Malas noticias para la derecha: la amnistía no se aprobó aún

Ha ocurrido varias veces a lo largo de la pasada legislatura. Se habla de proyectos y de proposiciones de ley como si estos estuvieran ya aprobados, y esto confunde y hace creer a la gente que la norma ya está en vigor cuando, en realidad, tiene por delante todo un tiempo de tramitación que no asegura en ningún caso su aprobación. Unas veces la norma no prospera porque la echa atrás el Parlamento y, otras, porque termina la legislatura y se queda en un cajón. 

Uno de los casos más sonados de estas leyes que parecía que eran, pero no fueron es el de la Ley de Familias. La norma nunca llegó a aprobarse a pesar de hablarse de ella por parte del Gobierno como si fuera a entrar en vigor inmediatamente. En cambio, su proyecto empezó a tramitarse en marzo y ni siquiera fue abordada por la Comisión correspondiente para iniciar todo el trabajo de enmiendas. Hasta tal punto fue confusa la campaña de comunicación sobre esta ley que todavía, a fecha de hoy, llegan consultas a las ONG por parte de ciudadanas y ciudadanos sobre cómo acceder a las medidas anunciadas, como por ejemplo tramitar las familias monoparentales con dos hijos el carné de familia numerosa. Nada más lejos de la realidad: las familias monoparentales siguen desamparadas a nivel estatal y no hay nada en el nuevo acuerdo de gobierno que indique de forma explícita lo contrario, solo una nueva mención a que se tramitará la Ley de Familias.

Otro ejemplo de ley en ciernes y no vigente que movilizó a la opinión pública y mediática como si fuera a aplicarse al día siguiente fue la Ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que anunció Pedro Sánchez en plena campaña de las elecciones municipales para disipar todas las dudas sobre su compromiso con los derechos de las mujeres tras las controversias con la 'ley del sí es sí'. Ya entonces (mayo), el CGPJ aprobó un informe criticando la confusión que podría generar la aprobación de esa ley de representación paritaria. La diferencia al comunicado que ha emitido esta semana es que ese dictamen sí forma parte sus funciones dentro del proceso legislativo que siguen las normas, al ser el CGPJ uno de los órganos consultivos de los anteproyectos de ley del Gobierno. La ley de representación paritaria fue la última en entrar a trámite en el Congreso de los Diputados (finales de mayo) y ahí se quedó, reseñada y varada en su web. Sin embargo, titulares como 'El Gobierno aprueba la primera ley de representación paritaria para una mayor igualdad en órganos de decisión' se difundieron como una realidad consumada en prensa escrita y televisión. Medidas como la presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales (mediante listas cremallera), los colegios profesionales y los jurados de reconocimientos públicos nunca llegaron a aprobarse, no están en vigor, a pesar de lo que parte de la ciudadanía pueda pensar.

Este es un grave problema de estrategia de comunicación de los gobiernos de cualquier color, pero también de los partidos que están oposición y de los medios. Los gobiernos anuncian leyes que están proyectando o arrancan su tramitación como si fuesen a entrar en vigor, los titulares de prensa y las noticias dan por válida esa versión y hablan en presente de normas que están siendo impulsadas, pero no aprobadas, y los partidos de derechas, en la oposición, lanzan ataques apocalípticos contra estas iniciativas legislativas que auguran desastres inminentes como la destrucción de la familia, la ruina de las empresas, hombres que se harán pasar por mujeres para ganar medallas deportivas, expropiaciones de segunda vivienda, invasiones de extranjeros terroristas… Es cierto que no todos los ministerios actuaron igual en la pasada legislatura, y los hay que no inflaron tanto el suflé acompañando el debate público en paralelo con el debate parlamentario, sin hacer ese tipo de anuncios como quien inaugura pantanos. 

Qué peligrosa es esa lógica política y mediática que no distingue –o no sabe distinguir– entre lo que es una norma que tiene por delante toda su tramitación y lo que es una iniciativa legislativa que se aprueba para su posterior entrada en vigor. Esa lógica se puede llegar a entender en quien está en el poder y quiere hacer creer que su gestión está llena de éxitos y logros y su programa político avanza. Pero es difícil de comprender en quienes están la oposición, puesto que se asemeja a una dejación de funciones, a una renuncia de su labor política de trabajar dentro de las instituciones, como parte del poder legislativo, en la tarea modificar, mejorar o frenar las normas que son registradas en los parlamentos o propuestas desde los gobiernos, primero a través del debate parlamentario y después haciendo uso de los recursos legales que existen contra aquellas normas que considere inconstitucionales. 

No se entiende el interés de PP y Vox, ante una ley que no se ha aprobado, ni está registrada siquiera, de hacer creer que se va a amnistiar a Puigdemont y el resto de condenados de forma inmediata. No se entiende si no es con el fin de desasosegar a su electorado para que salga a la calle en tromba a quemar la sede de Ferraz, real o metafóricamente, no se sabe bien. El actual escenario de protestas violentas por parte de la extrema derecha en las sedes del PSOE viene de la polarización mal intencionada por parte del PP y de Vox y solo sirve para desestabilizar la confianza en las instituciones del Estado. Si lo que se quiere es que no entre en vigor la futura Ley de Amnistía hay otros cauces. Es un imperativo democrático que estas formaciones políticas expliquen con claridad que la amnistía ni está aprobada ni está vigente, a no ser que les salga a más cuenta dar a entender lo contrario. 

Es momento de que asuman su responsabilidad parlamentaria para, una vez se registre el contenido de su articulado en el Congreso, transmitan un mensaje de calma a la ciudadanía de que este proyecto será sometido al escrutinio de las dos Cámaras para proponer, modificar y rechazar aquellos aspectos que consideren. Lo que no puede ser es que se ataque a Pedro Sánchez por decir que cambia las reglas del juego para imponer su voluntad, al tiempo que el PP cambia el reglamento del Senado para imponer la suya. Lo que no tiene sentido es que se crítique la mención al término lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts mientras el parrido de Feijóo cuestiona al Tribunal Constitucional al decir que es un tribunal de parte. 

Al final va a ser verdad que es la democracia lo que está en juego, pero no porque Pedro Sánchez haya hecho las negociaciones pertinentes con partidos elegidos en las urnas, negociaciones que pueden llevarle a ser, legítimamente, presidente de Gobierno; sino porque PP y Vox parece que solo pueden enfrentar los grandes desafíos políticos no con negociaciones ni diálogo sino apoyándose en los que defienden España con vivas a Franco, gritos de “Sánchez a prisión”, cánticos racistas y homófobos, carteles que ponen “Bienvenidos al 36.Vol II”, “Aquí hace falta un Tejero, pero de los de verdad” o “La Constitución destruye tu nación”. Consignas y proclamas todas ellas incendiarias y fascistas que han podido escucharse esta semana en las calles de Madrid –única ciudad de España donde han ocurrido estas protestas violentas– junto con enfrentamientos violentos con la policía. 

Por eso, qué importante y necesario es ahora, con el tema de la ley de amnistía, que la ciudadanía comprenda cómo se tramita una ley en nuestra democracia, porque es en esa tramitación donde reside, precisamente, una parte de la calidad democrática que ahora ponen en cuestión los sectores más conservadores y donde se puede vislumbrar dónde están los intereses de cada partido. No vaya a ser que, al final, las malas noticias para Vox y PP sean que la ley todavía no está aprobada. No vaya a ser que les convenga hacer creer que la amnistía es una realidad, cuando la única realidad es que todavía puede pasar de todo dentro del Congreso y el Senado durante el proceso de tramitación hasta su supuesta aprobación. Es ahí donde reside ahora la voluntad del pueblo; negarlo es negar el resultado electoral, como hicieron Bolsonaro y Trump.