Demasiado importante para dejárselo a los jueces

Una niña sostiene una pancarta en la que se lee "Con una pueden, con todas no" en la manifestación de Madrid de este 8M.

"Se pueden producir muertes potencialmente evitables"

Asociación Española de Intensivistas (20 de marzo)

No me gusta decir "se lo dije" pero lo cierto es que lo hice. El archivo del '8M, no hay caso' es solo una constatación de que este nunca debió ser abierto. La juez Rodríguez-Medel se empeñó en aceptar una denuncia en la que no se aportaba ni el mas mínimo indicio de que hubiera habido dolo en la actuación del delegado del Gobierno en Madrid. No llevan razón los que repiten "pero hay que dejar que la Justicia investigue" porque eso no es un principio absoluto ni está así previsto en la legislación. Nos estamos acostumbrando demasiado a este subterfugio del "dejemos trabajar a los jueces" cuando estos se lanzan a abrir procedimientos por hechos que no son delictivos. Así hemos pasado por los tribunales a demasiada gente en los últimos tiempos, de Dani Mateo al Coño Insumiso, y, qué curioso, siempre en casos inmersos en la batalla política.

Rodríguez-Medel acaba ahora su instrucción porque dice que no hay indicios de dolo, es decir, que la tesis de que el malvado delegado socialista y el Gobierno habrían ocultado datos para mantener unas manifestaciones "ideológicas" a sabiendas de su peligrosidad y que habrían acudido ellos mismos y sus familiares a las mismas, no se sostiene. No se sostenía desde el principio y por eso debió no incoarse el procedimiento. Era el denunciante el que hubiera tenido que aportar un relato con algún indicio de que tal dolo existía pero no era posible. No hay que abrir una instrucción judicial siempre que a toro pasado pueda parecer que una decisión o una resolución hubiera sido mejorable. Todos los hechos que la magistrada nos cuenta en sus 51 folios de auto de sobreseimiento eran notorios. Era notorio lo que pasó y lo que se sabía a aquellas alturas.

¿Por qué entonces este vodevil? ¿Por qué llamar a declarar al delegado del Gobierno para preguntarle si actuó dolosamente? La necesidad de llamar a una persona como imputado para saber si hay dolo solo demuestra que el procedimiento es innecesario y que busca la pena de banquillo. Así que ahora la juez suelta un procedimiento que ya quema y dedica 51 folios a explicarse y a explicar lo que ha hecho. Lo hace bien, porque técnicamente es buena, pero no hacía falta tanto para fundamentar por qué archiva la causa. Crónica de una falta de recorrido anunciada. Yo solo tenía la duda de si iba a esperar a que le ordenaran archivar desde la Audiencia Provincial o si lo haría ella misma. La respuesta está servida.

El Derecho Penal no es el camino para solventar los problemas, las heridas, las dudas y las incógnitas que nos ha dejado esta catástrofe sanitaria sin precedentes recientes. Todos los intentos en este sentido impedirán el verdadero esfuerzo necesario para mejorar nuestras respuestas futuras. Parafraseando a De Gaulle, esto es demasiado importante para dejarlo en manos de los jueces.

En este sentido estoy teniendo una sensación igual de vertiginosa, de análisis a posteriori, de la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la respuesta dada con la hospitalización de los ancianos de las residencias. Miren que no digo que no lo haya hecho mal, que estoy segura de que sí, sino que dudo que las responsabilidades sean tratables por la Justicia penal y que tengo claro que se está realizando también un análisis ahora sobre lo que se decidió en otras circunstancias.

Me gustaría ser honesta. Quizá porque mi propio padre está en un centro geriátrico en Madrid –dejé de verle el 3 de marzo y apenas lo acabo de recobrar– y porque he seguido durante toda la crisis el día a día de estos centros, tengo la sensación de que ahora se grita por cosas que supimos claramente que estaban sucediendo y que entonces aceptamos conscientes de la debacle que vivíamos. Durante todo este tiempo hablé muchas veces con directores de residencias, a veces porque buscaban ayuda a través de todos los canales posibles y una periodista les parecía tan aprovechable como cualquier otro.

Tengo claro que ya el 20 de marzo la Sociedad de Médicos Intensivistas hablaba de la aplicación de criterios de expectativas de vida en caso de colapso de las UCI. Eso mismo hizo la Generalitat. El primer protocolo de la CAM lo conocimos en abril, está publicado, lo mismo que el día 10 de ese mes se supo que sería corregido después de haber recibido las críticas de la Asociación de Bioética, que pidió anular la referencia de la edad y que la morfina se administrara solo si el paciente no reaccionaba a un tratamiento específico, además de instar a requerir el consentimiento para las sedaciones. Todo eso se publicaba entonces y todos los leímos. El propio consejero de Sanidad recibió también una carta de la asociación Derecho a Vivir y acabaron por cambiar el protocolo. Todo publicado y en hemeroteca.

¿Podemos afirmar que hubo dolo en esa conducta o bien que la "medicina de catástrofe" que obligaba a elegir fue variando la respuesta y mejorándola? ¿Vamos a llevar a los tribunales a la Sociedad de Intensivistas por afirmar en un protocolo ético que se iban a "producir muertes potencialmente evitables" y que a la hora de triar era preciso tener en cuenta edad, patología y hasta "el valor social de la persona enferma"? Para todo esto no hace falta una investigación judicial, porque todo esto lo fuimos conociendo día a día. Nada estaba oculto. Es notorio. Estábamos viviendo una pesadilla, estábamos en shock y entendíamos realidades que ahora queremos reevaluar.

El día 13 de abril el Informe de la Red de Vigilancia ya reseñaba que el colectivo de mayores de 80 años tenía 20.843 contagios con 12.345 hospitalizados (observen la diferencia) y solo 140 personas (el 0,7%) en la UCI. La realidad y los datos siempre estuvieron ahí. Yo al menos la fui leyendo día a día, la hablé con conocidos que tenían a sus padres también en centros y nadie mencionó la palabra delito. No niego que pueda haber casos concretos de gestión deficiente y dolosa de centros concretos. Ahí están las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía. De ahí a establecer una causa general sobre las decisiones tomadas por una comunidad y apuntar a su presidenta directamente en un proceso judicial, la verdad, tampoco lo veo. Hay que procurar ser honestos por muy poco que me guste IDA y su Gobierno.

Y es que todo este empeño por judicializar de forma general la toma de decisiones no nos va a ayudar como sociedad. Necesitamos poder analizar con transparencia y afán constructivo lo que ha sucedido para prepararnos de cara a eventuales rebrotes u otras pandemias. Díganme: ¿quién va a poner sobre la mesa las debilidades, las decisiones que pudieron ser mejoradas, los fallos logísticos, los medios que es preciso implementar si colocamos sobre sus cabezas de forma genérica la espada "a posteriori" del lawfare? Con unas administraciones y unos políticos a la defensiva no vamos a conseguir construir una respuesta mejor. Los ciudadanos deberíamos exigir un análisis sincero, descarnado y certero para armar un sistema de protección que sirva para el futuro.

Por supuesto que quienes tengan pruebas concretas de actuaciones dolosas en casos determinados pueden y deben acudir a dirimir las responsabilidades de esas personas ante los tribunales o, incluso, a solicitar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. Claro que si hay desalmados que hayan hecho del cuidado de nuestros mayores un negocio insano y peligroso deben soportar las consecuencias de su falta de humanidad. Pero considerar a toro pasado que las decisiones que se tomaron de forma general, que han podido descubrirse ahora erróneas o mejorables, se adoptaron con conocimiento y voluntad de causar algo injusto es muy difícil de tragar tanto en los unos como en los otros.

Sería muy importante poder protegernos mejor juntos. Creo que no nos van a dejar.

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13 de junio de 2020 - 21:16 h

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