Una huida hacia delante

El exconsejero de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que malversó ayudas de cooperación destinadas a gente necesitada de agua potable y canalizaciones, puede librarse de la cárcel por ahora si paga una fianza de 200.000 euros. No es un hecho aislado. Hace tan solo unos días se supo que cuatro exdirectivos de Caixa Penedés evitarán la prisión tras devolver sus pensiones millonarias.

Ambos casos son ejemplos de la impunidad con que opera una elite que controla el país y que, en su afán de enriquecerse sin límite, es responsable de casos de corrupción, de los recortes, de la precariedad de tantos, del aumento de la desigualdad. Mientras, los detenidos en las Marchas de la Dignidad de marzo continúan arrestados y dos sindicalistas que participaron en un piquete son condenados a tres años de cárcel.

Este modelo requiere una revisión. Con casi cinco millones de desempleados, con decenas de miles de jóvenes obligados a emigrar, con cientos de miles condenados a la precariedad y la explotación laboral, con unos servicios sociales en proceso de reducción y unos derechos fundamentales cuestionados por las autoridades, es legítimo reclamar una inspección a fondo del modelo actual, incluído el papel de la Casa Real, salpicada de casos de corrupción y dotada de un carácter antidemocrático, ya que ninguno de nosotros va a poder elegir al futuro jefe del Estado.

Evidentemente no estamos en el mismo contexto que en 1978, cuando se aprobó la Constitución actual, a la que algunos pretenden presentar como inamovible. Curiosamente, entre ellos están los mismos que defendieron la modificación de un artículo de la misma en 2011, y que supuso dar prioridad al pago de la deuda del Estado por encima de los intereses de la mayoría de la población (de ese modo hubo vía libre para los recortes de un gasto social que ya de por sí era de los más bajos de la UE).

Juan Carlos fue coronado en 1975. Tres años después se votó una Constitución que implicaba la continuidad de ese rey que había sido designado por Franco. En estos días, quienes defienden el statu quo pretenden convencernos de que lo que se votó en el 78 vale para ahora y para siempre jamás.

Las leyes pueden cambiarse para ajustarse a cada momento histórico. Y por supuesto, también las constituciones. Por ejemplo, la Constitución de EEUU ha sido modificada por varias enmiendas, entre ellas la que introdujo el sufragio femenino, la que limitó el cargo de presidente a dos periodos, o la que bajó la edad mínima para votar hasta los 18 años. Cabe recordar aquí las palabras del presidente estadounidense Thomas Jefferson, contrario a una Constitución perpétua:

“Ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua. Los miembros de una generación son dueños de sus propias personas y, por consiguiente, pueden gobernarlas como quieran...Cada generación es tan independiente de la precedente, como ésta lo fue de la anterior. Tiene pues, como ellas, un derecho a elegir por sí misma la forma de gobierno que cree que mejor promueve su propia felicidad”. Más aún, cuando el contexto del 78 difiere tanto del actual.

Pero es que además incluso en la Constitución española existen mecanismos que permitirían un referéndum. Así lo establece el artículo 92.1:

“Las decisiones políticas de especial trasdecencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

Es curioso observar cómo estos días se están desplegando todas las herramientas posibles -con Felipe González incluido- en defensa de la monarquía y en contra de dicho referéndum. Hasta Zapatero, que no suele prodigarse mucho en los medios, ha aparecido en escena para defender el modelo hereditario y vitalicio actual y presentarlo como democrático.

Algunos aseguran que son republicanos por principios pero que lo que más conviene al país es que todo siga igual. Otros apelan a la voluntad de la mayoría, afirmando que esta sociedad quiere monarquía y a Felipe como rey. Si tan seguros están, ¿por qué no organizan un referéndum para preguntarnos y para democratizar así la elección del sucesor de Juan Carlos?

Un puesto de jefe de Estado de carácter vitalicio es de naturaleza antidemocrática, se mire por donde se mire. Está exento de la responsabilidad pública que semejante cargo debería representar. Da igual lo mal que un rey lo haga, que seguirá siendo rey porque es “inviolable y no está sujeto a responsabilidad”, tal y como dicta la Constitución.

¿Es acaso democrático que no haya transparencia en las gestiones de un cargo público, cuando recibe dinero de las arcas del Estado?

En este sentido, el diario estadounidense The New York Times recordaba este pasado lunes, tras el anuncio de la abdicación, que el rey Juan Carlos posee una “fortuna opaca”, que ha llevado “un estilo de vida de lujo”, que llegó al trono “sin casi dinero” y que ahora, además de los casi 8 millones de euros anuales que la Casa Real recibe del Estado, cuenta con una gran fortuna. Y añadía:

“La forma en que ha amasado su considerable fortuna personal permanece en secreto. La riqueza de la familia real española se ha estimado en hasta 2.300 millones de dólares, una suma que sus defensores afirman está inflada por la inclusión de propiedades del Estado”.

Por mucho que el engranaje del régimen del 78 repita estos días como un mantra que la monarquía es democrática y necesaria, lo cierto es que aquí ha sido un elemento más de este escenario de impunidad que se ha beneficiado a costa de los intereses de la mayoría de la población. Su carácter mismo -hereditaria, vitalicia, sin rendición de cuentas- la sitúa en la órbita de lo antidemocrático.

Los grandes defensores del statu quo lo saben y por ello mismo se ha desplegado toda la maquinaria para intentar que nada cambie. A pesar del 15M y su “no nos representan”, a pesar del aumento de la desigualdad y los abusos del poder financiero, a pesar de los resultados del pasado 25M. El establishment apuesta, de nuevo, por una huida hacia adelante.