Clownfare

“¡Oh! ¡El sol me ciega! No puedo apuntar y mi adversario está en la oscuridad”

B. Bretch. “Horacios y curiacios”

Hay una expresión que da nombre a la comedia de Zorrilla -Entre bobos anda el juego- que es de por sí irónica y como tal la Academia la recoge. Debe usarse tal locución, precisamente, cuando los que pretenden lograr algo son tan diestros que no hay forma de engañarlos. No es el caso. Entre bobos no anda el juego. Vengo a hablarles de un caso de tremendo delirio que ejemplifica perfectamente cuan fácil es darle asidero a unos titulares y relatos falsos, mal utilizando el sistema judicial. Así funciona el lawfare o guerra judicial y, en casos como este, el clonwfare que no es sino la guerra de los payasos, porque no otra cosa que una payasada es la apertura de un procedimiento judicial relacionado con el disputado voto del señor Casero. 

Los titulares están ahí. Son veraces en el sentido de que un juez de verdad ha abierto unas diligencias previas por presunto delito informático cometido en el surrealista episodio del voto de la mano derecha de Teo García Egea -que ya ven que si esa es la habilidad de su mano derecha…-. Aunque muchos ciudadanos y políticos no quieran verlo, la obligación del periodista es ir más allá de la mera apariencia factual y por eso el periodismo interpretativo pone en contexto las cosas. Contexto hace falta para discernir hasta qué punto este caso es de bobos o de malvados. 

Veamos quiénes protagonizan la tragicomedia:

a) Las diligencias las abre el juez Adolfo Carretero, en funciones de juez de guardia. Carretero es un viejo conocido, que en su día tuvo conversaciones chuscas sobre el sheriff de Coslada y al que no hay que confundir con su hermano Agustín Carretero, que tras su paso como instructor por el Caso Ciempozuelos fue aupado por Esperanza Aguirre a director general de sus cosas. Cuando yo andaba por el TSJM, era muy común entre los magistrados referirse al Carretero-tonto y al Carretero-listo para diferenciarlos. También los jueces son como niños a veces. Adivinen ustedes. Adolfo es el juez que intentó liársela a Dani Mateo por uno de sus chistes y a la periodista Pilar Velasco, por publicar las cintas del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González. También es el del Delcygate cuyo archivo tuvo que ordenar la Audiencia Provincial. 

b) La denuncia la presenta el abogado Esteban Gómez Rovira, el hijo. Hay que precisar porque su padre, también abogado, fallecido recientemente por covid, era el que estaba directamente vinculado con la ultraderecha hasta el punto de haber ido en las listas de Vía Democrática. Su padre fue pionero en la lucha contra el catalán y ya desde los años 90 estuvo intentando acabar con la ley de normalización lingüística de Cataluña, por ese motivo sufrió frustrados atentados de Terra Lliure. Fue su padre el que muy poco antes de morir denunció a Tezanos.

Con estos mimbres, vamos a la acción. El abogado catalán presentó una denuncia por presunto delito informático en la que pedía que se requisara el ordenador del diputado Casero y se enviara a la Guardia Civil -nada menos- al Congreso de los Diputados para asegurar “y ocupar terminales y sistemas informáticos”, así como a casa del diputado Casero para hacerse con sus equipos. Nada menos que guardias civiles al Congreso pide el angelito, puro humor negro, cuando la Guardia Civil no es competente en el casco urbano de Madrid que es donde, si no ha cambiado la cosa, se encuentra la Carrera de San Jerónimo y el domicilio del diputado con diarrea, sino que sería competencia del Cuerpo Nacional de Policía que, por cierto, tiene su propia Comisaría especial en el Parlamento. 

Antes de hacer tal cosa estuvo llamando la atención de Vox sobre su acción. “No sé si a @vox_es le interesa pero es un tema de ir al juzgado de guardia porque hay que precintar el sistema informático del Congreso” tuiteaba a las diez de la noche del jueves. “Hola @AlbertoCasero hay que ir al juzgado, yo cedo el testigo, como dicen en Aragón, ahí la tienes bailala” había escrito hora y media antes. “Hola @Macarena_Olona ahí @meritxell_batet no tiene una obligación, la cuestión es que si es cierto que votó no y hay truco en el sistema informático, y eso hay que verlo hoy, vía juzgado de instrucción, no TSupremo”, que es lo que la líder de ultraderecha, que ha coqueteado con el hecho de que hay materia penal desde el principio, había sugerido. 

Total que se vino arriba y envió una denuncia que según el auto se hizo “por mail”. No conozco precedentes de denuncias llegadas por el correo electrónico al juzgado de guardia que sean atendidas inmediatamente. Es más, jueces de instrucción de Plaza de Castilla, compañeros de Carretero, me confirman que incluso si la denuncia llegara por el sistema informático judicial -Lexnet- no la recogen directamente. Insisten en que todo lo que llega a la guardia va a Decanato para reparto con una simple providencia. Ahí tenemos a Carretero que se coge el mail y dicta no uno sino dos autos. “Sólo se incoa por auto lo que te quedas porque ya te corresponde: un levantamiento de cadáver, algo urgente… nunca una denuncia para la que no eres competente”.

Total que el juez Carretero -¿el tonto, el listo?- coge una denuncia que cree que presenta un abogado en nombre del diputado Casero e incoa diligencias por auto. Digo que se cree porque tuvo que rectificar después en una aclaración de error material que no, que no era Casero el denunciante sino sólo el abogado. La denuncia se refiere al artículo 264.bis del Código Penal que habla de “quien sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno”. Es decir, que el letrado espontáneo le dice al juez que unos hackers han interferido el voto del diputado Casero para alterarlo, algo que ni el más orate entre los políticos insinuó que yo sepa, y al juez le parece que la denuncia hay que convertirla en procedimiento judicial inmediatamente. Eso por no hablar del segundo delito que menciona el auto, el presunto delito contra los derechos fundamentales “del artículo 452 del Código Penal”. Miren el texto consolidado y verán que ese artículo dice: “en ningún caso puede imponerse pena privativa de libertad que exceda la del delito…” ¿Y qué tiene eso que ver con lo que pretenden? ¿se les rebelan teclas y terminales? Tremendo.

Al menos el juez tiene a bien no enviar a la Guardia Civil al Congreso, pero gracias a que traslada la denuncia al fiscal -¡esto es de locos!- que se opone, pero que además le dice que no es el momento procesal para pedirle que informe. Eso sí, en el auto que deniega las diligencias que había solicitado el letrado desde Barcelona, por mail según nos dice, Carretero le indica que, hombre, para entrar a saco en casa del diputado Casero como pide a pisparle los equipos “se necesita autorización de dicho señor, lo que no costa, o auto de entrada y registro, basado en indicios claro de delitos y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada” Meras sospechas por las que él ha abierto a todo correr un procedimiento, que no podía esperar al reparto. También le indica al letrado que buscaba la aquiescencia de Vox, que para entrar en el Congreso hace falta permiso de la presidenta “lo que tampoco consta en este momento”. Es de comedia bufa todo el auto, mas no veo que eso haya impedido que titular tras titular parezca que … la Justicia penal tiene algo que decir en este tema.

Diríase que es lawfare, porque así funciona, un denunciante con interés político y un juez que lo comparte y que tira p’alante, pero después de lo que les he contado creo que es mas bien clownfare. Una payasada que ha comido tiempo de la Administración de Justicia y ha empleado tiempo de periodistas y espacio en los medios. Ni en caso de maldad ni en caso de torpeza tiene ninguna consecuencia práctica para quien así se comporta. Si en medio la denuncia o la querella lleva el nombre de un político o de un cargo público…ya saben todos lo que pasa.