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El BOE publica un contrato de 2017 de más de 400.000 euros para fusiles de asalto, pistolas y cartuchos de los Mossos

El BOE publica un contrato de 2017 de más de 400.000 euros para fusiles de asalto, pistolas y cartuchos de los Mossos

EUROPA PRESS

MADRID —

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El contrato consta de siete lotes por un valor estimado de 410.733,04 con fecha de adjudicación del 25 de junio de 2018 y formalización del mismo de un mes después, el 19 de julio. El anuncio publicado en el BOE este 21 de enero lo firma en Barcelona la directora de Servicios, Silvia Quesada i Escobar.

El expediente del contrato es “IT-2017-544”. Según ha podido comprobar Europa Press en el perfil del contratante de la Generalitat, el plazo de presentación de ofertas se abrió por primera vez el 16 de octubre de 2017 a las 12.00 horas, días después del referéndum del 1-O y de que la Generalitat se quejara de que el Gobierno de Mariano Rajoy había paralizado la adquisición de armas largas.

En la parte de contratista se hace mención a empresas que fabrican armas como Paukner y Beretta Benelli Ibérica. En concreto, se especifica lo siguiente: “Lote 1 desierto; lote 2 y 5 Uniformidad y Suministros de Protección, SL; lote 3 Equipamientos SDAL, SL; Lote 4 Beretta Benelli Ibérica, SL; lote 6 Paukner, SA; lote 7 Eurodis System España, SL.

Son las mismas empresas que aparecen con el código “IT-2017-544” en el perfil del contratante de la Generalitat. Aquí se especifica que los lotes corresponden a fusiles de asalto del calibre 5.56 x 45mm; fusiles de asalto compactos calibre 7.62 x 51mm NATO; fusiles de precisión calibre 308 WIN; armas de defensa personal PDW de calibre 4.6 x 30 mm; pistolas del calibre 9 x 19mm y cartuchos del calibre 4.6 x 30mm FMJ para entrenamiento.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han explicado que el contrato que se ha publicado este 21 de enero en el BOE “no se refiere a armas largas”.

LA GENERALITAT HABLÓ DE MIL ARMAS LARGAS

La adquisición de armas largas fue una de las polémicas que rodeó al referéndum del 1 de octubre de 2017. El conseller de Interior de la Generalitat por entonces, Joaquim Forn, denunció que la Guardia Civil mantenía bloqueado un pedido de mil armas largas compradas por los Mossos un año antes.

Según explicó Forn en una entrevista, las armas habían sido compradas, pero sin la autorización de la Guardia Civil no se podían importar. “Nos puede pasar que haya mossos en la calle sin munición”, denunció.

En la comparecencia en el Congreso del pasado 4 de julio en la que expuso sus líneas generales, el ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a estudiar la petición del PDeCAT para dotar a la policía catalana de armas largas con las que atender con garantías “al nivel de alerta antiterrorista”.

Grande-Marlaska recordó entonces que la adquisición de material armamentístico y municiones depende en parte también del Ministerio de Defensa. “Me enteraré y trasladaremos esa cuestión”, dijo en respuesta al diputado Feliu-Joan Guillaumes, remitiéndose también al acuerdo en la Junta de Seguridad de Cataluña.

Su antecesor en Interior, el 'popular' Juan Ignacio Zoido, admitió el 9 de diciembre de 2017 a preguntas de la prensa que se había impedido la adquisición de armamento y munición “al estar pendiente de algunos trámites desde el punto de vista técnico”.

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