Palitos en la rueda
Debe debatir este martes el Pleno del Congreso una moción de UPyD que pretende acabar con lo que denomina el “privilegio del aforamiento” en España. Hay que decir que los chicos de Rosa Díez -a tenor de las informaciones sobre su propuesta- se van de caña en su estilo populista, confunden cosas y casos y pretenden arrasar con la figura sin pensar bien qué quieren evitar y cómo sustituirla, pero no vienen mal para abordar un tema que en este pielágo de corrupción en que nadamos es importante.
No hay en España 10.000 aforados como pretenden, no al menos en el sentido que nos debe perturbar. De esa cifra, Justicia cuantifica en 7.000 el número de jueces y fiscales sometidos a fuero específico. Este tema nada tiene que ver con lo que plantea UPyD ni supone ninguna disfunción. Se explica fácil. El sistema prevé que no les juzguen sus iguales sino sus superiores, de manera que cada uno está aforado al tribunal superior al que está destinado. Los jueces de un territorio, a su Tribunal Superior, los de la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y los del Tribunal Supremo... esos sí, al propio TS dado que no hay nada más allá. No puede verse en ello un privilegio, en todo caso una cierta pérdida de derechos ya que todos aquellos aforados al TS no tienen posibilidad de recurso alguno, cosa que tienen todos los demás ciudadanos. Que se lo pregunten a Garzón.
El verdadero problema del aforamiento tiene que ver, sobre todo, con la corrupción. Y es que, seamos realistas, ¿qué otro tipo de delitos pueden cometer los políticos que esté sometido a aforamiento? La proliferación de aforados llegó al permitirse que las Comunidades Autónomas decidieran en sus Estatutos a quién aforaban y a dónde. Así todos optaron por aforar a sus gobiernos y a sus parlamentos y hacerlo al Tribunal Superior de su territorio. Y aquí si tenemos una figura que presenta todo tipo de rugosidades a la hora de castigar adecuadamente en tiempo y forma la corrupción. Palitos en la rueda que a veces funcionan como un verdadero bocado.
Es fácil de explicar. Los políticos de cada comunidad están aforados a la Sala Civil y Penal de cada territorio que está servida normalmente por tres magistrados. Uno lo designa la propia Comunidad, es el llamado magistrado autonómico, ni siquiera tiene que ser juez, puede ser un jurista. El otro es el presidente, lo designa el CGPJ siguiendo una indescriptible costumbre “no escrita” de que sea un magistrado de la misma sensibilidad que el Gobierno de ese momento. Diría yo que para controlar realmente al poder político debería ser costumbre que fuera de distinta pero, claro, no es así. Y, por último, un tercer magistrado, éste sí que gana el puesto por antigüedad.
Además del origen del nombramiento debemos poner también en el tapete la cuestión de que no es quién te nombra sino si quieres permanecer. O bien las llamadas “puertas giratorias” que colocan a la salida de la carrera judicial a algunos en canonjías propias de la Comunidad Autónoma.
Ademas de esto, todos los medios materiales para la investigación, las mayores o menores “comodidades”, la ampliación de funcionarios o la dotación de tecnología depende directamente de la voluntad de cada Comunidad. Sí, de esa que puede tener a sus compañeros de filas o de Gobierno encausados.
Y luego viene el problema más grave, el de como el aforamiento entorpece jurídicamente la investigación de la corrupción. Básicamente por la ruptura de la continencia de la causa. Está claro. Lo hemos visto en Gürtel, lo vamos a ver ahora en el Caso Noos. El aforamiento arrastra al TSJ de los aforados fragmentos de causa. Varias piezas de Gürtel están varadas en Valencia y una nueva pieza separada partiría hacia allí desde Palma si se imputa finalmente a Barberá. Se pierden así los elementos comunes de enjuiciamiento, se pierde el contexto de la investigación, hay que reduplicar y volver a practicar pruebas... Eso sin hablar de que un magistrado cuyo trabajo habitual no es instruir, debe hacerse cargo de un abundante material que le llega de nuevas. Todo esto se traduce en dilaciones eternas pero luego ya vendrá Floriano a decir que las investigaciones se alargan para perjudicar al PP.
La solución pasaría, desde luego, por residenciar la investigación de todos los delitos de corrupción que afectarán a más de una provincia en la Audiencia Nacional. Al menos la investigación. El enjuiciamiento podríamos hasta discutirlo. En ese caso podría prescindirse del aforamiento y estaríamos seguros de que todo se instruye lejos de las manos de los interesados, de forma conjunta y con todos los medios posibles.
Esta medida la propuso en su día Rubalcaba, aunque en este momento mutante que vive, ayer cambió al menos el espíritu de esta idea. No hay de que sorprenderse, puesto que ha pactado con Rajoy después de haber pedido oficialmente como jefe de la oposición su dimisión por agotamiento de la acción de gobierno. Ayer, más allá de esta centralización operativa, ofreció el PSOE cambiar la Constitución para “descentralizar” la Justicia. Y no le queda otra porque la CE establece claramente que el Poder Judicial es uno, y lo hace porque no hay otra forma de asegurar que todos seamos iguales ante la Ley. El cambio que propone no tiene otro camino que el de establecer un Estado Federal con todas las consecuencias. Otro día hablamos a qué viene este cambio. Que busca, que quiere evitar y a quien busca contentar.
Pero nada en el camino de quitar obstáculos para que se produzca un verdadero y efectivo control del poder político y de los poderes fácticos por parte de un poder independiente. Al tiempo.
