La cúpula judicial declara la guerra abierta

Acaba de empezar la guerra de la justicia. Tres días después del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Y las primeras escaramuzas indican que va a ser una guerra sin cuartel. La cúpula judicial que desde hace años dirige los movimientos políticos de ese conglomerado, tantas veces en sintonía con los intereses políticos del PP, no está dispuesta a rendirse y sí a utilizar todos los medios a su alcance para batir al Gobierno. La suerte de este depende en buena medida del resultado de ese enfrentamiento. Y no cabe hacer previsiones fáciles sobre el mismo.

Entre otras cosas, porque la cúpula judicial no está sola en su enfrentamiento con el Gobierno. El PP ya ha anunciado bien a las claras que va a secundarla. Vox también. El partido de Pablo Casado sabe que se juega mucho en ese envite. Si el Gobierno logra sacar adelante su propósito y consigue que los tribunales dejen de ser un actor político principal, tal como ha ocurrido desde hace unos cuantos años, la derecha no solo habrá perdido un aliado fundamental, sino que algunas de las mayores aberraciones de los gobiernos de Mariano Rajoy, instrumentadas por sus jueces afines, quedarán al descubierto y el discurso político del PP quedará vacío.

A primera vista, el bloque jurídico-político de la derecha tiene las de perder. Porque su montaje, aunque parezca sólido, y lo es, es al tiempo frágil. Necesita mantener activas todas sus piezas, perder alguna de ellas puede ser el principio del desmoronamiento final. Y para que eso no ocurra requiere de algo que ya no tiene, el apoyo de un gobierno del PP.

La asombrosa reacción de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial a las declaraciones de Pablo Iglesias indica que el hasta ahora todopoderoso Carlos Lesmes no las tiene todas consigo. Bordeando el ridículo ha decidido atacar a la primera, avisando para que nadie siga el camino del vicepresidente del Gobierno. “Hasta ahora hemos sido intocables. Y estamos dispuestos a lo que sea para seguir siéndolo”, ha sido su mensaje.

Según su falaz lectura de las cosas, es pecado decir que España ha sido humillada por las decisiones de varios jueces europeos contra la actuación de sus colegas españoles en distintas resoluciones relacionadas contra el procés independentista catalán. Eso cuestiona “la imparcialidad, la independencia y la profesionalidad de nuestros jueces”. No hace falta ser un sólido historiador para concluir que esos términos y las ideas que están tras de ellos se inscriben en la cultura del franquismo, nada tienen que ver con la democracia.

Porque, ¿en qué régimen que no sea una dictadura un ciudadano y más un vicepresidente del Gobierno está obligado por los jueces a callar la verdad? ¿Y no es acaso verdad que distintos tribunales europeos, empezando por el de Schleswig Holstein y terminando por el Europeo de Justicia, han rechazado los argumentos y las sentencias del Tribunal Supremo en relación con varios acusados y sentenciados del procés catalán? ¿No es eso una humillación para un país que desde hace más de 30 años se esfuerza por respetar las normas europeas, de ser tan demócrata como el que más en el continente, tras muchas décadas de haber sido considerado un paria, un régimen inaceptable?

Sí, es cierto que los gobiernos y los grandes medios de comunicación europeos han sido muy prudentes con la crisis catalana. Es cierto que los independentistas han fracasado a la hora de encontrar apoyos más allá de fuerzas de similar orientación en el continente. Porque los establishment europeos no han querido implicarse en una querella interna de un socio comunitario y también porque en un buena parte de los países europeos hay problemas serios con las demandas soberanistas de algunas de sus regiones.

Pero eso no ha impedido que esos medios y más de un político de altura haya transmitido una y más veces que el problema catalán debía ser resuelto por vías políticas y no judiciales. Y podemos imaginar la reacción de esos exponentes cuando alguno de sus tribunales ha venido a añadir que, además de ser un error, la vía judicial española ha cometido abusos.

Pero eso debe ser ocultado y silenciado. Porque la verdad va a terminar denunciando a quien ha mentido y ha manipulado. La cúpula judicial no puede permitirlo. Porque su poderío puede estar en juego.

El rechazo al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado se inscribe en ese mismo contraataque. Los jueces que han venido haciendo y deshaciendo la justicia y quienes les han nombrado y sostenido no pueden permitirse que alguien que conoce tan bien ese mundo como la señora Delgado, que sabe quién puede ceder en sus posiciones y quién no, y que ha demostrado que no le tiembla la mano, asuma el protagonismo, sea la mano del Gobierno para cambiar la situación de la magistratura. Lo malo para ellos es que no van a poder impedir que ocupe el cargo.

En esta situación de guerra abierta, la renovación del Consejo del Poder Judicial es imposible. El PP no quiere, lo ha anunciado desde un primer momento. Porque, aunque cada vez sea más ilegítimo y también más denostado, ese Consejo seguirá teniendo fuerza para beneficiar a sus intereses. Y, sobre todo, porque no estará en manos de los socialistas y de sus aliados de Gobierno.

Por tanto hay guerra para rato. Habrá victorias y derrotas. Y se librará más en los despachos que a la luz del día. Dolores Delgado y el Gobierno tienen a su disposición muchos botones que pulsar. Es de esperar que cuenten con un plan preciso de actuación y que ninguna urgencia, como la que podría provenir del diálogo catalán, les obligue a modificarlo. Si ese plan se va cumpliendo la balanza puede ir oscilando a su favor. Poco a poco. Con paciencia. Pero sin ceder un ápice. Porque de restablecer la normalidad en la justicia depende el éxito de este Gobierno. Hasta la crisis catalana se vería afectada por ello.