetivo de la extrema derecha de lograr la hegemonía con la estrategia de deslegitimación, sino que ha dividido a la derecha, muestra que el pensamiento no democrático de la derecha empieza a colonizar y dominar el pensamiento de la base social de la derecha democrática y por tanto la práctica política de los conservadores españoles.

Una Constitución patrimonializada por las derechas para situar fuera a todos los que no piensan como ellos. Asistimos a la exégesis hipócrita de la Constitución para no cumplirla o a su interpretación parcial como programa partidista, para al tiempo paralizar su aplicación en las instituciones como el CGPJ o el TC, deslegitimar al gobierno y con ello hacer catastrofismo sobre la situación del país. En definitiva para vetar cualquier reforma con el pretexto de su defensa.

Sin embargo, la derecha reclama como patrimonio una Constitución que no votó y que reinterpreta al modo de las constituciones del antiguo régimen de las monarquías absolutas, en cuya cúspide se encuentra el rey y la justicia real, con una legitimidad de origen superior a la de las instituciones representativas y en particular del pluralismo parlamentario.

A todo ello se suma una crisis institucional que se degrada cada información sobre la figura del anterior jefe del Estado. Los casos de fraude fiscal y supuesto blanqueo de capitales del rey emérito han afectado a la credibilidad de la forma de Estado de la monarquía parlamentaria, pero por extensión al conjunto del sistema político y al significado de la Transición. La jefatura del Estado actual está emplazada a adoptar medidas urgentes de transparencia y regeneración.

La polarización

Sin embargo, en este aniversario, con menos autoridad por parte de los distintos actores de la izquierda. En particular a partir de la descalificación de la transición y su renuncia al patrimonio de generosidad de la resistencia antifranquista por parte de Unidas Podemos y por la ambigüedad calculada de un PSOE instalado en la lógica polarizada. De nuevo, por parte de la izquierda populista se vuelve al problema de la Transición como viejo régimen tan sólo con fines polarizadores. Dicha descalificación de la transición es la descalificación del espíritu constitucional. Se pretende consolidar una lógica de confrontación y pensamiento bélico por medios políticos. Se sitúa al conflicto por encima del pacto y no como estadio previo que necesariamente desemboca en el mismo. El pacto es motejado de acto impuro y siempre sospechoso. No hay adversario, hay enemigo al que vencer.

Por otro lado, por la ensoñación izquierdista del proceso constituyente sin el sustrato constitucional previo, que es el acuerdo como fundamento y en la búsqueda de un quimérico modelo confederal. Los modelos confederales limitan la solidaridad económica, no garantizan libertades protegen riqueza. Las izquierdas, por tanto, unos sin capacidad para exigir su cumplimiento y otros de liderar su reforma.

Esto destruye el modelo de convivencia de que nos habíamos dotado y supone un cambio a un paradigma que extrema derecha y extrema izquierda defendían antes de la consolidación democrática. Un paradigma que fue minoritario en los setenta y ahora domina el día a día de nuestra democracia.

La consolidación del gobierno es un hecho con la aprobación de los presupuestos después de un periodo de inestabilidad. También con el desbloqueo del veto de Hungría y Polonia a la puesta de marcha del presupuesto y del fondo europeo de reconstrucción y resiliencia. Asimismo como reflejo de la inercia positiva de la que aún goza la “vieja” política constitucional, se ha aprobado el informe sobre el futuro de las pensiones del pacto de Toledo y también, ha entrado en su tramo final la ley de muerte digna.

La pandemia

La pandemia ha puesto también en evidencia las fortalezas al tiempo que también las debilidades de nuestro sistema social y político e institucional ante la situación de estrés extremo provocada por la crisis.

Hemos constatado la fortaleza de la respuesta de la sanidad pública y sus profesionales, pero también la debilidad de los recortes y privatizaciones, así como de la prevención, la salud pública y los cuidados sociosanitario. También la fortaleza de los trabajos y de los trabajadores esenciales, así como la debilidad que supone la desigualdad social y la precariedad laboral. Por tanto, la necesidad de un nuevo contrato social y de la reforma laboral.

Comprobamos con alarma la fragilidad de las cadenas de distribución de material sanitario y el colapso inicial de mascarillas, EPIs, test y respiradores. También la debilidad de nuestro modelo productivo, centrado en el turismo, la hostelería y el consumo. En definitiva la carencia de política industrial y de apoyo a la investigación científica.

Hemos constatado también las fortalezas y debilidades del modelo de Estado con las posibilidades de la cogobernanza frente a los riesgos de la centralización, la descoordinación y la oposición entre administraciones.

Pero ante todo han funcionado las previsiones constitucionales de los Estados de alarma y con ello se ha esfumado la lectura interesada de los agoreros del negacionismo. También, a pesar de la carencia de recursos y experiencia ha funcionado la legislación de salud pública. Queda pendiente su desarrollo reglamentario, bloqueado desde hace una década.

Asistimos, por último, a la revitalización del proyecto europeo frente a la pandemia aunque veremos si ha obedecido sólo al instinto de supervivencia u obedece a la recuperación del de proyecto europeo. Se ha demostrado las grandes posibilidades del marco de la Unión Europea tanto en la recuperación económica como frente al reto sanitario y político, pero también la fragilidad de la salud pública representada por un ECDC en miniatura, así como de la escasa coordinación entre sistemas de salud y la debilidad de la industria sanitaria más estratégica.

En definitiva, los principios de la Constitución siguen estando vigentes pero conceptualmente atacados, sus contenidos son avanzados incluso para el siglo XXI y sin embargo son significativas las carencias en su aplicación y desarrollo, cosa que ha generado el crecimiento del pensamiento populista y esta sí que es responsabilidad de quienes gestionaron la democracia durante estas décadas y hoy claman contra las manifestaciones del tiempo populista.

Dicha reforma constitucional podría incorporar los nuevos derechos derivados del feminismo, la lucha contra el cambio climático y los retos de la digitalización, como la igualdad de género, el derecho al medio ambiente y el derecho a los datos personales la intimidad.

Una Constitución para reivindicar, tanto como cumplir, desarrollar y en su caso reforzar en todo lo que tiene que ver con las libertades y sobre todo en la elevación de los derechos sociales a derechos fundamentales.

Una Constitución democrática que está siendo degradada y acosada por el revisionismo de la extrema derecha que la reinterpreta como Constitución autoritaria y pena y debilitada también en general como consecuencia el pensamiento populista, tanto del independentismo como del infantilismo izquierdista.

El espíritu constitucional

La letra y valores constitucionales necesitan del espíritu constitucional para poder desplegarse en la práctica diaria. Lejos de ser un concepto místico es una cultura política, una manera de pensar la democracia, sus usos y formas, su naturaleza, sus fines y sus posibilidades. Tiene mucho de acumulado histórico que hoy desde la derecha y la izquierda polarizada se rechaza motejándolo de pensamiento débil o ineficaz como otras veces ha sucedido a lo largo de la historia.

Las constituciones sólo pueden generar democracias representativas. Esta es la gran cuestión de nuestro tiempo. Antes de cualquier reforma constitucional hemos de decidir, en primer lugar, cuál es el modelo de convivencia que queremos construir, la nuestra es también una crisis ante-constitucional, afecta a nuestros valores, a los paradigmas de pensamiento y de práctica política, como eso está sin resolver la constitución es hoy un arma arrojadiza.

Las constituciones mueren o por no aplicarse en su totalidad, sobre todo en lo referente a protección de la libertad social efectiva de las personas o por desaparición de sus pre-condiciones de posibilidad: la desaparición de una cultura cívica democrática. En España hemos asistido a las dos momentos.

La generación de la nueva política, se ha beneficiado de todas las condiciones vitales y materiales que una muy imperfecta democracia constitucional puede ofrecer. La sociedad les otorgó la posibilidad de mejorarla y sí ha vuelto a haber un momento realmente constituyente en este país ha sido el colapso del bipartidismo. Un momento constituyente que pudo ser aprovechado para dar un salto cualitativo en el desarrollo del marco constitucional iniciado en el 78 que sin embargo hasta ahora se ha desaprovechado.

Las primaveras árabes, aplastadas brutalmente, no entenderían nada de un cambio político en el que desde la seguridad legal, social, existencial que confiere la democracia constitucional se opte por la retropía de un modo de convivir basado en el conflicto permanente y por tanto en la debilidad de la Ley y de su encarnación que son las instituciones. 

Por eso, se necesita una izquierda democrática que dote de fuerza impulsora a nuestra democracia.