Lo que nos jugamos en Europa

En el debate electoral en el que ya estamos metidos, el futuro de Europa está ausente. Dada la actual situación del mundo, con férreas estrategias de Estados Unidos y China, con sus respectivos acólitos, para controlar recursos básicos, crear vínculos de dependencia y someter a su dictado a terceros países, el papel de Europa en defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la capacidad de regulación para sostener tales objetivos resulta primordial. La oleada de elecciones que se avecina, con el 29 de noviembre como primera fecha señalada, es de aúpa, y según cómo acabe decantándose, la Europa que salga de ella será difícilmente reconocible para quienes fueron sus padres fundadores, de Jean Monnet a Altiero Spinelli, o para quienes más recientemente contribuyeron decisivamente a su enraizamiento, como Simone Veil o Jacques Delors.

Los debates y las tensiones que hoy atraviesan continentes no son manejables desde países como los europeos, a los que les falta escala y recursos para contar por sí mismos en el escenario global. España necesita a Europa, y eso sucede, en mayor o menor medida, en cada uno de los veintisiete socios que componen la Unión. Nada de ello es nuevo, está en los informes Draghi y Letta, y es cada vez más perentorio avanzar hacia una Europa más articulada y más internamente cohesionada para afrontar los vaivenes de un cambio cada vez más acelerado y descontrolado. Pero, a pesar de todo ello, los veintisiete se despidieron la pasada semana en Bruselas sin acuerdo sobre el marco financiero 2028-2034.

Se han discutido y rechazado ya tres propuestas de acuerdo: la de la propia Comisión, la de Chipre y esta última de Irlanda, que ocupa ahora la presidencia. Como bien decía el corresponsal de elDiario.es en Bruselas, Rodrigo Ponce de León, se mantiene el objetivo de aprobar el presupuesto antes de que termine 2026, para que los fondos de la UE sigan distribuyéndose sin interrupciones, pero las posibilidades de que ello sea factible son por ahora muy reducidas. Aparentemente estamos en un escenario ya conocido. Unos países, los “frugales” (también denominados entre bambalinas los “brutales”), quieren reducir sus aportaciones a la UE. Todos ellos contribuyen más de lo que reciben. Otros, los “amigos de la cohesión”, quieren aumentar el conjunto de aportaciones e incrementar así un presupuesto común que apenas supera el 1% de la renta del continente. Todos ellos, unos más y otros menos, reciben más de lo que aportan. Otros, muy pocos, no acaban de definir su posición.

Sería un error leerlo como otro episodio de la liturgia presupuestaria europea, en la que todos acaban cediendo a última hora. Lo que se discute no es cuánto, sino para qué. Y sobre todo, qué tipo de Unión queremos ser. Porque lo que distingue a la UE de una simple zona de libre comercio es precisamente su capacidad de redistribuir y de articular, de trasladar recursos de donde sobran a donde faltan, de compartir riesgos que ningún Estado puede asumir solo, de coordinar respuestas que por separado serían contradictorias. Lo vimos con la pandemia. Por primera vez, la Unión se endeudó en común y financió con el Next Generation la recuperación de las economías más golpeadas. Aquello no fue caridad, fue la constatación de que, si caía Italia o España, caía también el mercado del que viven Alemania y los Países Bajos. Un presupuesto comunitario es siempre una declaración política en la que se dice qué se comparte y qué se deja a la suerte de cada uno.

Y lo que viene no invita a dejar nada a la suerte de cada uno. Este mismo fin de semana, Francia ha vivido jornadas de protesta masiva que, nacidas de la indignación de estudiantes de los suburbios por el estado de sus escuelas, han acabado en disturbios de extrema gravedad a pocos meses de unas presidenciales en las que la extrema derecha aspira, como nunca, a llegar al Elíseo. El mismo sábado, Milán, Turín y Bolonia vivieron enfrentamientos en manifestaciones contra el coste de la vida, en una Italia que votará antes de que acabe 2027. Estados Unidos celebra sus elecciones el 3 de noviembre, con un Trump que convierte cada votación en un plebiscito sobre su forma de gobernar. Israel vota el 27 de octubre, en plena prolongación de las guerras en Oriente Próximo. Es un escenario turbulento, en el que las tensiones internas crecen por doquier y en el que los gobiernos nacionales tienen menos margen para amortiguarlas.

El horizonte económico tampoco ayuda. Martin Wolf advertía hace unos días en el Financial Times que la economía mundial sigue siendo una potente máquina de crecimiento, pero que “crecer es una cosa y crecer de forma estable, otra muy distinta”. Señalaba la fragilidad del suministro energético, la concentración de riesgos en la inversión en inteligencia artificial y una política estadounidense que califica de “temeraria e inmoral”. Desde posiciones muy distintas, Michael Roberts habla de una “resiliencia dentro del estancamiento” que puede estar llegando a su fin, con una posible burbuja de la IA a punto de estallar y una eurozona que apenas crecerá un 1,1% este año, con Francia e Italia por debajo. Ambos coinciden en que vuelve a hablarse de consolidación fiscal, es decir, de austeridad. Si llega una nueva crisis, cada Estado la afrontará con las cuentas tensionadas y las calles agitadas.

Por eso necesitamos más Unión, no menos. Y por eso lo que acaba de ocurrir en Bruselas es tan preocupante. La propuesta irlandesa mantenía la agricultura y la cohesión, y recortaba lo que precisamente tiene sentido abordar conjuntamente como es defensa, tecnología, competitividad, acción exterior. Ni aun así hubo acuerdo y las perspectivas de acuerdo no son buenas a corto plazo.

Se me dirá que es fácil defender todo esto desde España, que durante décadas ha recibido más de lo que ha aportado. Es verdad, y no hay que esconderlo. Pero el argumento vale también para quienes pagan más de lo que reciben. Primero, porque el saldo neto es una contabilidad engañosa, ya que no recoge lo que ganan las empresas alemanas, neerlandesas o suecas vendiendo en un mercado de cuatrocientos cincuenta millones de personas, ni lo que se ahorran por no tener que negociar veintisiete veces cada norma. Segundo, porque la Unión funciona como un seguro. Uno no paga la póliza porque espere que su casa arda, sino porque nadie sabe dónde caerá el rayo en la próxima tormenta. La crisis financiera golpeó primero al sur, la energética al este y al centro industrial, la pandemia a todos. En un mundo de cambios acelerados, la pregunta para un neerlandés o un danés no es cuánto pone, sino si estará mejor preparado para afrontar una recesión, una guerra comercial con Washington o una crisis energética en compañía o en solitario. Y la respuesta, creo, es bastante evidente. Por cierto, España está a punto de convertirse en contribuyente neto, y la posición del Gobierno no ha cambiado por ello.

La amenaza más seria para ese proyecto, sin embargo, no está en Washington ni en Pekín. Está dentro. La extrema derecha europea ya no propone salir de la Unión, tras ver lo que le costó al Reino Unido, sino vaciarla desde dentro. Defiende una “Europa de las naciones” con menos competencias, menos presupuesto y sin condicionalidad democrática. En el debate presupuestario se produce así una convergencia inquietante: frugales y ultras coinciden en querer una Unión pequeña. Los primeros por prudencia fiscal, los segundos por convicción política. Unos quieren pagar menos, los otros quieren que Europa pueda menos.

Vox es una pieza de ese engranaje. Se sienta en Patriotas por Europa junto a Le Pen y Orbán, defiende una “Europa de las patrias” y acaba de sumarse a la acusación de que Bruselas es “la verdadera amenaza para el Estado de derecho”, precisamente por los mecanismos que vinculan los fondos al respeto de las reglas democráticas. Es el euroescepticismo de siempre con otro envoltorio. Ahora no se pide salir, se pide que Europa no pueda nada. Y eso nos afecta directamente, porque el próximo Gobierno español será quien tenga que firmar, o bloquear, el acuerdo presupuestario.

Aquí está el problema del PP. Feijóo ha dicho en Bruselas que no aceptará recortes en la PAC y que lo que hay que recortar es la burocracia. Pero no ha dicho qué piensa sobre el tamaño del presupuesto, sobre los nuevos recursos propios o sobre que posición tomar ante las propuestas de Draghi o Letta. Su silencio se explica ya que para gobernar necesitará a Vox y un discurso europeísta rotundo le complicaría esa alianza. El resultado es una posición ambigua. La pregunta es inevitable: ¿cómo piensa defender una Unión más fuerte quien necesita los votos de quienes trabajan para debilitarla? El margen de maniobra de cualquier Gobierno español, en vivienda, en industria, en energía o en seguridad, depende cada vez más de lo que Europa sea capaz de hacer. En el escenario global que tenemos la alternativa a una Europa con voz propia no es una España más soberana, sino una España más aislada. Eso es lo que nos jugamos, y es lo que deberíamos discutir antes de votar.