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El proyecto de ley de Turquía para frenar el coronavirus en las prisiones victimiza a los presos políticos

Un soldado vigila la cárcel de Silviri, Turquía.

Ali Yildiz

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A medida que la pandemia de la Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 continúa extendiéndose, los Gobiernos de todo el mundo se ven obligados a tomar medidas sin precedentes que equivalen a la declaración del estado de emergencia en un intento desesperado por frenar el contagio.

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El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, claramente preocupado por el bienestar de las personas detenidas, instó el 20 de marzo de 2020 a los Estados partes a considerar medidas alternativas al encarcelamiento, como la conmutación de penas, la liberación anticipada y la libertad condicional. El Comité subrayó que ese enfoque es imperativo en situaciones de hacinamiento.

El 25 de marzo, la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamamiento similar y destacó: "Ahora más que nunca, los Gobiernos deben liberar a todas las personas detenidas sin suficiente base legal, incluidos los presos políticos y otras personas detenidas simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes".

La respuesta inmediata de Turquía tras el anuncio de su primer caso el 11 de marzo fue el cierre de escuelas, cafés, restaurantes e incluso algunos juzgados. Como resultado de las protestas de las familias y del público en general, el Gobierno turco incluyó rápidamente en su agenda un proyecto de ley para flexibilizar penas.

El hacinamiento en las cárceles turcas no es un problema nuevo. Desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, el hacinamiento ha empeorado peligrosamente. En 2005, el número de personas recluidas en prisiones era de 173.000, que aumentó a 224.000 en 2016 y finalmente a 286.000 en noviembre de 2019. En otros informes fidedignos sobre la cuestión, el nivel de ocupación de las prisiones turcas varía entre el 131% y el 153%.

El Partido del Movimiento Nacionalista de Turquía (MHP), aliado de facto del presidente Erdogan, insiste desde 2018 en un proyecto de ley de libertad condicional anticipada. El MHP presentó su propuesta de proyecto de ley de libertad condicional al Parlamento turco en septiembre de 2018. Sin embargo, el partido gobernante AKP ha logrado hasta ahora bloquear la aprobación de dicho proyecto de ley.

Hay un grave conflicto entre el AKP y el MHP sobre qué presos debe incluir el proyecto de ley de libertad condicional. La propuesta de MHP excluye a los presos políticos, incluidos los abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos kurdos, mientras que, a los delincuentes graves, como los condenados por tráfico de drogas o delitos violentos, se les ofrece la libertad condicional.

El presidente Erdogan, por otra parte, ha dicho constantemente: "El Estado puede ser misericordioso en los delitos cometidos contra el Estado. Sin embargo, el Estado no tiene autoridad para conceder amnistía en los delitos contra las personas".

Aunque dicho enfrentamiento ha obstaculizado hasta ahora la promulgación del proyecto de ley de libertad condicional anticipada, el riesgo de que la epidemia de COVID-19 se extendiera a las superpobladas prisiones turcas, donde las condiciones de los reclusos son gravemente insalubres, ha obligado al Gobierno a incluir el proyecto de ley una vez más en su programa.

Según las últimas informaciones de los medios de comunicación turcos, el proyecto que parecen haber acordado el AKP, su aliado el MHP y la principal oposición, el CHP, excluye a los condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

¿Quiénes son los condenados por terrorismo?

Puede parecer razonable excluir a los terroristas de esa legislación, pero el persistente abuso por parte de Turquía de sus leyes antiterroristas y el Estado de derecho significa que cientos de miles de ciudadanos turcos han sido encarcelados con pocas o ninguna prueba de actividad terrorista real.

El 21 de diciembre de 2019, Dunja Mijatovic, Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, dijo que "la definición demasiado amplia de terrorismo y de pertenencia a una organización delictiva y la tendencia del poder judicial a ampliarlas aún más no es un problema nuevo en Turquía, como lo atestiguan numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ... su problema ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tiempos... Estos procedimientos, combinados con un uso gratuito de la detención preventiva, ponen injustamente en peligro la vida de muchas personas en Turquía, incluidos muchos defensores de los derechos humanos".

Asimismo, Nacho Sánchez Amor, relator del Parlamento Europeo para Turquía, afirmó el 24 de diciembre de 2019: "Si se refiere con una misma etiqueta a un alcalde preocupado por los problemas de sus ciudadanos, estudiantes y académicos que critican al Gobierno, a un profesor de un colegio de Gülen en Indonesia, a un periodista que critica la operación de Siria, y también a alguien que mata a la gente con morteros, una definición tan amplia de terrorismo no pasaría la prueba de respetar el Estado de derecho y los derechos humanos". "Entonces, ¿todo el mundo es un terrorista? Si lo usas para todo y para todos, nada ni nadie es un terrorista al fin y al cabo", añadió.

Como se subrayó en las declaraciones de los observadores de Turquía en nombre de diversas instituciones europeas, las disposiciones antiterroristas de Turquía han venido planteando una verdadera amenaza a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos turcos. Desde 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria han establecido en trece decisiones separadas que las disposiciones antiterroristas de Turquía son contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos en los que Turquía es parte.

Hoy en día, en Turquía, cientos de periodistas y políticos kurdos, más de 1.500 abogados e importantes representantes de la sociedad civil están en prisión o bajo fianza por el delito de "ser miembro de una organización terrorista armada" o "apología del terrorismo".

Entre ellos el destacado filántropo, Osman Kavala; el expresidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kilic; el exvicepresidente del Tribunal Constitucional de Turquía, Alparslan Altan; el periodista y escritor Ahmet Altan, los presidentes de los colegios de abogados provinciales o de las asociaciones de abogados, Fevzi Kayacan, Cemal Acar, Selcuk Kozagacli; y los políticos kurdos Selahettin Demirtas y Figen Yüksekdag.

Según un cálculo de la Arrested Lawyers Initiative llevada a cabo sobre las estadísticas del Ministerio de Justicia de Turquía relativas a los enjuiciamientos en los últimos seis años, ha habido un aumento constante del uso de la ley antiterrorista.

Si bien en 2013 se imputaron a 8.416 personas por delitos definidos en el artículo 314 del Código Penal (pertenencia a una organización terrorista armada), el número de acusaciones ha aumentado a 146.731 en 2017 y finalmente a 115.753 en 2018. Por consiguiente, los fiscales turcos de todo el país han imputado a 337.722 personas por pertenecer a una organización terrorista armada entre los años 2013 y 2018. 285.168 de los acusados son hombres y 52.435 son mujeres. Aunque todavía no se han publicado las estadísticas correspondientes a 2019, no sería sorprendente que la cifra se elevara a 400.000 a finales de ese año.

Un examen más detenido de las acusaciones de cientos de personas que han sido encarceladas en virtud de las draconianas leyes antiterroristas de Turquía revela que casi ninguna de ellas ha sido realmente encarcelada por actividades terroristas reales, incluido el uso de la violencia o la amenaza. Por lo tanto, se podría argumentar con confianza que la liberación de esos prisioneros no supondría ninguna amenaza para el público al que la mayoría de ellos sirvió durante muchos años.

Como dijo incisivamente Nacho Sánchez-Amor, si 400.000 personas, entre ellas 52.000 mujeres, son terroristas, nadie lo es. Estas personas no son terroristas, sino prisioneros políticos. La discriminación contra ellos sólo empeora el ya deplorable informe de derechos humanos del gobierno del AKP. Como el presidente Erdogan ha dicho constantemente, el Estado puede y debe ser misericordioso con los crímenes contra el Estado. Por lo tanto, es una buena oportunidad para que el presidente Erdogan actúe como estadista y ponga fin a los sufrimientos de los presos políticos.

Traducido por Mehmet Siginir

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Publicado el
2 de abril de 2020 - 23:48 h

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