El juez impone una fianza de 400.000 euros a Ignacio González para que salga de prisión
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado imponer a Ignacio González una fianza para que abandone a prisión de Soto del Real. El expresidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado desde el pasado 21 de abril, tendrá que reunir 400.000 euros para salir en libertad.
Una vez que deposite la fianza, el juez le impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado de la Audiencia Nacional o el más cercano a su domicilio.
La Fiscalía Anticorrupción había informado unas horas antes a la Audiencia Nacional de que apoya la pretensión de González de salir en libertad. Señala que su riesgo de fuga y de reiteración delictiva han disminuido con el avance de la investigación.
En un escrito enviado al juez García Castellón, instructor del caso Lezo, Anticorrupción también señala que “concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González”, aunque sean provisionales.
La amenaza de prisión, recuerda la Fiscalía “es, a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer”. Además, “la instrucción ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales”, apunta Anticorrupción.
La investigación destapó que González y su familia habían creado un sistema de afloramiento de fondos que se ponía en marcha cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid necesitaba efectivo. Además, se descubrió que manejaba un importante patrimonio escondido con el que mantenía su elevado nivel de vida y planeaba nuevas inversiones.
Sin embargo, Anticorrupción considera que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva “derivado del posible manejo de fondos en el extranjero”. La razón es que la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá, donde se centraban los negocios de los implicados en el caso Lezo, ha permitido localizar esos fondos.
En cuanto al riesgo de fuga, “el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial” lo han hecho disminuir, según la Fiscalía. “Todo ello impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso”, añaden.
González, que lleva en prisión incondicional desde el estallido del caso Lezo el pasado 18 de abril, ha solicitado en varias ocasiones su puesta en libertad. Es la primera vez que la Fiscalía accede a que se le imponga una fianza, una medida que ahora deberá ser acordada por el juez.
En sus anteriores intentos, los jueces instructores del caso le han negado la posibilidad de salir libre bajo fianza. García Castellón, el juez que ahora tendrá que volver a pronunciarse, aseguró en julio que su patrimonio oculto y sus intentos de salir de España -captados por los agentes- impedían su salida de la cárcel.
