Razones para intentarlo

En La Moncloa sostienen que los gobiernos socialistas siempre toman decisiones difíciles que se entienden mejor con el paso del tiempo. Y creen que la de los indultos a los líderes del procés será una de ellas porque, más allá de la inflamación provocada por la derecha política y sus terminales mediáticas, habrá un momento en que la democracia lo agradezca si la medida provoca los efectos que busca.

Que los indultos no serán por sí mismos la solución al problema es un un hecho tan indubitable como que sin ellos este país no podría pasar la traumática página de lo ocurrido en 2017 ni tampoco explorar posibles soluciones al problema. 

El Gobierno tiene el derecho y también la obligación de intentarlo en aras al reencuentro, la normalidad institucional y la convivencia entre españoles, aunque la oposición clame, la supuesta sociedad civil tome las calles y el PSOE pague un coste electoral en las urnas. Las soluciones nunca llegan del inmovilismo ni de la imposición de rupturas unilaterales. Entre lo uno y lo otro, seguro que habrá alguna una fórmula que no entusiasme a todos, pero sí que dentro del orden constitucional sea aceptada por una mayoría que desea estabilidad y luces largas para la política. 

Y es en base a estos principios sobre los que el Gobierno ha sustentado su argumentación de la “utilidad pública” a la que responden los indultos, que conviene recordar que son un acto graciable y discrecional sin naturaleza administrativa que no cuestiona en absoluto la validez ni la eficacia de la sentencia dictada en su día por el Supremo. 

Habrá miles de españoles que duden legítimamente sobre la decisión del Gobierno y si realmente servirá para reconectar emocionalmente a Catalunya con el resto de España. Pero hay otros muchos que creen que merece la pena intentarlo por varios motivos, entre ellos, que más allá de las barbaridades que salen por la boca de Casado, Ayuso y compañía, no hay en la decisión de Pedro Sánchez vulneración alguna del ordenamiento jurídico. Tampoco rastro del “cambio de régimen” que atisbó Aznar durante la primera legislatura de Zapatero ya en 2006 y con el que vuelve a azuzar ahora Casado en 2021. La creatividad argumental de la derecha es bastante limitada, a tenor de la reiteración de sus proclamas.

Igual que Zapatero no entregó Navarra a ETA, ni dinamitó la Constitución del 78, ni rompió España, tampoco los líderes del procés se han salido con la suya, como sostiene la derecha, ya que el Estado desplegó la vía judicial con todas sus consecuencias. Los responsables de la DUI fueron detenidos, juzgados, sentenciados y han estado en prisión durante nada más y nada menos que 1.328 días. Uno tras otro. Si a alguien le parece que ese tiempo ha sido escaso es que banaliza lo que supone realmente la privación de libertad para cualquier ser humano. 

Los indultos son sólo el primer paso de un camino que se prevé largo hasta restablecer la concordia y la convivencia entre catalanes, normalizar las relaciones institucionales pero también las afectivas y proporcionar la estabilidad política y económica que necesita Catalunya y con ella el resto de España. Pero la prisión de los líderes del procés era, a juicio del Gobierno de Sánchez, el principal escollo para empezar a hablar con el independentismo, además de una situación difícilmente entendible en el resto de Europa. “Nos tenemos que escuchar para reencontrarnos”, dicen los socialistas, para quienes el diálogo es el único cauce eficaz para resolver los problemas políticos, a pesar de la gravedad de los hechos ocurridos hace casi cuatro años. 

La medida de gracia busca en principio un doble objetivo. De un lado, romper con el victimismo del independentismo y de otro, con la desafección de una mitad de los catalanes con España. El Gobierno ha tomado, sí, la iniciativa con su llamada “propuesta para el reencuentro” y, además, dice tener un proyecto para una Catalunya próspera, plural, europea y con más autogobierno. No conocemos los detalles, pero sí que sus límites estarán dentro de la Constitución y el ordenamiento jurídico. ¡Sólo faltaría! ¿De verdad alguien cree que un presidente, del signo político que fuera, puede saltarse el Estado de derecho, cambiar de régimen él solito o dar un golpe de gracia a la legalidad, como dice Casado? 

La aplicación del 155 fue toda una demostración de la fortaleza del estado de derecho y la concesión de los indultos es ahora una demostración de la grandeza de la democracia. Lo dice Sánchez, lo aplauden los sindicatos, los empresarios, los obispos y hasta la más variopinta prensa internacional. Pero la derecha sigue en Babia, que es lo mismo que estar distraído o ausente. Cuando se trata de España, por mas que manoseen sus símbolos, ni están ni se les espera. Sólo para la construcción de argumentarios construidos a base de mentiras  e hipérboles como las de la España humillada o la “inconstitucionalidad” de una medida que está en la Carta Magna y desarrollada en una ley orgánica. 

¿Y si cumplen con el “ho tornarem a fer”? La respuesta está en la condicionalidad de los indultos, en el Código Penal y en las penas de inhabilitación que no han sido indultadas.  

P.D. Y dicho todo esto, no estaría de más que el presidente del Gobierno hubiera explicado con claridad su decisión en el Parlamento antes, y no después, de ser aprobada en Consejo de Ministros. Tampoco que se hubiera sometido a las preguntas de los periodistas, que son en definitiva las que se hacen muchos españoles, sobre una medida de gran trascendencia.