Por qué importan al país las elecciones en Castilla y León

Las elecciones en Castilla y León convocadas para el 13 de febrero tienen una excepcionalidad de origen: se trata del primer adelanto de comicios en una comunidad autónoma que se caracterizaba desde hacía casi cuatro décadas por un escrupuloso cumplimiento de los calendarios electorales. El 20 de diciembre pasado, el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, anunció por Twitter la nueva cita con las urnas en medio de acusaciones de “deslealtad” y “traición” a su socio de gobierno, Ciudadanos, que según el mandatario estaría intrigando con el PSOE para apartar del poder a los conservadores.

Aunque en los mentideros políticos se daba por hecho el adelanto electoral, el intempestivo anuncio, acompañado de la destitución fulminante de los cuatro consejeros de Ciudadanos, dejó descolocado al partido naranja, cuyo vicepresidente en el Gobierno, Francisco Igea, se encontraba justo en ese momento en una entrevista de radio exaltando la solidez del pacto de gobierno. Nueve meses antes, Ciudadanos había enviado un mensaje de lealtad a sus socios al votar contra una moción de censura promovida por el PSOE. Con esa actuación creía haber disipado las sospechas de que la aventura de Murcia, donde había intentado dinamitar mediante un acuerdo secreto con los socialistas su pacto de gobierno con el PP, se replicaría en Castilla y León y las demás comunidades cogobernadas por populares y Ciudadanos. Mañueco sorteó la moción de censura, pero el Gobierno perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, porque una de las procuradoras del partido naranja abandonó el grupo y se pasó al de los no adscritos. A partir de ese momento, para sacar adelante sus iniciativas, el mandatario quedó abocado a contar con el voto del cada vez más agresivo Vox, además de los 11 de Ciudadanos, un socio del que no se acababa de fiar.

¿Fue el temor a un horizonte de inestabilidad lo que llevó al presidente castellanoleonés a convocar elecciones anticipadas? ¿Influyó en ese precipitado adelanto el hecho de que en marzo comienza el juicio por el caso Perla Negra, uno de los escándalos de corrupción que afronta el PP castellanoleonés? Ambas hipótesis, no excluyentes, son verosímiles, pero todo indica que, al margen de las motivaciones domésticas, la decisión guarda plena sintonía con los intereses del cuartel general del PP en Génova. Y sus consecuencias serán determinantes para la reconfiguración del mapa político español. Más que unos comicios regionales, estamos ante una operación de alcance nacional donde Castilla y León es un crucial laboratorio en el que todo estará en juego: el liderazgo de Casado, los márgenes de resistencia de Ciudadanos ante la amenaza de deglución por el PP, el potencial expansivo de Vox y su eventual entrada en gobiernos autonómicos, la salud de Podemos y la capacidad del PSOE para revertir los presagios de una marea azul en los próximos comicios autonómicos, con los efectos de agitación ambiental que ello tendría como antesala de las elecciones generales. A ello hay que sumar las perspectivas de España Vaciada, plataforma creada contra el despoblamiento del campo y que ha presentado candidaturas en cuatro de las nueve provincias castellanoleonesas.

Para comprender este embrollo, resulta imprescindible mirar a Madrid, la “España dentro de España” de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña reaccionó al órdago murciano convocando de inmediato elecciones anticipadas, que se celebraron en mayo de 2021. De ser la segunda fuerza de la Asamblea regional y cogobernar con Ciudadanos, el PP arrasó y quedó al borde de la mayoría absoluta, lo que le ha permitido gobernar con relativa tranquilidad en solitario con los apoyos de Vox, que apenas consiguió un escaño adicional a los que ya tenía. Al menos de cara a la galería, Casado celebró aquella impresionante victoria, pero en el fondo sabía que no era suya, sino de su archirrival en el partido, cada vez más crecida en las encuestas de popularidad y que, a diferencia de su líder nacional, mantiene una buena sintonía con Vox y no ve problema en pactar con los de Abascal. Casado necesitaba una victoria propia para reafirmar su liderazgo, y las circunstancias se conjugaron para que el escenario fuera Castilla y León, bastión histórico del PP cuyo presidente le es leal y tiene presuntamente el viento electoral a su favor.

En los comicios de 2019 se rompió un ciclo de victorias del PP de más de tres décadas al ganar el PSOE en número de votos, pero Mañueco logró la investidura gracias al apoyo de Ciudadanos. Lo que pretende ahora es emular la hazaña de Ayuso y aglutinar el 13 de febrero a todo el espectro de la derecha en torno a su candidatura, a expensas de Vox y de la formación de Arrimadas. La mayoría de las encuestas otorga a los populares una ventaja holgada y al mismo tiempo un significativo ascenso al partido de Abascal, que hoy cuenta con solo un procurador en el Parlamento autonómico. Sin embargo, el barómetro preelectoral del CIS divulgado este miércoles pronostica un práctico empate entre el PP y el PSOE, lejos de la mayoría absoluta, dejando completamente abierto el abanico de posibles alianzas, aunque con más margen de maniobra para los populares. Vox obtendría entre cuatro y ocho escaños; un aumento notable en términos porcentuales, pero insuficiente para tirar cohetes. En todos los sondeos, Ciudadanos sufre una caída aparatosa. Es decir: si no consigue mayoría absoluta, Mañueco podría necesitar a Vox, salvo que la aritmética de los resultados y su habilidad negociadora le permitan tejer una mayoría con el hoy “traidor” Ciudadanos (en política todo es posible) y las pequeñas formaciones regionales. Y el partido de Abascal ha avisado de que ya no está para dar apoyos desde el margen. Que su voluntad es comenzar a entrar en los gobiernos para desarrollar sus programas.

Para Casado supondría una derrota política que su primera gran apuesta para afianzar su liderazgo desemboque en la primera entrada de Vox -partido que no cesa de desafiarlo y ridiculizarlo en público- en un gobierno autonómico, con lo que ello implica para el blanqueamiento definitivo de la extrema derecha en el país. ¿Se tragaría el líder del PP semejante cáliz en nombre de la ‘realpolitik’? ¿Aceptaría como un mal menor un apoyo externo de Vox, si es que este renunciara a sus pretensiones de cogobernar, o instruiría a Mañueco para que evite cualquier dependencia del partido de Abascal? En este último caso, y por descabellado que suene, ¿plantearía el PP al PSOE un experimento piloto de ‘grosse koalition’ (Casado habló recientemente de esa fórmula como un escenario posible tras las próximas elecciones generales, aunque enseguida reculó tras los ataques de la derecha radical) o, al menos, le pediría que le facilitara la investidura (como hizo en 2016 el PSOE, aunque en un contexto muy distinto, al permitir con su abstención la investidura de Rajoy)?

Son interrogantes para la hipótesis de que el PP tenga la sartén negociadora por el mango. Pero, si nos atenemos al barómetro del CIS, existe la posibilidad, por complicada que parezca, de que el PSOE se haga con el Gobierno. De salirles las cuentas, los socialistas buscarían seguramente un pacto con Ciudadanos y Unidas Podemos, una fórmula a la que el candidato morado, Pablo Fernández, se ha mostrado abierto. El liderazgo de Casado quedaría en ese caso seriamente lesionado, más aún si el terremoto se replica en Andalucía, donde el PP, que quedó segundo en las elecciones de 2019 -al igual que en Castilla y León y Madrid-, gobierna con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. De momento, el partido naranja se ha mantenido leal al presidente Juanma Moreno, pero la política, ya se sabe, es mudable y todo puede dar un vuelco en menos de lo que canta un gallo, ya sea mediante una moción de censura o con un replanteamiento de alianzas tras unas elecciones.

Una de las incógnitas de las elecciones del 13 de febrero es qué sucederá con el partido de la España Vaciada. Castilla y León es la comunidad que está sufriendo con más rigor el fenómeno del despoblamiento. Es la autonomía más extensa: su superficie representa el 18,6% del territorio español (supera en tamaño a 17 estados de la UE), pero alberga a apenas el 6% de la población del país. El 80,2% de los municipios tienen menos de 500 habitantes y el 70% se encuentra en situación de “desierto demográfico”, con una densidad inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La sangría poblacional de Castilla y León es incesante: en las dos últimas décadas ha visto reducir el número de habitantes en casi un 3%. Se marchan sobre todo los jóvenes, en lo que constituye una preocupante ‘fuga de cerebros’, y su modelo productivo se sostiene en actividades poco intensivas en conocimiento.

No es un cuadro que permita colgarse medallas a un partido que ha gobernado ininterrumpidamente durante 34 años. ¿Podrá España Vaciada o cualquier otro partido capitalizar el creciente sentimiento de rebelión contra el abandono territorial que se está abriendo paso en distintas comunidades y entre las nuevas generaciones? Las elecciones de Castilla y León permitirán establecer si ha llegado el momento para que este problema larvado durante décadas dé el salto definitivo a la agenda política nacional.

Todo está abierto en el laboratorio castellanoleonés. El 13 de febrero podremos ver las aleaciones y reacciones que produzca ese interesante experimento de química política.