No disparemos a todo el Supremo
El Tribunal Supremo no podía haber gestionado peor todo el escándalo del impuesto de las hipotecas, pero no olvidemos que si al final, la ley se ha cambiado para que a partir de ahora lo paguen los bancos será gracias a unos señores magistrados, los de la sección especializada en tributos de la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal.
Porque lo que está muy claro es que si ellos no hubieran aceptado hace tres semanas los recursos del Ayuntamiento de Rivas, nada de todo esto hubiera ocurrido.
Los partidos que hoy se llevan las manos a la cabeza, indignados porque el famoso impuesto lo iban a seguir pagando los ciudadanos son los mismos que aplicaron esa ley tan tranquilos durante más de 20 años. PSOE y PP se han turnado en Moncloa sin que a nadie se le ocurriera modificar esa ley que hoy clama al cielo. Ciudadanos y Podemos no han gobernado, es cierto, pero si han condicionado a los dos últimos ejecutivos y ni Rivera exigió a Rajoy que cambiara ese impuesto en los acuerdos con el PP ni Pablo Iglesias, que ahora llama a manifestarse a la puerta del Supremo, lo puso como condición para el reciente pacto de presupuestos con el PSOE.
Así que menos golpes de pecho y un poco de autocrítica que siempre viene bien. Tras el formidable escándalo, al gobierno de Pedro Sánchez no le quedaba otra salida que anunciar el cambio de la ley para que el impuesto recaiga sobre los bancos. Era una salida fácil, popular y que además le sale gratis porque las Haciendas autonómicas lo van a seguir cobrando. Se da la paradoja de que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por cierto uno de los valores más firmes del gobierno, la que ahora obliga a pagar a los bancos un impuesto que ella como consejera de Hacienda de Andalucía le cobraba a los ciudadanos.
Los ciudadanos han pasado en 20 días varias veces por la ducha escocesa: primero ya no tendrían que pagar el impuesto y además se iba a poder reclamar de forma retroactiva; después, parón y cuenta nueva y al final, cambio de la ley, pero con la certeza general de que los bancos pagaran ese impuesto, pero al final se lo cobraran de alguna manera al que pida la hipoteca. De hecho, ni el presidente del gobierno puede dar ningún tipo de garantía y los bancos ya están preparando la estrategia.
Por en medio eso sí, el prestigio del Tribunal Supremo ha quedado por los suelos en el momento más delicado, cuando está a punto de comenzar el juicio del procés y su presidente, Carlos Lesmes totalmente desautorizado. Su relevo que ya era inminente ahora es de máxima urgencia. Lesmes debería haber dimitido y por supuesto, también Luis Díez-Picazo, el presidente de la Sala que decantó la votación teniendo evidentes relaciones con la banca.
