¿Gestiona mejor la derecha?
Es muy frecuente que en las encuestas se pregunte a la ciudadanía cuál es su opinión comparativa entre los partidos de derecha y de izquierda. Casi siempre, los de izquierda salen mejor parados en lo que se refiere a capacidad para redistribuir y conseguir mayor justicia social, y la derecha en que gestiona mejor. Uno tiene la sensación de que es esta una de esas frases que a fuerza de repetidas parecen convertirse en opinión inapelable. Pero si repasamos un poco la realidad, más bien parece que deberíamos concluir lo contrario.
La experiencia muestra que la derecha tiene habitualmente menos interés en el servicio público y más en el control financiero. A menudo, con especial interés en que ese control recaiga en manos privadas amigas, pero eso es otra historia. Podríamos recordar el cambio en los gestores de Caja Madrid, con la entrada de Blesa y la notoria “mejora” en la gestión que implicó que la derecha asumiera la máxima responsabilidad, pero eso es también otra historia.
Veamos algunos ejemplos. ¿Se imaginan qué pasaría con un gestor de una empresa privada que dijera que los clientes prefieren a otros proveedores porque funcionan mejor? Es obvio que implica reconocer su propio fracaso y parecería ser la antesala de su dimisión por incompetente. Pues nosotros podemos ver cómo responsables de servicios públicos dicen tranquilamente que los padres prefieren la enseñanza privada a la pública y que por eso hay que darle más dinero a los colegios concertados y retirárselo a la escuela pública. Por ejemplo, Esperanza Aguirre señalaba en 2011 que su política respondía “a la demanda en muchos casos mayoritaria” que existe en la comunidad en enseñanza concertada y formaba parte de “los ejes fundamentales de la política educativa” de su Gobierno, que está “decidido a promover y garantizar” la libertad de los padres para elegir la educación que prefieren para sus hijos.
En nombre de la sacrosanta libertad de los padres, se restan fondos para los centros públicos de los que ella es máxima responsable en esos momentos. ¿Es eso un ejemplo de buena gestión o una demostración de desidia en la gestión de lo público?
En la misma línea se mueven la mayoría de los procesos de privatización, externalización o como quieran llamarlo de los servicios públicos. Se saca a concurso con presupuestos inferiores a los que se vienen dedicando y en el baremo de selección se da el peso decisivo a la oferta más barata, despreciando la competencia en la gestión y la experiencia de los concursantes. Naturalmente, gana la contrata una empresa que probablemente jamás ha trabajado en el sector. Y quedan fuera otras ofertas como las cooperativas de trabajadores con amplia experiencia en el servicio público.
¿Puede sorprender que los concesionarios reduzcan inmediatamente el personal y la calidad del servicio? Nuestros gestores públicos dirán con orgullo que han conseguido mantener el servicio igual que antes pero mucho más barato. Cuando surgen los problemas, la cuestión es de la empresa concesionaria pero no suya. No es su responsabilidad la bajada de presupuesto, no es su responsabilidad la contratación de incompetentes, no es su responsabilidad que el servicio público no se preste. ¿Cuál es entonces su cometido? De nuevo, ¿es eso un ejemplo de buena gestión o una demostración de desidia en la gestión de lo público?
El deterioro paulatino de la sanidad pública cuando la gestión cae en manos privadas empieza a ser evidente. No importa el servicio sino la cuenta de resultados. Las prestaciones caras y los enfermos costosos son despreciados y se trabaja para absorber las prestaciones de bajo coste y alto margen de beneficio. Claro, la comparación entre los gestores públicos (obligados lógicamente a atender a todos los ciudadanos) y los privados (que solo se quedan con los rentables) muestra que estos son más eficientes. Sin comentarios.
La saturación de las urgencias, ligada a la pésima gestión en relación con los centros de salud es otro síntoma. Como la venta de viviendas de protección oficial a fondos que modifican las condiciones y desahucian a los inquilinos. ¡Qué gran gestión de los bienes públicos y de los derechos de los ciudadanos!
Otro ejemplo. Se conceden en muchos departamentos públicos subvenciones para realizar determinados proyectos: a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, a equipos de investigación…Naturalmente, se exige presentar un montón de documentos explicando qué se quiere hacer, objetivos, medios…Al final del proceso, como es debido, se rinden cuentas de la utilización de los fondos públicos. Uno esperaría que se dedicara a esa tarea un grupo de funcionarios que comprobaran cómo se habían conseguido los objetivos públicos para los que se había otorgado la subvención. Pues no: últimamente se ha externalizado esa tarea y son empresas privadas de auditoría (¡contable, claro!) las que cobran de la Administración Pública correspondiente para realizar esa tarea.
Naturalmente, el control se refiere a la revisión de hasta la última factura, con criterios tan estrictos que bien parece que cobren en función del dinero que obliguen a devolver al receptor de la ayuda. El control es prácticamente nulo en lo referente a los objetivos conseguidos, a la calidad del servicio. Hemos vivido el caso de tener que devolver la casi totalidad de la ayuda concedida a un proyecto por un fallo formal en un contrato, aun reconociendo el controlador que el servicio se había realizado satisfactoriamente y que detrás del fallo formal no había fallo material. No parece que sea la mejor forma de gestionar eficientemente los servicios públicos.
Eso sí. La derecha muestra una enorme eficacia en el maquillaje de las cifras. Que las listas de espera de atención médica se deterioran, se cambian los criterios de cómputo para que den el resultado adecuado. Que el paro aumenta, se cambia la legislación para que se cree empleo de ínfima calidad (ya no garantiza salir de la pobreza) pero que aparentemente se reduzcan el número de desempleados. Poco importa que la mitad de la población activa esté parada o con empleos precarios y a tiempo parcial o que se vayan muchos profesionales de elevada preparación.
¡Es ejemplar cómo se juega con los presupuestos! Se incrementan las cifras destinadas a becas y a investigación y se reduce el gasto en defensa, se dice. Claro es que el presupuesto de becas deja de ser ampliable según las necesidades (como lo fue siempre) por lo que el gasto efectivo final resulta muy inferior al de años anteriores. Claro es que la mayor parte del gasto en investigación va a defensa o a créditos que hay que devolver (si es que no te prohíben endeudarte). Claro es que el presupuesto para defensa se amplía generosamente a lo largo del ejercicio y que la parte más importante de la deuda pública que pesa sobre nuestros presupuestos proviene de gastos militares.
Quizás estas apariencias y la eficaz maquinaria mediática a su favor expliquen por qué todavía tanta gente piensa que la derecha gestiona mejor. Creo que para ser un buen gestor de lo público, la primera exigencia es creer en el servicio público. Pero quien piensa que el mejor impuesto es el que no existe y que lo público es siempre peor que lo privado no puede ser un buen gestor de los intereses colectivos. Los hechos lo confirman.
Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.
