El fiscal del caso Alsasua: los acusados son herederos de las ideas de ETA que llevaron a las “peores atrocidades”

El fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso de la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas ha defendido la acusación de terrorismo durante su informe de conclusiones afirmando que los ocho investigados son “herederos” de las ideas y la estrategia que dictó la banda terrorista ETA y que llevó a las “peores atrocidades” cometidas durante 50 años del siglo pasado.

Según el representante del Ministerio Público, José Perals, el hecho de que ETA anunciara en 2011 el cese definitivo de su actividad armada y que los acusados sean muy jóvenes “no impide que todo ese ideario” de conseguir fines políticos con violencia “haya calado” en poblaciones del País Vasco y Navarra.

A su juicio, durante la vista oral ha quedado probado que lo ocurrido en Alsasua “no fue una pelea de bar”, sino una agresión “planificada y organizada única y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles y sus parejas con la finalidad terrorista de expulsar” a dicho cuerpo policial de la localidad. Pero también, ha añadido, el objetivo de la paliza fue “inferir temor a los que no piensan como ellos” en Alsasua.

“SUPREMACISTAS ABERTZALES”

“Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años. Deciden ellos quiénes pueden estar o no en su pueblo. Es lo peor de la naturaleza humana. Es la xenofobia, el fascismo en estado puro. Eso es lo que defienden los supremacistas abertzales. No queremos que vengan dentro de 20 años a pedir perdón porque entonces no valdrá”, ha remarcado.

Es por ello que Perals mantiene la acusación por terrorismo y ha elevado a definitiva la petición de entre 12 años y medio y 62 años y medio de prisión para los ocho acusados. Así, para Ohian Arnanz solicita 62 años y medio de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas y uno de amenazas terroristas. Para Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, pide 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que para Ainara Urquijo se solicitan 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas.

En caso de que el tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, no aprecie estos delitos al considerar que las lesiones no fueron graves, el fiscal propone condenas por desórdenes públicos terroristas, atentado contra agentes de la autoridad, tres delitos de lesiones, dos delitos de amenazas así como un agravante de género en el caso de las lesiones de las mujeres, ya que se las agredió “por ser novias de”.

De este modo, el representante del Ministerio Público solicita 17 años y medio de cárcel para Ohian Arnanz; para Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola, 17 años; para Iñaki Abad, 13 años; mientras que para Ainara Urquijo reclama seis años y medio de cárcel.

Al terminar su exposición, se ha producido un receso de la sesión y, al levantarse, uno de los acusados que sigue en prisión provisional, Jokin Unamuno, ha mirado hacia sus amigos y familiares, se ha llevado un dedo a la sien y lo ha girado para expresar que las conclusiones del fiscal le parecen una locura.

“APOYO DE POLÍTICOS MELIFLUOS”

Para el fiscal, lo que se ha visto en la sala de vistas donde se ha celebrado el juicio a lo largo de dos semanas es “miedo”, sobre todo el expresado por las parejas de los dos guardias civiles, María José N.C. y Pilar P.O., y esa es “la parte del terror que ha imperado durante muchísimos años y sigue existiendo” en determinadas poblaciones del País Vasco y Navarra.

En su opinión, es lo que “pretenden imponer los abertzales con apoyo de muchos políticos melifluos”, en referencia al alcalde de Alsasua, Javier Ollo, de quien ha recordado que fue a visitar a las familias de los acusados y no de las víctimas. Ejemplo de esto, ha explicado, fue la declaración como testigo del regidor: “Se sigue utilizando el lenguaje de conflicto, se habla de paz y deja que permanezcan pancartas en el pueblo en las que se lee Alde Hemendik”.

En este movimiento, Alde Hemendik (Fuera de aquí), el fiscal ha enmarcado a los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez, de los que ha dicho que ha quedado demostrado que eran promotores de los actos de la fiesta de Ospa Eguna que se viene celebrando en Alsasua cada mes de agosto y defiende la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Foral del municipio. También asegura que participaron en una manifestación a favor de la “amnistía total” de los presos etarras.

“Las campañas de hostigamiento han seguido durante años, incluso después del comunicado de ETA anunciando el cese de su actividad, y se impuso el Ospa en Alsasua y otras poblaciones de Navarra. Como consecuencia de toda esta dinámica ocurrieron los hechos”, ha relatado.

Según el fiscal, “ha quedado probado que los acusados, guiados por Jokin Unamuno y Adur Ramírez, se concentraron con muchas más personas que no han sido identificadas para agredir de forma salvaje a los dos guardias civiles. A ellos por el hecho de ser guardias civiles y a ellas por ser sus parejas”.

Y todo ello, ha añadido, “con una finallidad esencial: expulsarles del pueblo e infundir terror”. “El terror se ejerce no sólo con asesinatos y atentados, sino con coacciones y amenazas”, ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado en repetidas ocasiones que la agresión de la madrugada del 15 de octubre de 2016 “no fue fortuita”, sino que hubo una organización a través de mensajes en sus teléfonos móviles y con la que se concentraron en el bar Koxka.

NINGUNA CONTRADICCIÓN EN LAS VERSIONES DE LAS VÍCTIMAS

El fiscal ha destacado la “unanimidad y consistencia” de las versiones aportadas por las cuatro víctimas de la agresión al identificar a los ocho acusados y relatar los hechos, ya que no incurrieron “en ninguna contradicción”, razón por la cual ha ratificado su acusación contra los jóvenes sentados en el banquillo, a los que atribuye, de una u otra forma, su participación en la paliza.

Perals ha querido dejar claro que la Fiscalía no imputa a los ocho acusados el delito de integración en una organización terrorista ni sostiene que hayan aceptado los postulados de ETA, sino que han actuado “conforme a toda una ideología usando la violencia para una finalidad política y causando temor en el resto de la población que no piensa como ellos”.

“No les enjuiciamos por pertenecer a ETA, ni por pertenecer a las organizaciones satélites de ETA, ni tampoco decimos que se haya creado una nueva organización, sino que los acusados se aprovecharon de todo ese despliegue ideológico del frente de masas. Y todo eso sigue activo”, ha recalcado.

Por eso, ha apuntado que lo que se juzga “no es romper el tobillo a una persona”, sino “si los acusados siguen los postulados de una organización terrorista”. De modo que ha pedido al tribunal que no declare “disuelta” a una organización “antes de que el propio grupo criminal” lo haga.