No diga Koldo, diga Puigdemont

A Pedro Sánchez ya no le basta con un manual de resistencia. Necesita uno de supervivencia para situaciones extremas. Hace unos meses, hubiese sido un disparate defender que el mejor salvavidas del presidente era Carles Puigdemont, pero ahora el líder de Junts se ha convertido en el único que puede garantizarle una legislatura que ya se ha comprobado que será un campo de minas. No diga Koldo, diga Puigdemont.

Con una tramitación algo más que tortuosa y otra vez a última hora, cosa que mucha confianza no transmite, el PSOE y Junts han acordado el redactado definitivo de la ley de amnistía. Tras el texto pactado el 13 de noviembre, el partido de Puigdemont dijo que no presentaría enmiendas porque ya cumplía “todas sus expectativas”. Después, matizaron que estaban dispuestos a apoyar la de algún otro grupo. Pero no solo acabaron reclamando cambios en el redactado que ellos habían bendecido sino que lo rechazaron en la votación en el pleno del Congreso. Así ganaron unas semanas para seguir negociando y han acabado, de nuevo en tiempo de descuento, incorporando transacciones que aspiran a superar el filtro constitucional. 

El juez García Castellón imputó al expresident por terrorismo el 6 de noviembre de 2023. Es decir, tras cuatro años de investigación del caso Tsunami sin que apareciera el más mínimo indicio contra Puigdemont, el magistrado decidió dirigir el caso hacia el líder de Junts mientras se negociaba el texto inicial que la formación independentista apoyó y que después ha exigido rectificar. 

Más allá de este dato, cuando la primera versión de la ley se acordó ya se podían intuir los planes del magistrado. En estas semanas, lo que el instructor ha hecho es seguir con su cruzada contra la ley. A cada paso parlamentario de la norma, le seguía una respuesta del juez García Castellón. Un propósito en el que no está solo, puesto que tanto el Tribunal Supremo como el juez Joaquín Aguirre persiguen su mismo objetivo: torpedear la amnistía o, al menos, que Puigdemont no pueda beneficiarse de ella. 

La amnistía no le dará ni un voto más a Sánchez, pero es una ley conveniente a no ser que se considere que la entrada de más gente en la cárcel puede contribuir a mejorar la situación política en Catalunya. De ahí que sea una medida que apoyan seis de cada diez catalanes. En el resto de España sucede lo contrario, puesto que más de la mitad la rechazan. Pasaba lo mismo con los indultos.  

Junts no podía permitirse que la ley embarrancase porque era tanto como dejar en la estacada a alrededor de medio millar de encausados. Y el PSOE, que respecto a Catalunya dice lo mismo en público que en privado, no como Núñez Feijóo, necesitaba que esta apuesta saliese bien porque lo contrario era entrar ya en barrena definitiva. El ‘caso Koldo’ durará, no solo por las investigaciones en curso sino porque el PP ha encontrado el hueso que buscaba y no lo soltará aunque sea lanzando acusaciones sin pruebas como las insinuaciones de financiación ilegal del PSOE que, en esta ocasión, no tienen fundamento alguno. Para que su estrategia funcione, el PP va sobrado de altavoces, como se está comprobando estos días.

Despejada la aprobación de la amnistía (cosa distinta será su aplicación), el Gobierno necesita recuperar el timón de la gestión y trasladar un mensaje de estabilidad. Solo puede hacerlo o al menos intentarlo con la aprobación de los Presupuestos. No hace falta bola de cristal para adivinar que será otro vía crucis. Junts reclamará un modelo de financiación singular para Catalunya y en esa petición probablemente no estará sola. Esta misma semana las principales entidades económicas catalanas han reclamado una reforma del sistema de financiación, un modelo que debería haberse actualizado hace una década. 

Puigdemont sigue salpicando sus discursos de reivindicaciones de la unilateralidad y de apelaciones a alimentar la confrontación mientras mantiene la apuesta por la gobernabilidad de Sánchez, aunque sea a trompicones. Un equilibrio complicado cuyo resultado se podrá comprobar en las próximas elecciones autonómicas, que son las que realmente les interesan. 

El anuncio de la exconsellera Clara Ponsatí de crear un nuevo partido, el debate en la ANC por si presentan también candidatura propia y las encuestas en las que ya aparece que Aliança Catalana, la formación xenófoba cuyo referente es la alcaldesa de Ripoll, tiene posibilidades de entrar en el Parlament, son todo malas noticias para Junts. Pero si fuera por muchos de los que le criticarán o tal vez dejen de votarles, no solo no habría independencia sino que más independentistas deberían hacer frente a la cárcel o multas astronómicas. Es la diferencia entre la política y la política ficción.