Hay justicia más allá del ladrillo

En una edición del programa La Sexta columna (La Sexta), dedicado a la desigualdad, el fiscal experto en delitos económicos que ordenó la detención de Rodrigo Rato, Carlos García Berro, aparecía sentado junto a una montaña de expedientes. Rodeado de columnas de papel explicaba una de las muchas y reiteradas demandas de quienes trabajan en los juzgados y quieren mejorar su función: “Lo que nos gustaría es tener lo que tienen muchos abogados, que tienen en sus dispositivos móviles toda la información escaneada y tienen acceso inmediato a toda la información en cualquier momento y en cualquier lugar en que se encuentren; sin embargo nosotros no disponemos de esos medios”. La justicia tiene problemas y hay que resolverlos. Las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados coinciden que la solución pasa por más personal y más medios.

Pero la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los problemas de la justicia ha sido similar a la que ha dado a las demandas de la sanidad, el deporte, la movilidad o la cultura: construir. Cada vez que un problema ha llegado a la mesa de Esperanza Aguirre o de Ignacio González la respuesta ha sido la misma: ladrillos, cemento, grandes negocios privados y mucho dinero público. Curiosamente, esa respuesta siempre la han dado a un reducido grupo de empresas constructoras. En este marco es donde hay que colocar el proyecto de Eurovegas o el delirio olímpico; financiar enormes edificios y luego ya se las arreglarían los madrileños con sus consecuencias –su deuda–.

No necesitamos una Ciudad de la Justicia; necesitamos justicia para las ciudades y los pueblos. Si la inversión que quieren hacer en ella fuera dirigida a dotar a los juzgados de recursos, de más jueces, a financiar debidamente el turno de oficio y digitalizar integralmente su documentación, se agilizarían los procesos y la imagen que la ciudadanía tiene de ella mejoraría. Pero esa mejora haría menos comprensible y más visible la falta de independencia en alguno de sus ámbitos, desaparecería la prescripción de algunos delitos a causa de su lentitud o escandalizarían mucho más las casualidades, como el hecho de que dos de los miembros de la sala del Tribunal Supremo que juzgará la trama Gürtel son especialmente cercanos al Partido Popular.

Que los responsables políticos de una administración conozcan estos problemas y pudiendo arreglarlos (claramente no es por falta de recursos) no les den solución, no es sólo una decisión política sino un incumplimiento de sus deberes. Y esa forma de mirar para otro lado, de primar otros intereses que no son los de la mayoría de la ciudadanía, es lo que ha caracterizado a ese tiempo político que se resiste a terminar.

Hay que recordar además que la gestión del proyecto se ha llevado a cabo bajo las órdenes de Salvador Victoria, exconsejero de Justicia, imputado en la trama Púnica, que dimitió recientemente, según sus explicaciones, sólo por facilitar el acuerdo entre Cristina Cifuentes y Ciudadanos.

Pese al dictamen de la ciudadanía, que le ha restado 28 escaños en Asamblea de Madrid, el Partido Popular continúa adelante con proyectos innecesarios como la Ciudad de la Justicia. Eso significa que no tiene voluntad de abandonar el modelo de gestión que ha permitido anidar el desarrollo de tramas corruptas como la Púnica. La transferencia de grandes cantidades de dinero público a un pequeño grupo de empresas de la construcción, impide el desarrollo de otros sectores que podrían dinamizar la creación de empleo y afianzar una diversidad económica con más potencialidades y menos dependencia del ladrillo.

Cristina Cifuentes no hizo mención durante la campaña la Ciudad de la Justicia. Hay que recordar que ya tiene un acuerdo con Ciudadanos y que políticamente cualquier movimiento que se produzca ya será en su periodo de presidencia. El pacto al que han llegado va a permitir que gobierne el mismo Partido Popular que ha entregado el timón de las instituciones a proyectos vinculados a la construcción.

Una de las primeras acciones del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha sido la petición de una Comisión de Estudio del endeudamiento y la corrupción. La gestión PP en el Gobierno madrileño ha hecho que en ocho años la deuda de la Comunidad haya pasado de 10.000 a 25.000 millones de euros. Hay que analizar qué ha ocurrido con ese dinero, cómo se han tomado las decisiones y articular las medidas pertinentes, en caso de que se detecte cualquier irregularidad. Para ello, es necesario abrir la caja negra del gasto y que sean accesible todos y cada uno de los archivos. Inicialmente todos los partidos políticos están de acuerdo con esta iniciativa. El problema estaría en que la Comisión tuviera que empezar sus trabajos analizando la concesión irregular de la Ciudad de la Justicia.

La ciudadanía madrileña reclama una gestión transparente y que los recursos públicos sirvan para proteger a quienes dependen de ellos y para ofrecer servicios de buena calidad. La nueva mirada hacia la política ha llevado el cambio a las instituciones, pero la vigilancia y el control que ejerce la ciudadanía no debe cesar; hay que seguir trabajando para que lo que es de todos nos beneficie a todos. Esa será una forma de incuestionable de construir justicia.