Lo que el pacto esconde
La verdad no es sobre la tierra sino una breve fiesta
Fin de la más grave anomalía institucional registrada en nuestra ya madura democracia. Bien. Sánchez asume que la institucionalidad obliga a considerar que el mayor grupo opositor pertenece al sistema y no se pueden construir muros respecto a él. Feijóo demuestra a la cáscara amarga de su partido que no se deja secuestrar y asume que no puede darse al sabotaje institucional el que aspira a gobernar. Los problemas causados por la prohibición de nombrar nuevos magistrados en los altos tribunales se irán enmendando y con ello la carga de trabajo inaceptable. Alivio. Todo esto ya ha sido dicho incluso en los pactados relatos libres de los protagonistas para apuntarse los tantos debidos, cada uno los suyos y con los suyos. Todos más libres para seguir con su camino: el de uno, seguir gobernando; el de otro, llegar a gobernar.
Pero la firma escenificada en Bruselas, con mediador europeo al modo catalán, deja a la sombra una serie de realidades que no me resisto a recoger cuan gavilla de letra pequeña. No todas son malas ni todas suponen una crítica para el mismo lado. Son cosas que suceden y que tienen consecuencias y lecturas que no podemos obviar. Respecto a la forma, no es bonito que un ministro del Gobierno y un representante del partido opositor firmen y se den la mano en el extranjero en esta cuestión. La Constitución ordena que esta renovación se sustancie en las Cámaras y, por tanto, deberían ser los grupos parlamentarios socialista y popular los que escenificaran el acuerdo. Una pejiguera me dirán, mas una pejiguera que confunde y marca. Las formas en democracia son parte del fondo.
Sobre el pacto se olvida que por fin hará entrar en vigor totalmente la reforma de 2018 que finiquita el modelo de Consejo Gallardón, el que ha persistido diez años, y cuyo diseño personalista y caciquil ha traído, como se avisó, el peor CGPJ de la historia, hasta el momento. Gran parte de los problemas que hemos contemplado estos últimos años derivan de esos cambios introducidos por el ministro de Rajoy. Afortunadamente el Consejo que sea ahora elegido, con la composición que nos han avanzado, volverá a tener la estructura que tuvo antes de que le metieran mano para un mejor control por parte de Lesmes, que recibió las riendas, la fusta y la silla para montarlo. Bueno.
Tampoco se ha insistido mucho en que la composición de vocales pactada -un reparto bipartidista puro y duro- ha dejado fuera por primera vez a figuras que deberían forma parte para asegurar la presencia del punto de vista de otros actores jurídicos. Por vez primera no hay un abogado que sea vocal; por vez primera no hay catedráticos entre los juristas de reconocido prestigio designados y tampoco se ha respetado la exigencia de que las diferentes categorías de la carrera judicial esté representadas dado que falta un juez. Aun así, lo más grave es la contumaz escenificación de la existencia de dos asociaciones que se asemejan a brazos judiciales de los partidos. Si tenemos en cuenta que la mayoritaria APM rasca un montón de vocales y que la minoritaria JpD (se lleva tres) son las únicas que obtienen plaza veremos por qué algunos jueces no están de acuerdo con el sistema. Que no haya ningún “vitorino” -habida cuenta de que tienen casi 1000 afiliados, el triple que JpD- y que otros grupos ni existan es un tanto escandaloso. El mensaje, como siempre, es que hay asociaciones judiciales de cabecera de los partidos y que o perteneces a ellas o nunca lograrás hacer carrera. Eso por no hablar de los no asociados, que son mayoría y que resulta excluidos también. Chungo.
Las reformas paralelas pactadas tienen también su cara y su cruz. El aumento de los años de servicio mínimos para poder ser nombrado -de 15 a 20- entorpecerá el afán político de llevar al Supremo a señores con muy poca experiencia y muy pocos logros que les sirven bien y que les aseguran una plaza de su cuerda durante años y años, como el conejito de Duracell. Ocupar las instituciones con visión de futuro y ánimo de persistencia. Es insuficiente para el máximo órgano en mi opinión; al Supremo deberían llegar los profesionales con una experiencia y una madurez personal y jurídica acreditada. Menos da una piedra.
El mantenimiento del sistema de oposición, a falta de ninguna propuesta mejor diseñada y más reflexionada o consensuada, aleja la pretensión de ciertos partidos minoritarios de establecer una ingeniería que pensaban les daría una judicatura más próxima a sus designios. Ni es cierto ni sucedería a corto plazo ni ofrecía seguridad. Aquí no se trata de tener más progres o más conservadores sino de tener a los mejores y, créanme, de esos hay de todo palo. El mayor problema que han sufrido las cúpulas judiciales en este festival de discrecionalidad espuria ha sido el encumbramiento de mediocres obedientes a lugares donde jamás debieron llegar, con el consiguiente empobrecimiento técnico y la tendencia a la obediencia y a la lealtad soldadesca que suelen tener los que son conscientes de que sus méritos no dan para tanto como destacan.
Respecto a la reforma del sistema de elección de los vocales por los jueces, creo que esa cláusula ha sido introducida con espoleta controlada para que al final no vea la luz. Ninguno de los dos partidos lo desea en realidad. Ninguno ha hecho tal reforma cuando ha podido. Pensar que se lograrán tres quintos para esa propuesta con la configuración resultante es una chufla. A mi no me importa, nunca terminé de ver que la mayoría del CGPJ se nombrara de forma corporativa, pero a muchos jueces y asociaciones les han tangado.
Las puertas giratorias, pues bien. No es de recibo pasar de ministro a juzgador o acusador de un día para otro. Sucede que si nos atenemos a la historia, Caamaño ya tuvo que hacer un apaño para que Fernández Bermejo pudiera incorporarse al Supremo al dimitir del ministerio. Vamos de vuelta a algo parecido a lo que había. Yo iría incluso más allá. Yo impediría el regreso. El que se vaya a la política, que tiene todo el derecho, no tiene por qué tener reserva de plaza y de puesto de trabajo para su vuelta de por vida. El resultado, obviamente, sería que habría menos jueces, fiscales y abogados del Estado en cargos políticos y no me parece nada mal, los necesitamos en su sitio. Por buen camino.
La Comisión de Calificación puede ser un primer paso para lograr nombramientos de calidad. Repito, nombramientos de calidad no cupo. Lo de subir a 3/5 la mayoría para los puestos del Supremo puede obrar con un efecto contrario, es decir, que como en otras ocasiones la única forma de conseguirlo sea el “cambio de cromos” entre bloques: “cambio uno de Sala III por presidente de Audiencia provincial y uno de TSJ” y cosas así. Robles y Almenar fueron unos máquinas en este campo. Nunca habrá una política de nombramientos seria y de servicio al sistema y a la ciudadanía si no es mediante la lealtad institucional de los vocales, es decir, si ellos mismos no se plantean que sólo los mejores pueden acampar en la cúspide de la pirámide jurisdiccional porque sólo de quien sabe puede irradiarse buena jurisprudencia para todos. Un quiero y no puedo si los elegidos no lo mejoran.
Los elegidos lo habrán sido de la manera que sea pero nadie les obliga a prestar obediencia a ningún partido ni a servir de correa de transmisión. Si los elegidos son decentes y leales a la institución daría igual el método de pacto. Lo malo, siempre hay algo malo, es que teniendo cinco años por delante de responsabilidad -y de cobrar 6.000 euros netos al mes y tener coche oficial y viajes al extranjero y secretaria y tarjeta institucional-, suele suceder que pocos se plantean volverse a la casilla de salida. Somos humanos. De aquí surgen las sumisiones, no nos engañemos.
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