¡No robarás!

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En mormón, musulmán o cristiano, apropiarse de lo ajeno significa robar. En el Código Penal, sustraer para sí algo que no es propiedad de uno es castigado con multa y hasta con pena de prisión. Luego, si se ha usado la fuerza o la intimidación para ello, la condena puede aumentar. La Iglesia acaba de confesar ante el Gobierno de España que ha robado casi un millar de bienes que inmatriculó  entre 1998 y 2015 por obra y gracia no de su señor, sino de una reforma legislativa impulsada por José María Aznar. Y, según la información ya oficial de la que se dispone, sacó además tajada de ello porque vendió al menos 122 viviendas y fincas que puso a su nombre indebidamente y siete lugares dedicados al culto. 

Lo ha reconocido en una nota conjunta de la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Presidencia. Por escrito nada menos. No en román paladino, claro, sino que eufemísticamente declara que inmatriculó un conjunto de bienes que “considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Es decir, que se apropió de ellos a sabiendas de que eran de un particular o que como no conocía la propiedad, se los quedó para sí. 

Seguro que a la derecha católica, apostólica y romana le parece un asunto menor y no se ha rasgado las vestiduras al conocer el latrocinio. Tres padres nuestros, cuatro avemarías y pelillos a la mar, peccata minuta… Total, dirán que esto es un conejo de la chistera que se ha sacado Pedro Sánchez de la manga para ocultar sus fracasos mientras que el presidente, por su parte, sacará pecho por haber arrancado la confesión a la Iglesia y así presentarse ante la ciudadanía como un Gobierno que pacta a diestra y siniestra dentro y fuera del arco parlamentario. Lo ha hecho con los sindicatos, con los empresarios, ahora con la Iglesia y hasta puede que lo haga en unos días con Ciudadanos para convalidar la reforma laboral. Solo PP y Vox quedan al margen de los acuerdos que se consideran de Estado: los fondos europeos, la reforma laboral y la devolución del expolio de la Iglesia.

El caso es que, ahora, tendrá que ser el Gobierno quien ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros correspondientes la información facilitada por la jerarquía católica para que se puedan iniciar los procesos de regularización y las reclamaciones que correspondan. 

La Conferencia Episcopal, eso sí, se ha comprometido a colaborar con la Administración, una actitud que en derecho penal supondría una reducción de la pena en el improbable caso de que a los curas los juzgara un tribunal ordinario por sus delitos. Ellos se rigen por la Justicia divina. Así que no habrá sentencia condenatoria y tampoco atenuante por arrepentimiento, que es lo que se supone que ha declarado al admitir el fraude porque con o sin propiedad conocida, la Conferencia Episcopal se ha apropiado de un total de 965 cementerios, lugares de culto, fincas rústicas, fincas urbanas y viviendas de titularidad pública y privada. Ahí es nada. 

Esto es solo lo reconocido, porque en el listado faltan las inmatriculaciones anteriores a 1998. De ahí que los investigadores sospechen que podría ser el doble o el triple de lo que este lunes se ha declarado oficialmente. Si esto lo hicieron ya aprovechando el resquicio de una ley aprobada en democracia, qué no afanarían durante 40 años de dictadura franquista. Eso falta por dilucidar y algún día se sabrá, como se supo el papel determinante que la Iglesia jugó en el robo de bebés entre 1938 y 1996, que no fue una sucesión de hechos aislados sino una represión ideológica que acabó siendo, además, un repugnante negocio. De la investigación abierta a 251 miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas acusados de abusos a menores, aún queda mucho por contar. 

Pero ellos, luego, predican desde sus púlpitos todo eso de no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos o no robarás. Pues eso: ¡No robarás!  

En mormón, musulmán o cristiano, apropiarse de lo ajeno significa robar. En el Código Penal, sustraer para sí algo que no es propiedad de uno es castigado con multa y hasta con pena de prisión. Luego, si se ha usado la fuerza o la intimidación para ello, la condena puede aumentar. La Iglesia acaba de confesar ante el Gobierno de España que ha robado casi un millar de bienes que inmatriculó  entre 1998 y 2015 por obra y gracia no de su señor, sino de una reforma legislativa impulsada por José María Aznar. Y, según la información ya oficial de la que se dispone, sacó además tajada de ello porque vendió al menos 122 viviendas y fincas que puso a su nombre indebidamente y siete lugares dedicados al culto. 

Lo ha reconocido en una nota conjunta de la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Presidencia. Por escrito nada menos. No en román paladino, claro, sino que eufemísticamente declara que inmatriculó un conjunto de bienes que “considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Es decir, que se apropió de ellos a sabiendas de que eran de un particular o que como no conocía la propiedad, se los quedó para sí. 

Seguro que a la derecha católica, apostólica y romana le parece un asunto menor y no se ha rasgado las vestiduras al conocer el latrocinio. Tres padres nuestros, cuatro avemarías y pelillos a la mar, peccata minuta… Total, dirán que esto es un conejo de la chistera que se ha sacado Pedro Sánchez de la manga para ocultar sus fracasos mientras que el presidente, por su parte, sacará pecho por haber arrancado la confesión a la Iglesia y así presentarse ante la ciudadanía como un Gobierno que pacta a diestra y siniestra dentro y fuera del arco parlamentario. Lo ha hecho con los sindicatos, con los empresarios, ahora con la Iglesia y hasta puede que lo haga en unos días con Ciudadanos para convalidar la reforma laboral. Solo PP y Vox quedan al margen de los acuerdos que se consideran de Estado: los fondos europeos, la reforma laboral y la devolución del expolio de la Iglesia.

El caso es que, ahora, tendrá que ser el Gobierno quien ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros correspondientes la información facilitada por la jerarquía católica para que se puedan iniciar los procesos de regularización y las reclamaciones que correspondan. 

La Conferencia Episcopal, eso sí, se ha comprometido a colaborar con la Administración, una actitud que en derecho penal supondría una reducción de la pena en el improbable caso de que a los curas los juzgara un tribunal ordinario por sus delitos. Ellos se rigen por la Justicia divina. Así que no habrá sentencia condenatoria y tampoco atenuante por arrepentimiento, que es lo que se supone que ha declarado al admitir el fraude porque con o sin propiedad conocida, la Conferencia Episcopal se ha apropiado de un total de 965 cementerios, lugares de culto, fincas rústicas, fincas urbanas y viviendas de titularidad pública y privada. Ahí es nada. 

Esto es solo lo reconocido, porque en el listado faltan las inmatriculaciones anteriores a 1998. De ahí que los investigadores sospechen que podría ser el doble o el triple de lo que este lunes se ha declarado oficialmente. Si esto lo hicieron ya aprovechando el resquicio de una ley aprobada en democracia, qué no afanarían durante 40 años de dictadura franquista. Eso falta por dilucidar y algún día se sabrá, como se supo el papel determinante que la Iglesia jugó en el robo de bebés entre 1938 y 1996, que no fue una sucesión de hechos aislados sino una represión ideológica que acabó siendo, además, un repugnante negocio. De la investigación abierta a 251 miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas acusados de abusos a menores, aún queda mucho por contar. 

Pero ellos, luego, predican desde sus púlpitos todo eso de no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos o no robarás. Pues eso: ¡No robarás!  

En mormón, musulmán o cristiano, apropiarse de lo ajeno significa robar. En el Código Penal, sustraer para sí algo que no es propiedad de uno es castigado con multa y hasta con pena de prisión. Luego, si se ha usado la fuerza o la intimidación para ello, la condena puede aumentar. La Iglesia acaba de confesar ante el Gobierno de España que ha robado casi un millar de bienes que inmatriculó  entre 1998 y 2015 por obra y gracia no de su señor, sino de una reforma legislativa impulsada por José María Aznar. Y, según la información ya oficial de la que se dispone, sacó además tajada de ello porque vendió al menos 122 viviendas y fincas que puso a su nombre indebidamente y siete lugares dedicados al culto. 

Lo ha reconocido en una nota conjunta de la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Presidencia. Por escrito nada menos. No en román paladino, claro, sino que eufemísticamente declara que inmatriculó un conjunto de bienes que “considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Es decir, que se apropió de ellos a sabiendas de que eran de un particular o que como no conocía la propiedad, se los quedó para sí.