La gente no está interesada en la verdad igual que antes. Están encerrados en una ideología
Cuatro personas entre más de 23 millones se descalabraron el año pasado en las escalerillas de los Boeing 737 de Ryanair en nuestro país. Le tomo el curioso dato prestado a un colega, Pedro Almoguera, pero lo que me resulta realmente interesante es cómo tal ratio de huesos rotos produjo inmediatamente la apertura de investigaciones por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, dependiente del Ministerio de Transportes. Los accidentes ni siquiera cumplían los parámetros considerados por el Parlamento Europeo como “incidente grave”, pero con buen criterio se pensó que algo podían estar haciendo mal cuando justo en esa aerolínea se habían estado a punto de romper la crisma varios pasajeros mientras que en las otras no. Bien hecho. Es evidente que en nuestro país la seguridad aérea se toma con más ganas que la democracia y sus derechos fundamentales. Al menos no se oyó decir a un ministro del ramo a los pasajeros que algo habrían hecho para despatarrarse al bajar del avión.
Me parece un síntoma muy preocupante que tres políticas de formación jurídica, de diferentes ideologías, hayan dejado traslucir esta semana su convicción de que violar indiscriminadamente los derechos de los que mantienen posturas políticas diferentes a las tuyas no solo es normal sino necesario. Que estas tres mujeres con formación jurídica parezcan no reparar en la desproporción de la violación de derechos provocada por el uso de Pegasus, la falta de ponderación por un juez, la violación del secreto de las relaciones abogado-cliente, la violación de las comunicaciones de parlamentarios, de periodistas, nos debe llenar de temor porque aún más miedo que las violaciones de derechos fundamentales producen la incapacidad o la falta de voluntad para reconocerlos y atajarlos.
No es posible deshacerse de este asunto alegando que no hay pruebas de que la violación haya sido mayor que la que reconoce el CNI que hizo con el control del magistrado Pablo Lucas ni considerando que es un rollo montado por los propios catalanes para enredar. Ya lo conté en El diablo y Margarita pero es que quitar prestigio a The Citizen Lab, que lleva investigando estos usos indebidos de Pegasus desde 2016 en coger un camino que no lleva a parte alguna.
Olvidemos a los catalanes y a los vascos y a los canadienses y vayamos al fondo del asunto que no es otro sino la raya que separa a un régimen democrático de otra cosa.
“¿Qué debe hacer un Estado cuando alguien declara la independencia y vulnera la Constitución o cuando se tienen relaciones con un país que está invadiendo Ucrania o cuando se cortan las vías públicas?”. La respuesta que Robles no parece encontrar es obvia en democracia: aplicar la ley si es menester y si no aguantarse. De facto las dos primeras cuestiones que menciona ya han sido tratadas por el sistema penal español –aunque yo sigo pensando que nunca debió usarse esta vía– y por el sistema constitucional con la aplicación del artículo 150. Lo de las vías públicas, se suele resolver con los servicios clásicos de información de las policías y lo de tratar con Putin en 2019 estaba al alcance de cualquier jefe de gobierno y de políticos como Le Pen y Orbán, los amigos de Abascal, al que supongo que nadie ha espiado. Un Estado, señora Robles, magistrada Robles, tiene que respetar su propio Estado de derecho sin atajos. Ella, que conoce el número de teléfono que intervino con autorización del servicio secreto español, debe saber mejor que nadie que hay otro bloque que se espió sin tal autorización. Lo más lógico es ponerse a buscar qué ha pasado y quién lo ha hecho.
La líder y candidata del partido de ultraderecha, Macarena Olona, ahondó en la misma línea: “¡poco les han espiado para la amenaza que suponen para España!”. Lo que muestra hasta qué punto no se siente afectada la candidata a la Junta de Andalucía por ninguna protección de derechos fundamentales de aquellos que le parecen una amenaza mientras que se mostró “horrorizada y espantada” cuando pensaba que dentro del PP se había querido saber si su socia Ayuso era una corrupta. Ojo porque a la señora Olona le parecen una amenaza muchas más personas que no piensan como ella como los comunistas, los podemitas, los sanchistas o las feministas o, en general, todos aquellos que no son la extrema derecha e incluso algunos de entre ellos. La abogada Begoña Villacís le aplaudió la gracia en las redes sociales, como si no tuviera sensibilidad alguna ante el hecho de que colegas profesionales hayan visto vulnerado su derecho al secreto profesional y centenares o miles de ciudadanos que son sus clientes, su derecho de defensa.
Si todo esto se nos hubiera caído por una escalerilla de un Boeing 737 habría múltiples expertos indagando, pero solo es la democracia que se nos despeña ante los ojos. No defiendo que se abra una comisión de investigación –ninguna sirve y menos para este objeto– sino que el propio Gobierno se tome en serio investigar lo que ha pasado y, sobre todo, tomar las medidas para que sea difícil que vuelva a pasar. Imposible no lo será nunca.
¿Quiénes espiaron todo el contenido de esos teléfonos sin autorización judicial? ¿Qué información obtuvieron y dónde está? ¿Cómo puede ser utilizada? ¿Con qué objetivos? Responder a esas preguntas es fundamental para nuestra democracia y si ello implica descubrir que sigue habiendo elementos de un estado profundo que se saltan los controles democráticos, aún más.
En la Unión Europea no hay dudas sobre la veracidad de los datos de The Citizen Lab y así lo han recogido los medios de casi todos los países, sobre todo porque saben que este mal uso de Pegasus ya ha sido detectado con anterioridad. Cuando autorizas un arma letal para los derechos fundamentales “contra los malos” siempre estás corriendo el riesgo de que otros consideren que el malo eres tú. “Es la primera vez que un gobierno de la Unión Europea ha sido acusado de utilizar herramientas de espionaje digital con fines políticos”, leo en un medio francés. Yo no creo que el Gobierno esté detrás de esa brutalidad y por eso espero que se ponga el primero en la cola para solucionar el caso que va más allá de los apoyos en el Congreso que tengas o no. La reglamentación europea es taxativa: los estados no pueden utilizar tales tecnologías con fines políticos o de espionaje con fines políticos o para espiar a grupos determinados de población salvo en caso de autorización judicial o de peligro inminente. Negar y patalear no va a servir para salvar esa crisis ante los socios. “Es una historia que va a sonar mucho en Bruselas, donde la confidencialidad lleva en el centro de la agenda política más de una década” –dice el experto Mathias Vermeulen– “sobre todo cuando hay estados miembros como Alemania tan sensibles a toda alegación de vigilancia a opositores políticos, porque eso les devuelve a los periodos más sombríos de la historia de Europa”.
El peligro de ignorar este atropello es aceptar que el enemigo ideológico puede ser controlado y espiado. ¿Qué enemigo? ¿El de quién? Si te da miedo la extrema derecha ¿hay que aplaudir que le metan el Pegasus a Vox? Si gobiernas con Vox ¿le meterás el programa a los social-comunistas? ¿Son un peligro los periodistas que no te aplauden? ¿Les arreas un programa espía?
Limpiar las cloacas sigue siendo un oficio sucio pero democráticamente necesario. Estudiar la antigua organización que rige nuestro servicio secreto y proceder a separar el servicio de inteligencia exterior de la información interior, como hacen los países democráticos de solera, también. Encontrar los fallos y reforzar la seguridad democrática. Eran las escalerillas, que eran auto desplegables y demasiado estrechas. Hace falta bajarlas agarrado de la barandilla y la megafonía solo lo indicaba en inglés.
Siempre hay respuestas para no hacer el ridículo y no romperse la crisma.