La Guardia Civil investiga la trama catalana del 'caso de los ERE' desde hace un año
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hace casi un año que viene investigando la conexión catalana del caso de los ERE de Andalucía, desvelada el pasado lunes por este blog y que salpica a personalidades del PP y de CiU. En un auto fechado el 15 de julio de 2011, la jueza Merceces Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y encargada de la instrucción del caso de los ERE, ordenaba, entre otras cosas, que la UCO “investigue ampliamente la interrelación entre Vitalia Vida, Fortia y Apra Leven, su composición, sus modos de actuación, la descapitalización de Fortia a través de la Cía. Apra Leven, la relación de la Junta de Andalucía, Consejería de Empleo, con las mencionadas aseguradoras, el conocimiento por sus responsables de la ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta de Andalucía y cómo ésta contrata con Fortia y Apra Leven sin comprobar la ausencia de solvencia económica y sin cumplir con el principio de concurrencia”.
Aunque la juez no ha comunicado a las partes personadas en el caso ERE los resultados de la investigación de la UCO, fuentes judiciales señalan que la magistrada ya ha recibido algunos informes de esta unidad de la Guardia Civil.
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La jueza Alaya también ordena en el auto que investigue al Banco Vitalicio, del grupo Santander, por la tramitación de las prejubilaciones de los afectados por los ERE, especialmente las de Mercasevilla. Sin embargo, el Vitalicio era, al principio, la aseguradora que utilizaba Vitalia, consultora elegida por la Junta de Andalucía, hasta que constituyó Vitalia Vida a partir de Fortia, Apraleven y varias de las mutuas del entorno del financiero catalán Eduardo Pascual, ex presidente de Eurobank, y de la administradora que le sustituyó en la entidad, María Vaqué. Todas las sociedades están inmersas en un procedimiento penal promovido por la Fiscalía de Barcelona por malversación y estafa, en la que las responsabilidades civiles ascienden a más de 35 millones de euros.
El grupo de empresas de Vitalia también está siendo investigado por el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la causa principal del denominado caso Eurobank, en el que se investiga el expolio de la desaparecida entidad financiera catalana por empresas del entorno de su ex presidente, Eduardo Pascual, y de María Vaqué, que le sustituyó tras la intervención del banco en 2002 por el Banco de España. En un auto emitido por el juez Ruz el pasado 13 de abril que pasaba las diligencias previas a procedimiento abreviado –es decir: en el que los imputados pasaban a estar formalmente acusados–, el magistrado ordenaba que siguiera con la investigación de Vitalia, Fortia, Norton Life y casi todas las empresas del entorno de Eduardo Pascual.
El pasado 11 de mayo, la acusación particular en nombre de la Asociación de Inversores y/o Accionistas Afectados por la Administración de Eurobank, presentó un escrito al juez Ruz en el que le recordaba las empresas del entramado de Pascual que en su día había ordenado investigar su predecesor en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Entre ellas figura Real State Acquisitions in Spain, que durante la época del expolio de Eurobank tuvo como administradores a peronas próximas al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el hoy director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al PP, como Jesús Martínez-Pujalte, hermano del portavoz de economía del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte.
No es la primera vez que personalidades del PP aparecen relacionadas con el caso de los ERE de Andalucía. La Junta abonó cerca de 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, en 2001 por asesorar al Gobierno Andaluz en la tramitación de un ERE considerado fraudulento en la empresa pública Santana Motor.
Los vínculos de Convergència con el caso proceden de las conexiones del entorno de Eduardo Pascual con dirigentes y conocidas personalidades del partido del presidente de la Generalitat, Artrur Mas. En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, ex presidente del Pala de la Música y principal imputado el el procedimiento judicial por el expolio de 32 millones de euros de las arcas de esta última entidad.
Precisamente, un reciente informe policial remitido al juez del caso Palau relaciona directamente la desaparición de parte del dinero con la presunta financiación ilegal de Convergència. Pero las relaciones de Pascual Con Convergència van más lejos, y en un círculo que parece cerrarse vuelven de nuevo a los ERE de Andalucía. Algunos de los trabajadores reales afectados por los ERE de Mercasevilla, hace tiempo que no cobran las prestaciones complementarias que debían pagarles las mutuas controladas por el entorno de Pascual, como Apra Leven. Llevan meses sin cobrar o haciéndolo de manera irregular. Curiosamente, Jordi Conejos, ex director general de Industria del Gobierno de Jordi Pujol y nombrado director general de la Agrupació Mútua en virtud de un acuerdo entre Miquel Roca y el consejero de Economía de CiU en 2003, Francesc Homs, fue consejero delegado de Apra Leven. Fue durante el mandato de Conejos en la Agrupació Mútua cuando Eduardo Pascual fue nombrado consejero de la entidad.
Por eso, entre los afectados por la descapitalización de Eurobank que acusan a Pascual en la Audiencia Nacional, ha cundido el desconcierto por el hecho de que el bufete de Miquel Roca Junyent, ex secretario general de Convergència, haya logrado personarse como acusación particular en la causa principal del caso Eurobank en la Audiencia Nacional.
