La factura que nadie votó
Mientras el presidente del Gobierno sonreía ante las cámaras en Pekín hablando de multilateralismo verdadero, en Madrid se tramitaba el procesamiento de su esposa por corrupción. Mientras la flota de la alianza atlántica mantenía el bloqueo del Estrecho de Ormuz, las empresas españolas pagaban la energía más cara que nunca porque hace dos años alguien decidió, desde fuera, que Europa debía romper con el gas barato del este. Nada de esto es coincidencia. Todo forma parte del mismo mecanismo.
El vasallo siempre paga la guerra del señor. Y encima lo llama alianza.
La Europa vasallizada no es un insulto de la propaganda eurasiana. Es una descripción funcional. Un continente que rompe sus propios contratos energéticos para comprar gas licuado a quince veces el precio anterior, que congela activos de un Estado soberano sin base legal consolidada, que financia una guerra por delegación mientras sus industrias se desindustrializan: ese continente no toma decisiones soberanas. Recibe instrucciones y las convierte en política exterior.
España no es la excepción. España es el ejemplo con matices propios. El matiz es que el actual Gobierno ha intentado —con más estética que sustancia— plantear una tercera vía: el giro hacia el gigante asiático como palanca de equilibrio, la apuesta retórica por el Sur Global como discurso de emancipación. El problema es que las palancas de equilibrio no funcionan cuando uno sigue dependiendo del primer proveedor atlántico de energía para calentar sus casas, de la alianza militar occidental para defender sus fronteras, y de los mismos flujos financieros que se proclama dispuesto a reformar.
Mientras tanto, la aritmética de la guerra asimétrica se desenvuelve a miles de kilómetros con consecuencias inmediatas en el precio del barril, en la prima de riesgo, en la inflación importada que erosiona el poder adquisitivo de la clase trabajadora española. Un dron sobre una planta desalinizadora del Golfo puede costar cincuenta mil euros. El efecto en la factura de la luz española no tiene precio fijo, pero siempre lo paga el mismo: el ciudadano que no tiene voto en los consejos donde se decide la guerra.
Cuatro millones setecientas mil personas buscaban empleo en España mientras las empresas declaraban no encontrar el perfil que necesitaban. El país lidera la pobreza infantil en la Unión Europea. El sistema educativo no tiene respuesta para un mercado laboral donde el sesenta por ciento de las tareas serán automatizables en una década. Y sin embargo el debate político gira sobre el procesamiento de la consorte del presidente, sobre los escándalos del exministro en declive o sobre si un crucero con posibles casos de hantavirus debería haber desembarcado antes o después. Mientras el mundo decide la arquitectura del próximo siglo, aquí discutimos sobre arquitecturas domésticas.
El virus llegado en un crucero a las costas canarias es casi una metáfora. El mundo exterior —sus guerras, sus crisis, sus vectores biológicos— llega a nuestras orillas sin que ninguna declaración de neutralidad lo detenga. La bioseguridad y la geopolítica comparten una lógica idéntica: las fronteras solo existen para quien no tiene poder suficiente para ignorarlas. El ciudadano común, incapaz de afrontar una emergencia de quinientos euros, paga la guerra que no ha elegido con el dinero que no tiene.
Hay lealtades que no se pagan con dinero. Pero siempre se cobran con él.