Abolicionismo no es prohibicionismo

Una protesta reclama derechos y protección para las mujeres que ejercen la prostitución / Foto: cedida.

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Una vez más se abre el debate feminista en torno a la prostitución, y vuelve a hacerlo con la amargura que deja una confrontación descarnada en el que se escuchan muchas voces excepto las de las mujeres prostitutas, las prostituidas y las que ejercen la prostitución. Un debate que, al abordarse, vendría bien contextualizarlo con la mirada histórica de una disputa dentro de los feminismos que se remonta a los años 70, a aquellos años de luchas y reivindicaciones por los derechos de las mujeres y, entre estos, a la reivindicación de la libertad sexual de la mujer. 

Sé que resulta polémico mencionar que se escuchen las voces de las mujeres protagonistas del debate, precisamente porque ese aspecto es parte también de ese descarnado debate, el si tienen o no legitimidad para hablar al igual que ya lo hicieron antes, como en 1971, en la conferencia sobre “La eliminación de la prostitución”. Una conferencia que tuvo lugar en Nueva York y que fue uno de esos hitos de las primeras confrontaciones entre una parte del feminismo y trabajadoras sexuales. 

Desde un enfoque de derechos humanos nunca puede negarse la voz, la representación a las personas titulares de los derechos que se quieren proteger y garantizar. Reprimir sus voces es prohibir, es rechazar sus experiencias y menospreciar su aportación al debate. Justo algo muy distinto a lo que yo he entendido hasta ahora que es el abolicionismo que me han explicado algunas compañeras feministas. Este, a diferencia del prohibicionismo, me dicen que no castiga a las mujeres que usan la prostitución para poder sobrevivir ni se basa en creencias reaccionarias respecto a la sexualidad de tinte casi moralista. El abolicionismo no ataca a las mujeres prostitutas, las prostituidas y las que ejercen la prostitución ni los movimientos feministas de los que estas forman parte. Mantener ese rechazo responde más a esa postura prohibicionista que acude al punitivismo y al Código Penal para resolver problemas estructurales con respuestas de persecución. Algo que, lejos de acabar con la prostitución, la convierte en una actividad clandestina que hace más vulnerables a las mujeres. 

No se trata tampoco de decir que solo las mujeres prostitutas, las prostituidas y las que ejercen la prostitución, son las que tengan la única voz en este debate. Pero sí de reclamar  que se las incluya en las deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, tal y como se señalaba en la Resolución del Parlamento europeo sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86) de 1986. No podemos olvidar que estamos ante un grupo de mujeres (y también personas homosexuales y trans) especialmente vulnerables que rara vez acuden al sistema judicial para hacer frente a la discriminación, la violencia y los abusos que sufren, precisamente por las condiciones de desigualdad que experimentan y por el estigma que soportan. Todas las personas son dignas para contribuir en los debates donde se tejen las políticas públicas que afectan directamente a sus vidas. Todas.

Quizá al escuchar sus voces podamos incluir en el análisis de las causas y en el debate otros elementos, como es la conexión que hay entre migración femenina y prostitución, en cómo la actual regulación en materia de extranjería dificulta que las mujeres migrantes en situación irregular puedan lograr un trabajo legal, siendo la prostitución una de las salidas a su extrema situación de vulnerabilidad. Desde esta óptica, me surge la propuesta de que una reivindicación necesaria y legítima del abolicionismo si es feminista debería ser la reforma de la ley de extranjería, pues de lo contrario el proxeneta pudiera parecer que es el Estado español, que obtiene enormes beneficios económicos al mantener una legislación que condena a estar en situación de irregularidad a las mujeres migrantes que luchan por sobrevivir cada día, sobrevivir ellas y sus hijas e hijos.   

Sin embargo, no fue la defensa de los derechos de las mujeres migrantes, las más vulnerables en los llamados “circuitos de prostitución”, los que han estado a punto de hacer caer el dictamen de la “Ley del Sí es Sí”. De hecho, siguen sin estar amparadas por el ámbito de aplicación del actual redactado de la futura ley cuyo Dictamen se debatirá las próximas semanas. Más bien fue una postura punitivista basada en políticas de persecución penal la que estuvo a punto de bloquear la tramitación de la ley. Una postura que a quienes defendemos los derechos humanos nos evoca las posturas prohibicionistas frente a la prostitución que buscan más dar la batalla cultural que invertir en estrategias redistributivas en lo material, exigir más y mejores trabajos para las mujeres (especialmente migrantes) y proteger la libertad sexual de las mujeres y las personas LGTBI en todo caso y en todos los casos.

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