¿Hay más discriminación hacia el pueblo gitano o somos más conscientes de ella?

La Comisión Europea publicó en diciembre de 2023 un nuevo Eurobarómetro especial sobre la Discriminación. Se trata de una amplia encuesta a casi 26.400 personas de los 27 Estados de la UE (en España la muestra fue de 1.004 personas) que se refiere a la mayoría de los colectivos o personas que suelen ser objeto de discriminación: por origen étnico y color de piel, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad, religión o creencia, y por ser una persona gitana. El anterior Eurobarómetro sobre Discriminación se realizó en 2019, lo que permite medir la evolución. 

Sorprendentemente los resultados de esta encuesta, basada en la percepción de la discriminación, han tenido poco eco en los medios de comunicación. 

Una de las conclusiones principales es que el antigitanismo se considera la discriminación más extendida de entre todos los grupos analizados (65% de media en la UE, y un 70% en España). Este dato supone un aumento de dicha percepción respecto al anterior Eurobarómetro de 2019 (61% de media en la UE, y 65% en España). Tras el antigitanismo, le siguen el color de la piel (61%), el origen étnico (60%), la identidad de género (57%) y la orientación sexual (54%). 

Este aumento de la percepción de la discriminación hacia los gitanos y las gitanas tiene una doble lectura: por un lado, supondría que hay un mayor reconocimiento o conciencia social de la discriminación; por otro lado, implicaría que la discriminación está más presente en nuestras sociedades. 

Quiero pensar que los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, desde los poderes públicos y entidades del Tercer Sector, están dando sus frutos. El trabajo de capacitación de las potenciales víctimas de discriminación para reconocer y denunciar incidentes discriminatorios, los servicios de acompañamiento a víctimas en los casos de discriminación, las fiscalías y las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas en delitos de odio y discriminación, las campañas de sensibilización al conjunto de la sociedad, o especialmente, contar con un marco legal de protección a partir de la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, son todas ellas medidas en la buena dirección. 

Sin embargo, como mujer gitana, cuando miro a mi alrededor, a mi entorno más próximo, apenas percibo cambios. Seguimos siendo un pueblo desconocido. Los prejuicios, la imagen social negativa, el rechazo y la discriminación siguen siendo para muchos gitanos y gitanas el día a día. Y, en gran medida, muchos todavía no son conscientes de sus derechos y de lo que supone la discriminación y el antigitanismo en términos de vulneración de sus derechos. Por otra parte, el patrón de quién discrimina no ha variado mucho. El cómo, cuándo y dónde siguen siendo parecidos: al intentar alquilar una vivienda, acceder a un empleo, entrar en una piscina, en una discoteca o en un supermercado, o cuando tu hijo o hija van a un colegio donde casi todos sus compañeros también son gitanos; si acaso se han abierto nuevos espacios para ejercer el discurso de odio, como las redes sociales, donde casi impunemente se lanzan mensajes antigitanos que tanto daño hacen. Eso me lleva a pensar que hay una profunda brecha entre el marco legal y político contra la discriminación hacia el pueblo gitano y su impacto real en la vida de las víctimas. 

De hecho, según el Eurobarómetro, el 37% de españoles cree que los esfuerzos de nuestro país para luchar contra la discriminación son eficaces (la media de la UE es del  31%). Este dato en España mejora respecto a 2019 (30%). Y, sin embargo, cuando se pregunta por los esfuerzos por integrar a la población gitana, sólo un 26% de españoles (24% de europeos) cree que están siendo eficaces. Es decir, la percepción mayoritaria de la sociedad es que no sólo cree que hay más discriminación hacia el pueblo gitano, sino que los esfuerzos para combatirla y generar inclusión son insuficientes. 

Celebramos este 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial, y hay que reivindicar seguir luchando contra todo tipo de discriminación desde los poderes públicos, en particular, reforzando el marco de protección a las víctimas; y eso pasa necesariamente por contar con una Autoridad Independiente que permita la aplicación efectiva de la Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, cumpliendo con las directrices marcadas por la ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia) en su último informe de recomendaciones al Estado español. Sin esa figura de la Autoridad Independiente, la ley quedará en papel mojado y no servirá para proteger a las víctimas. Por otro lado, hay avances esperanzadores en la concienciación de la sociedad y de las propias víctimas respecto a la discriminación. Pero son avances insuficientes. Tenemos que ser capaces de mostrar el impacto de la discriminación en la vida de las personas, no sólo por la vulneración del derecho a la igualdad, sino porque atenta contra la dignidad de cada persona. También y, sobre todo, de los gitanos y las gitanas.