¿Qué hacer con Vox en el Congreso?

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith; el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

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Una semana de provocaciones y de improperios han bastado para reactivar el debate. De entrada, porque no se está ante exabruptos aislados sino ante una estrategia deliberada. Que ni es nueva ni es exclusiva de nuestra ultraderecha vernácula. Las actuaciones de Vox en el Congreso de estas semanas han sido ensayadas ya por el trumpismo en Estados Unidos, por el bolsonarismo en Brasil, y por algunos de sus nuevos émulos en Europa y América. Se trata, pues, de una estrategia de tensión con objetivos claros. El más evidente, trasladar al Parlamento discursos de odio y noticias falsas ya utilizados en mítines, redes sociales, y medios afines, y minar con ello las condiciones para un debate mínimamente democrático.

Como ya ocurrió en otros momentos históricos, la gran cuestión es cómo lidiar con estas actuaciones. Que en el Congreso se produzcan debates que impliquen discrepancias contundentes entre diferentes fuerzas políticas no solo es legítimo. Resulta imprescindible en sociedades con intereses diversos y a menudo contrapuestos. Pero aquí hablamos de otra cosa: de evitar que esas discrepancias se expresen a través de formas vejatorias, sexistas, racistas, que lesionan la dignidad de las personas y degradan las instituciones representativas.

No se trata de algo sencillo. En el rifirrafe parlamentario, todos los grupos suelen incurrir en salidas de tono. El problema es cuando esto deja de ser un hecho puntual para convertirse en un patrón sostenido en el tiempo, que es lo que Vox viene haciendo desde los inicios de esta legislatura y lo que ha decidido reactivar para recuperar el impulso perdido tras las elecciones en Andalucía.

Ni los insultos y descalificaciones de Vox a la ministra Irene Montero, ni sus ataques a diputadas defensoras de políticas feministas, ni sus incumplimientos sistemáticos del Reglamento de la Cámara, son nuevos. Y lo peor es que en muchos casos han gozado de impunidad. A día de hoy, la presidencia de la Cámara no ha tomado medida alguna para sancionar a los 52 diputados de Vox que se niegan a presentar su declaración de intereses. Tampoco se sancionó a dos diputados de Vox que sabotearon abiertamente un acto dentro del Congreso en el que se condenaba la criminalización de seis jóvenes de Zaragoza que participaron en una manifestación antifascista. Y lo que es especialmente grave, no se adoptó ninguna amonestación clara contra el diputado de Vox que desobedeció a Alfonso Gómez de Celis, cuando este, presidiendo la sesión, lo expulsó del hemiciclo tras haber llamado “bruja” a la diputada socialista Laura Berja.

El problema es que ya no se trata solo de la impunidad creciente de la ultraderecha, sino de que la propia presidencia del Congreso, en su afán de mostrarse firme “con unos y otros”, acabe por equiparar a agresores y agredidos y a actuaciones que poco tienen que ver entre sí.

No es de recibo, por ejemplo, que la presidencia censure por igual a un diputado de Vox que acusa a otros de ejercer el “terrorismo etarra”, que a quien utiliza la expresión “fascismo” para calificar la exaltación del franquismo o de personajes como Millán Astray. Y es que lo primero supone la atribución de un delito grave recogido en el Código Penal. “Fascismo”, en cambio, es un concepto político históricamente datado, como “comunismo”, “socialismo” o “anarquismo”, que un parlamento democrático no puede pretender proscribir.

Tampoco es de recibo intentar, como se ha hecho, equiparar supuestas faltas de respeto institucionales “cometidas por unos y otros” sin que medie justificación suficiente. Recientemente, por ejemplo, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego envió una nota a la Mesa cuestionando que la presidencia le obligara a retirar una serie de críticas a la institución monárquica. Su queja estaba plenamente justificada, toda vez que el propio Tribunal de Estrasburgo ha recordado que las críticas parlamentarias a la monarquía y al propio rey son cuestiones de interés público que la libre expresión de los diputados y diputadas ampara.

Tras debatir algunos de estos temas en la Mesa, la presidenta Meritxell Batet se comprometió ante sus miembros a aplicar el reglamento con rigor para evitar estas arbitrariedades. Pero es significativo que el primer caso en que lo hizo fue para llamar al orden a la propia Irene Montero, quien en respuesta a los ataques sufridos, recordó al Partido Popular que campañas como las que impulsaron en Galicia fomentaban lo que la propia ONU denomina “cultura de la violación”. La impresión, una vez más, fue que Batet intentaba afirmarse en que “aquí todos se exceden” para no incomodar a Vox ni entrar en conflicto con el Partido Popular.

Todo esto, obviamente, es peligroso, ya que un parlamento que se quiera democrático y plural debería poder garantizar con firmeza un principio básico: toda la libre expresión posible para sus miembros y todas las restricciones necesarias cuando de lo que se trate es de evitar humillaciones sexistas, xenófobas u otras formas de difamación dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

No se trata de algo imposible. Ahí está el ejemplo del ex presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien consiguió atajar con firmeza las bravuconadas machistas del mismísimo Boris Johnson. Ahí está, también, el papel del presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Partido Popular, quien no dudó en retirar la palabra a un diputado de Vox que insistía en difamar a sus adversarios. Y ahí están, igualmente, casos como el del diputado de la ultraderecha francesa, Grégoire de Fournas, expulsado de la Asamblea Nacional y sancionado a cobrar dos meses la mitad de su sueldo por espetar a un diputado negro de izquierdas que volviera a África.

Lo que Vox está intentando hacer en el Parlamento español para recuperar protagonismo no puede normalizarse ni naturalizarse. Porque no es algo aislado. Es una estrategia ya defendida por juristas de inclinaciones nazis como Carl Schmitt, y por los Trump y los Bolsonaro de turno: erosionar el parlamentarismo y sustituirlo progresivamente por una forma más autoritaria y concentrada de gobierno en manos de algún nuevo Führer o caudillo.

La presidencia del Congreso no puede ser condescendiente ni neutral ante las agresiones reiteradas y sistemáticas de la ultraderecha. Y la sociedad tampoco. Hoy, más que nunca, hacen falta pedagogía y contrapoderes sociales, ciudadanos, capaces de mantener a raya a actores con poder público y privado que no se autolimitarán sin esa presión externa. No es sencillo. Pero es la única manera de evitar que las derechas radicalizadas vayan demoliendo poco a poco espacios democráticos que han sido arduamente conquistados, que hoy deben ser ampliados, pero que bajo ningún concepto podemos permitirnos perder. 

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, y Javier Sánchez Serna es diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa.

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