Ingreso Mínimo Vital. Otro paso de gigante más

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmaba en los micrófonos de RNE que el Ingreso Mínimo Vital irá en el último Consejo de Ministros de mayo para su aprobación como Real Decreto-ley, reconociéndose así desde su aprobación un nuevo derecho. Se trata de un avance muy importante en la lucha contra la pobreza. El nuevo Ingreso Mínimo Vital definirá unas características de hogar vulnerable, verificadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que permitirán acceder a una renta mensual mientras dure esa situación de pobreza severa.

La pobreza sigue siendo problema estructural en nuestro país. Así, una década después de la Gran Recesión seguimos con una de las tasas de pobreza más altas de la UE. La recuperación no llegó a todos. Los niveles de pobreza material severa son aún hoy superiores a los de 2008, con una especial incidencia en algunos grupos de población: uno de cada quince menores, una de cada ocho personas en hogares monoparentales (siendo una mujer la cabeza de familia en el 83% de estos casos), o uno de cada siete extranjeros extracomunitarios. Son personas excluidas del mercado laboral, sin acceso a rentas y, en el caso de los menores en esos hogares vulnerables, herederos al nacer de esa desigualdad de oportunidades.

La creación de un Ingreso Mínimo Vital era pues una necesidad social, y por ello formaba parte, tanto del programa electoral del PSOE como en el pacto de gobierno progresista. Un plan ya previsto, pero se anticipa su aprobación ante el impacto social derivado de la COVID-19.

Según estimaciones del Ministerio, el Ingreso Mínimo Vital alcanzará a un millón de hogares con un coste estimado de 3.000-3.500 millones de euros. Pero sin haberse aprobado todavía ya es objeto de duras críticas desde la derecha. La “paguita”, como les gusta llamar a la creación de un nuevo derecho de ciudadanía. Un gasto al parecer insostenible, pero que apenas representa un 0,6% de los ingresos públicos de 2019. Más barata debió parecerles quizá la reforma fiscal regresiva del PP que, entre 2015 a 2018 supuso una pérdida de ingresos públicos de 10.000 millones de euros según la Agencia Tributaria.

También se dice que esa “paguita” desincentiva el empleo, por más en las Comunidades Autónomas con garantías de rentas, Euskadi y Navarra, son justo las que menos tasa de paro registran, según datos de la última EPA. Lo que pasa, nos dicen, es que desincentivará la búsqueda de empleo, pero los estudios sobre la renta mínima vasca, como los de la Fundación Iseak, desmienten tal hecho.

La eficacia de este nuevo derecho depende de su diseño. Es por ello por lo que, aunque se haya adelantado su implementación, ha habido que dedicarle tiempo para precisarlo. No caben improvisaciones. Con todo, tan ambicioso proyecto se presentará en un tiempo récord.

Daremos pues otro paso de gigante. Las y los socialistas hemos estado siempre presentes en los grandes avances sociales que plasmaron en derechos las demandas sociales, levantando junto al esfuerzo y la unión del conjunto de la sociedad los pilares del Estado de bienestar. Fue el caso de la educación pública en 1985, que ha permitido que España tenga hoy una de las tasas de escolarización en educación superior más altas de los países desarrollados; el Sistema Nacional de Salud, en 1986, por el que disfrutemos ahora de una de las esperanzas de vida más altas del mundo; el sistema público de pensiones, y en especial las pensiones no contributivas de jubilación, en 1990, que alcanzan a más de 450 mil personas; la atención a la dependencia, en 2006, como nuevo derecho ya con más de 1,1 millones de personas beneficiarias. Y ahora sumamos el Ingreso Mínimo Vital, que permitirá a acceso a una renta mínima a quienes menos tienen. Esto en un momento donde, como respuesta de país ante la COVID-19, más de una cuarta parte de la población activa en España (el 26,7%) percibe algún tipo de prestación social. Una respuesta sin precedentes para no dejar a nadie atrás.