Un supermercado llamado España
Los británicos le llaman “the silly season”, ese agosto sin noticias donde los periódicos tienen que dedicar sus páginas a los temas más peregrinos --a veces simplemente idiotas-- ante la falta de materia prima de más enjundia. Desgraciadamente, en España este año el verano carece de momento de pausa (los bonos a diez años acabaron el miércoles en el 6,86%) y no hay margen para el descanso. Las portadas siguen cargadas de material de alta combustión.
Y si hay alguien que no tiene ninguna posibilidad de relajarse es el Gobierno, al que la última encuesta del CIS ya le ha avisado que se está adentrando en terreno peligroso. En menos de un año, ha decepcionado a buena parte de sus votantes. Necesita algo, lo que sea, para volver a motivarles.
El asalto a dos supermercados con la participación del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha sido la oportunidad perfecta para que dos ministros salten al unísono. Al menos hasta que la tormenta escampe --y puede que no lo haga en toda la legislatura--, el PP busca transmutarse en el Partido de la Ley y el Orden. Es eso o correr el mismo destino del Fianna Fáil irlandés o el Pasok griego. more
Ruiz Gallardón y Fernández Díaz tienen claro que esta actuación nos coloca ante el abismo de la “ley de la selva”. Sic, porque esa es la expresión que ha utilizado el ministro de Interior. Una protesta política que no se puede negar que es violenta se convierte así en la línea que separa a la civilización de la barbarie. O paramos esto o nos convertiremos en una versión castiza de Mad Max.
Para reforzar aún más la independencia de la Fiscalía General del Estado de la que alardeó en su momento, Gallardón ha instado al fiscal general a que se ponga en marcha. Antes, Fernández Díaz había ordenado la detención de los responsables del asalto. Según las informaciones de los medios, la empresa Mercadona aún no había presentado una denuncia, aunque había anunciado que lo haría. Fernández Díaz tenía mucha prisa, al igual que Gallardón.
“No vamos a tolerar que se violenten las leyes como algunos pretenden bajo el pretexto de un aparente estado de necesidad”, ha dicho el ministro.
¿Aparente?
Los gobiernos siempre se apresuran a recordar a los ciudadanos que deben respetar la ley. Nunca muestran tanta dedicación cuando se trata de que sean ellos quienes respeten las normas. No hay que recordar todos esos autónomos y pequeñas empresas condenados a la ruina porque las administraciones públicas no pagan las facturas. Además, unos 200.000 parados de larga duración no han cobrado el subsidio de 400 euros del mes de julio. Es probable que para muchos de ellos ese dinero sea su única fuente de ingresos. Es lo que Fernández Díaz llama “aparente estado de necesidad”.
Pero eso no es violentar las leyes. Ahora se le llama problemas de liquidez. El fiscal general no hará nada al respecto. No recibirá una llamada de Gallardón para que se ocupe del tema.
Según varios medios, el Gobierno estudia eliminar la concesión de ese subsidio y podría hacerlo a la vuelta de las vacaciones. El Gobierno no ha dicho nada, a pesar de que esa ayuda expira el 15 de agosto y no hay consejos de ministros previstos hasta el 24 de agosto. Si 600.000 personas se ven afectadas por esa pérdida de ingresos, según un cálculo hecho por Cándido Méndez, entonces ¿no se le puede llamar a eso ley de la selva? ¿El Gobierno puede liberarse de cualquier responsabilidad sobre la situación de los que no tienen muchas posibilidades de encontrar trabajo? ¿Qué deben esperar los 5.693.100 desempleados de un Gobierno que lo fía todo a la reducción del déficit presupuestario?
El último sondeo del CIS dice que el 65% de los parados o personas que buscan su primer empleo ven poco o nada probable encontrar un trabajo el próximo año. ¿Tienen que seguir esperando a que Rajoy arranque mejores condiciones de Merkel y Draghi? ¿Cuál es el criterio moral que obliga a cumplir ciertos artículos de la Constitución y no otros?
El respeto de la ley es, casi tanto como la celebración de elecciones, el baremo que separa a las democracias de las dictaduras. En el primer caso, muchas leyes se aprueban para proteger a los débiles, y por eso existen unos cuantos artículos de la Constitución que en la situación actual nos parecen ahora casi anacrónicos. Que sean papel mojado no es “la ley de la selva”, sino aparentemente una desgracia de nuestro tiempo. En ese punto, ningún ministro se moviliza. En otros casos, los despachos del Gobierno hierven de actividad.
La ley tiene además tantas varas de medir como delitos existen. Los dos políticos más poderosos de Baleares de los últimos años, Jaume Matas y Maria Antònia Munar, han sido condenados a penas de cárcel por delitos de corrupción y no han entrado en prisión. Al no tener ya cargo público ni acceso a presupuestos, tienen el privilegio de esperar en su casa a que el Tribunal Supremo solvente el recurso.
Los políticos condenados por corrupción tienen además una última instancia, el propio Gobierno que hace uso de su prerrogativa legal para conceder indultos. Y a veces se trata de una mercancía con la que se pueden engrasar acuerdos políticos muy importantes. La ley es importante, pero un pacto de apoyo parlamentario lo es todavía más.
¿12 delitos continuados de prevaricación urbanística durante tres años? No hay problema. El Consejo de Ministros se ocupará de ello.
¿Cuántos políticos hay ingresados en prisión por la corrupción propiciada por la burbuja inmobiliaria? Aquí parece que denunciar esto supone apostar por “la ley de la selva” cuando resulta que es todo lo contrario.
La izquierda se equivoca si jalea actuaciones como la de Sánchez Gordillo, estupendas para atrapar titulares en agosto, ineficaces para el fin que denuncian porque ninguna ONG aceptará lógicamente productos robados, contraproducentes al dar argumentos al sector duro del Gobierno, y demagógicas en la medida de que libera de la engorrosa tarea de movilizar a la gente, sacudirle la pereza y sacarla a la calle. No es tan complicado conseguir que 100 o 200 personas participen en una movilización como esta. Hasta un grupúsculo de extrema derecha puede hacer algo así. Empujar a miles de personas a la calle exige algo más de imaginación y trabajo.
Pero cuando se descubre que el Gobierno dice que hay leyes intocables y otras que sólo son una serie de directrices, o presenta un delito menor o falta como un gran espectáculo político para dar ejemplo, uno tiene la tentación de pensar que denunciar injusticias obliga a vulnerar algunas normas. Porque si no te pueden pillar por el Código Penal, lo intentarán con el Código de Circulación o alguna norma administrativa de la que no se acuerde nadie.
Lo que intentarán es que no vuelvas a salir a la calle. Esa es la prioridad del Gobierno.
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Imagen de uno de los dos asaltos. Se titula “golpean a una cajera”. En las imágenes se ve que le empujan y le apartan de mala manera, pero no hay ninguna agresión.
