Prostitución: contabiliza en el PIB pero no se considera trabajo
La Unión Europea modificó recientemente algunos de los criterios internacionales que se venían usando para cuantificar el PIB y marcaba algunas cuestiones clave para homogeneizar la forma de calcular de cada país. Dichos criterios afectaban, entre otros, al I+D, armamento, narcotráfico, contrabando y también a la prostitución voluntaria.
Para recalcular, por tanto, el PIB, el personal técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha visto obligado a cuantificar el número de personas que ejercen la prostitución por decisión propia en el Estado español y, además, hacer una aproximación a los precios de los servicios sexuales que se prestan. Una tarea, nos consta, nada sencilla.
Según sus resultados, y tal y como han publicado los medios de comunicación, el 0,35% del PIB viene generado por la prostitución voluntaria. Es decir, que con este resultado, el Gobierno español ha aumentado su PIB, lo que significa que la deuda externa ha sido rebajada. De hecho algunas personas expertas en economía no han dudado en calificar esta situación como “maquillaje de la deuda”.
Es decir, que la prostitución está siendo considerada a la hora de contabilizar el PIB, pero sin embargo, algunos Estados europeos, entre los que se encuentra el nuestro, por pura cobardía e hipocresía política, se niegan sistemáticamente a dotar de derechos laborales a quienes la ejercen por decisión propia. De este modo, habría sido mucho más sencillo conocer con exactitud qué cantidades de dinero mueve el ejercicio de la prostitución y cuántas personas la están ejerciendo si se reconociese como una actividad económica (tal como ya señaló una sentencia del Tribunal de Luxemburgo en el año 2001), con derechos y obligaciones para quienes la ejercen.
En 2006 el Congreso de los Diputados se comprometió a realizar un estudio para conocer con exactitud esta cifra, pero jamás se realizó. Dichos cálculos habrían supuesto una herramienta de enorme utilidad a las organizaciones que trabajan directamente con quienes ejercen la prostitución, porque permitirían conocer mejor la realidad e incidir sobre ella.
Un cálculo inexplicable
Cuando los medios de comunicación han preguntado al INE cómo ha podido valorar las cifras en relación a la prostitución ha indicado que se ha dirigido a fuentes no oficiales, como asociaciones de prostitutas (entre quienes se encuentra Hetaira) y a encuestas sobre hábitos sexuales; aunque también ha señalado que “son más fiables los datos de la oferta, la parte que presta el servicio, que la demanda”. En relación con la entrevista mantenida entre expertos del INE y Hetaira hemos explicado, en reiteradas ocasiones, que tan sólo pudimos hablar de los datos que maneja nuestra organización y que dichos datos son parciales e imposibles de extrapolar a ningún otro lugar, ya que se estaría falseando la realidad, como recoge esta información publicada en el diario El País el 7 de junio de 2014. Los medios se hacían eco también de que habían recogido informaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (es decir, cifras de trata de personas, a no ser que cuenten con otro tipo de información que se niegan a hacer pública) y del empresariado de clubes de alterne (algunos en la delgada línea del proxenetismo, según el actual Código Penal).
Igualmente insistimos ante el INE en la necesidad de que el Gobierno aprovechase esta oportunidad para poner en marcha estudios e investigaciones serias al respecto, de manera que se dejen de dar cifras sin criterios y sin fuentes oficiales que las avalen. Asimismo habría sido un buen momento para debatir sobre la necesidad de considerar a todas las personas que ejercen por decisión propia como trabajadoras y trabajadores del sexo, que es realmente lo que son y dotarles de derechos laborales que les den la protección que reciben el resto de quienes trabajan en la UE.
Desde Hetaira entendemos que no debería hablarse de “economía ilegal” al referirse a la prostitución voluntaria sino de “economía sumergida”, debido a los empeños de los Gobiernos en mantenerla en esta situación.
Ahora bien, a pesar de todas estas dificultades a la hora de contabilizar la actividad, las cifras que finalmente han aportado a la opinión pública han sorprendido a quienes trabajamos en la defensa de los derechos de quienes ejercen: nada más y nada menos que 600.000 personas.
Atendiendo al “bulo” de que el 95% de quienes ejercen la prostitución son mujeres obligadas a hacerlo, significaría que en nuestro país habría 11.400.000 mujeres en esta situación (en España viven 23.633.605 mujeres, contabilizando a menores de 18 y mayores de 65). Demasiado, ¿no les parece?
El INE –ni ningún otro país, siguiendo los criterios de la UE– no ha tenido en cuenta la trata de personas porque produce “dolo” en la víctima y no se presta un “intercambio voluntario” entre dos personas. Ese “intercambio voluntario” existe en la prostitución no forzada, ya que no causa “dolo” a ninguna de las partes implicadas (quienes ofertan el servicio y quienes lo reciben).
El INE indicó que las cifras de la prostitución se han incluido en la partida “servicios personales”, la misma categoría en que están aquellas trabajadoras del sexo que han decidido darse de alta como “trabajadoras autónomas” (una cifra todavía testimonial debido al alto estigma que soporta la prostitución en nuestro país y a las pocas ventajas que ofrece ser “trabajador/a autónoma/o”).
El Gobierno español ha aumentado su PIB y ha reducido la deuda a costa, entre otras, de quienes ejercen la prostitución voluntaria, pero continúa tozudo a la hora de escuchar las reivindicaciones de trabajadoras y trabajadores del sexo; y en sus discursos políticos más demagógicos volverá a hacer un “todo” de la prostitución, sin diferenciar entre trabajo sexual y trata.
¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.
