Impuesto de Sociedades: el 15%, ¿pero de qué?

EFE/Boris Roessler/Archivo

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Los papeles de Pandora vuelven a golpearnos con una realidad obscena, mostrando el uso y abuso de los paraísos fiscales por parte de los más ricos y poderosos, individuos y sus sociedades empresariales. Pone en evidencia una poderosa industria que rompe las reglas del juego justo, que amenaza con desestabilizar los fundamentos democráticos y por cuyos resquicios se siguen perdiendo ingentes recursos, vitales para cualquier país. Y por estos agujeros negros es también por donde se pierden los hospitales, la educación, la lucha contra el cambio climático o la financiación del conjunto de las políticas públicas que sostienen una sociedad de bienestar. 

Es en este contexto en el que la actual coalición de gobierno anda en frenéticas reuniones para cerrar un acuerdo con una propuesta común de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Probablemente, no haya momento de mayor relevancia política que la discusión sobre los Presupuestos: cuánto y cómo se va a gastar sus recursos Estado y cómo va a conseguir recaudar impuestos. Pero cuando los recursos que se pierden son de tal magnitud, es un punto de partida trucado. El uso de los paraísos fiscales condiciona la capacidad del Estado y limita su alcance. Por eso la discusión en torno a los PGE no puede desligarse de medidas de lucha contra la evasión fiscal y no puede desligarse de las reformas que con urgencia deben incorporarse. 

Y en gran medida, para cerrar la ineficiencia recaudatoria del Impuesto de Sociedades y cerrar los agujeros de la elusión fiscal, cobra especial relevancia la discusión sobre un mínimo del 15% en la tributación empresarial. Y como se ha venido viendo en las últimas semanas, este ha sido uno de los temas que más incomodidades ha levantado en el seno de la coalición. 

Pero, ¿cuál es el problema? ¿por qué genera esta propuesta tanto recelo? Como suele suceder en política, tan importante es saber de qué se habla, como conocer lo que se queda fuera de la discusión. Y en este caso, el elefante en la habitación, tanto en las discusiones globales como en las discusiones de estos presupuestos, es acabar de explicar sobre qué se aplica ese 15%. Un 15% de nada seguirá siendo nada. Por lo tanto, lo primero es evitar que la base sobre la que se calcule el impuesto sea tan estrecha que casi no reporte nada. En consecuencia, resulta necesario analizar y revisar todas esas deducciones y exenciones que reducen la factura fiscal, especialmente para las grandes empresas. En 2018, tan sólo en créditos fiscales, las empresas españolas disponían de hasta 66.142 millones de euros para reducirse su factura fiscal, más de dos veces y media el importe que recaudó el Impuesto de Sociedades ese año. 

Además de la revisión en profundidad del diseño del impuesto, lo que permitiría conseguir una mayor equidad horizontal entre empresas, el otro elemento fundamental para acabar de conocer sobre qué aplicamos este tipo es el referido a la ingeniería financiera y fiscal de las grandes empresas. Los papeles de Pandora del pasado domingo nos hablaban de sociedades interpuestas por reconocidos políticos, artistas y personas del mundo del deporte para dejar de pagar impuestos. En el caso de las grandes empresas nos topamos con un sistema similar cuyo objetivo es el mismo: reducir su factura fiscal trasladando de manera artificial sus beneficios hacia paraísos fiscales. Así, los últimos datos disponibles, referidos a 2017 muestran como el beneficio antes de impuestos por trabajador de las filiales españolas en las Islas Caimán es de más de 120 millones de dólares. En México, con una población que multiplica por casi 2.000 veces la de las Islas Caimán, no llega a los 43.000 dólares. 

Son muchas las voces que se escudan en la fragilidad de la recuperación económica para no avanzar hacia una mayor presión fiscal sobre las empresas. Pero de lo que en el fondo estamos hablando es de hacer que las empresas paguen lo que les toca, ayudando a construir un sistema fiscal más justo y progresivo. Una vez más conviene recordar que sin beneficios, las empresas no tienen que pagar impuestos. 

Aplicando un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades se pondría freno a dos de los principales problemas de los que adolece el sistema tributario español. Por un lado, se lograría recuperar progresividad en el diseño tributario y que la mayor parte del sostenimiento del esfuerzo no recaiga de forma desproporcionada sobre el conjunto de las familias y las personas trabajadoras. En 2020, el 88% del total recaudado por la Agencia Tributaria seguía recayendo sobre las familias (trabajo y consumo esencialmente) frente a un 8% generado a través del impuesto de sociedades. Por el otro, se pondría coto a la capacidad que tiene la gran empresa para aminorar su factura fiscal con deducciones y exenciones a las que no accede la pequeña y mediana empresa. Los datos de 2018 reflejan como las 216 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros en España tienen un tipo efectivo del 5,47%. A pesar de suponer el 42% del beneficio empresarial, su aportación  apenas alcanza el 24% de la recaudación total por el impuesto de sociedades. Además, esta propuesta se ajusta como un guante al acuerdo impulsado por el G20 y la OCDE, que previsiblemente se sellará a finales de este mes, y por el que más de 100 países de todo el mundo se comprometen a establecer un tipo mínimo global para este impuesto que ahora mismo se sitúa en ese mismo 15%. 

Nunca ha tenido más sentido dar un paso adelante y defender medidas que supondrán pasos vitales en la lucha contra los paraísos fiscales y contra la desigualdad. 

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Publicado el
6 de octubre de 2021 - 22:07 h

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