No se puede afrontar una pandemia sin agua, luz o gas

Ha sucedido. Mientras se debate sobre la conveniencia de una moratoria a los cortes de suministros,  hemos conocido un caso de corte de gas en Leganés (Comunidad de Madrid). Se trata de un hombre que vive solo con su padre. Sobreviven con los 430 euros de pensión del padre y están acogidos al bono social. Han acumulado deuda con Naturgy y finalmente les han cortado el suministro de gas. La comercializadora dice que no pueden volver a darle suministro hasta que no pague la deuda. Una deuda que por supuesto no pueden asumir. 

No es un caso aislado. Este es solo uno de muchos casos que podrían salir a la luz en las próximas semanas. La punta del iceberg de una acumulación de cientos de miles de avisos de corte que están en la cuerda floja. Familias que se plantean minimizar la compra de alimentos para pagar sus facturas y no quedarse sin luz este invierno. Hogares que dejan de encender la calefacción por miedo a no poder pagarla. Personas que temen no poder disponer de agua en tiempos donde la higiene es crucial. 

El 1 de octubre finalizó la moratoria de cortes que el gobierno había establecido como una de las medidas del llamado “escudo social” frente a la pandemia. Con ello, coincidiendo con la llegada del frío del primer invierno de pandemia, nos encontramos a familias vulnerables ante la amenaza inmediata de interrupción de sus suministros básicos: agua, luz y gas por el hecho de tener impagos. Y es que están venciendo ya los plazos, una vez enviados los avisos legalmente establecidos, para proceder al corte. Algunas empresas han hecho mucha presión para que se reinicien los cortes. Muchas de ellas empresas privadas que tienen el incomprensible privilegio de gestionar servicios esenciales para la vida de todas las personas, no lo olvidemos.

La situación económica, lejos de mejorar, sigue empeorando, afectando en mayor proporción a los que ya eran vulnerables económicamente y a otros muchos que, por la inestabilidad y precariedad laboral, se encontraban en riesgo de serlo (según el INE, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, por indicador AROPE, del año 2019, se sitúa en el 25,3% de la población).

En la actualidad, solo están exentas de corte aquellas familias que, siendo beneficiarios del bono social, además cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Por muy positiva que fuera la inclusión de los menores de 16 años y de las personas con discapacidad en esta protección, la protección se limita a personas que cumplen unos baremos de renta muy restrictivos y sólo se las protege del corte si hay previo pago de la administración. A ambos supuestos protegen sólo ante los cortes de luz. Otras fuentes energéticas como el suministro de gas no quedarían protegidas del corte. Y lo que es más grave, tampoco lo estaría el agua, lo que atenta contra el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, reconocido por las Naciones Unidas desde 2010.

Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado que el resto de consumidores para hacer frente a las facturas impagadas: un periodo de cuatro meses desde la primera notificación de impago (frente al plazo general de dos meses) lo que no es más que un aplazamiento escaso si no se consigue mejorar la situación de vulnerabilidad en ese periodo de tiempo. Con todo, en la situación actual, se terminaran produciendo cortes de agua, luz y gas, sólo que los de luz quizás tardaran algo más en salir a la luz.

Según el último boletín de indicadores eléctricos publicado por la CNMC, el órgano de supervisión del sistema, el pasado mes de abril había 1.271.352 beneficiarios acogidos al bono social. Pero ¿y el resto de los casos? ¿Y el resto de suministros? Las actuales medidas de protección incluidas en el bono social eléctrico son insuficientes, porque dejan a la ciudadanía más precarizada fuera y porque no incluyen otros suministros básicos, como son el agua y el gas. 

Las promesas por parte de las compañías energéticas de no realizar cortes de suministro por impago a las familias vulnerables no son garantía suficiente, y por eso son necesarias las legislaciones garantistas, los acuerdos vinculantes. Es responsabilidad de nuestros gobernantes velar por garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y en mayor grado de las personas más vulnerables en cualquier aspecto. Es por ello que pedimos regular legislativamente la implementación del principio de precaución, mecanismo recogido actualmente en la ley catalana 24/2015, que modifica el procedimiento para la interrupción de los suministros básicos ante un impago, obligando a la compañía suministradora a comunicar a los Servicios Sociales para comprobar la situación del hogar afectado. En caso de que exista una situación de vulnerabilidad, comprobable a partir de unos baremos de renta concretos, la compañía no podrá proceder al corte de dicho suministro y este se deberá garantizar. 

Entendemos que este procedimiento es completamente asumible y su no aplicación sería difícil de entender para una sociedad sensible y solidaria. El sentido común nos dice que nadie puede vivir sin agua y energía. La realidad, en cambio, es que esto va puede ocurrir si no se ponen medidas de forma inmediata. Entendemos que poner en marcha dicho principio de precaución requiere de un proceso, unos plazos y de sistemas informatizados de comunicación entre las administraciones públicas implicadas y las compañías suministradoras. Mientras estos mecanismos y medidas se construyen y toman forma, exigimos la aprobación de un periodo de carencia, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de sus suministros de agua, luz y gas por motivo de impago. En medio de una pandemia mundial, que ha tenido un fuerte impacto en las familias en situación de vulnerabilidad y durante la cual se han destruido 965.000 empleos, es inaceptable que se pueda cortar el suministro a una sola familia vulnerable por no poder hacer frente a sus facturas.