El fugitivo
Independentista o no, admitirá conmigo que hay que reconocerle a Carles Puigdemont, el cesado Govern y al soberanismo en general, haber derribado uno de los grandes mitos de nuestra democracia: la justicia española no es lenta, cuando quiere es muy rápida; tan rápida que, a este paso, acabarán llegando antes los autos de encarcelamiento que las citaciones para acudir a declarar.
Durante la última década, repleta de escándalos, corrupción, sumarios y juicios sobre asuntos que han dejado bajo mínimos la legitimidad de las instituciones y delitos que cuestionan la limpieza y calidad de nuestra democracia, nos hemos cansado de escuchar a unos y otros, jueces los primeros, explicarnos que la Justicia es inevitablemente lenta, que nos estábamos cargando la presunción de inocencia, que los procedimientos son procelosos para garantizar mejor nuestros derechos, que los sumarios se eternizan porque resulta muy difícil demostrar actividades delictivas tan complejas como meterse la pasta en un sobre, que condenados como Rodrigo Rato no debían entrar en la cárcel porque se trata de gente arraigada que no se van a fugar, o que destrozar un ordenador a martillazos ni mucho menos significaba que alguien estuviera destruyendo pruebas, sólo que era contundente respecto a la protección de datos.
Hoy, gracias al independentismo catalán, hemos descubierto que la Justicia española puede mostrarse fulgurante, que a nadie le importa la dichosa presunción de inocencia, que tampoco hay que ponerse tan quisquilloso con los procedimientos y qué mas da si la citación llegó ayer o esta noche si se van a cansar de declarar, que delitos tan complejos como la rebelión se prueban con las imágenes de los telediarios, que el componente de violencia es relativo y discutible en nuestro derecho penal, o que tu sueldo ahora conforma una razón para mandarte a la prisión preventiva en vez de librarte de ella.
Queda claro que, cuando los fiscales y jueces españoles quieren, baten plusmarcas de velocidad y contundencia. Por qué no acreditan los mismos registros en otros momentos, otros delitos y otros imputados parece más una cuestión de voluntad que de la supuesta inevitabilidad de la lentitud de la Justicia, su falta de medios o la complejidad de las tramas.
Aunque parezca increíble, ni siquiera este mérito tan palmario se le reconoce al President. Un repaso al relato dominante para explicarnos su European Tour basta para confirmar la distancia sideral que existe entre la percepción dominante entre los medios y la opinión pública fuera de Catalunya y en Catalunya. Una vez más se prueba cómo parte de la crisis deviene de la profunda desinformación sobre qué sucede realmente en Catalunya, especialmente entre quienes analizan o toman decisiones desde España.
Fuera de Catalunya, Carles Puigdemont es retratado como un villano de opereta a la fuga. Con esa hidalguía de folletín tan imperial se le trata como a un infame de tragicomedia a quien se reta permanentemente a probar su valor, su coraje, su hombría y su señorío. Para la mayoría de los catalanes, incluidos muchos que ni le votan ni están de acuerdo con su estrategia, aún es el último President de su Generalitat elegido por el último Parlament al que pudieron votar. Seguramente les recuerda más al mítico e inocente doctor Richard Kimble de El Fugitivo, que a otros en larga tradición hispana de prófugos famosos pero nada heroicos, como Francisco Paesa, Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil o El Solitario atracador.
Seis de cada diez catalanes ni le culpan de rebelión, ni creen que él o sus consellers deban estar en prisión. Lo cuenta una encuesta publicada el domingo 5 por la Vanguardia. Seguramente para muchos de ellos, su marcha a Bélgica ha sido una manera de preservar la institución que encarna frente a un 155 mayoritariamente rechazado, un recurso para mantener la atención pública internacional y una estrategia de defensa procesal frente a un perseguidor tan poderoso como el Estado Español. La política es como la vida, si no se entienden las razones del otro el conflicto se vuelve rutina, la convivencia se hace imposible y antes o después se acaba pagando.
