Ana Mato 'reinterpreta' una ley de 1986 para cobrar a los sin papeles
Las leyes no siempre son claras. Y los políticos lo saben. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado el cobro a los inmigrantes sin documentación partir del 1 de septiembre en la ley de 1986. “Nadie va a quedar desatendido, pero el que no sea titular de la tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia [se les oferta cobertura sanitaria completa por 710€ anuales] tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986”, ha afirmado.
Pero la ley no dice tanto como quiere leer la ministra Mato, pues no se menciona el cobro ni el abono de la asistencia para los inmigrantes sin documentación tal y como ella afirma.
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De acuerdo con el Preámbulo I de la ley de 1986, se reconoce “el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España, si bien, por razones de crisis económica que no es preciso subrayar, no generaliza el derecho a obtener gratuitamente dichas prestaciones sino que programa su aplicación paulatina”. Es decir, se coloca como objetivo paulatino la generalización de la gratuidad, pero “nunca se les cobró”, recuerda un ex consejero de Sanidad de esos años.
En el Artículo 1 del Título Preliminar se establece que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”.
Eso sí, la redacción más detallada al respecto se encontraba en el artículo 12 de la Ley de Extranjería de enero de 2000, aprobada por Aznar, que no menciona Mato. La ley de 2000 establecía que “los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.
Una tesis muy contraria al reciente decreto de Mato, que tiene muy poco que ver con toda la legislación previa, al afirmar que “los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España”, sólo “recibirán asistencia sanitaria (...) de urgencia por enfermedad grave o accidente y de asistencia al embarazo, parto y postparto”.
El Gobierno espera ahorrar unos 500 millones con la pérdida de tarjeta sanitaria, a partir del 1 de septiembre, de unos 153.000 inmigrantes irregulares (según datos aproximados del INE). Pero como la Sanidad es competencia autonómica, Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco han afirmado que no dejarán de atender a estas personas.
