El CGPJ apuesta por un servicio público de mediación para todo el país

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado hoy su visto bueno al anteproyecto de ley de mediación presentado por el Ejecutivo, pero apuesta por ser más ambiciosos y diseñar “un servicio público de mediación” que garantice el acceso en igualdad de condiciones en todo el país.

Ese servicio, explica el Consejo en un comunicado, sería una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios para asegurar en todo el territorio nacional la igualdad de oportunidades al acceder a este instrumento de resolución extrajudicial de conflictos.

Con 10 votos a favor de los 18 vocales presentes, el pleno del CGPJ ha aprobado hoy el informe favorable del anteproyecto del Ministerio de Justicia, que plantea que sea obligatorio intentar un proceso de mediación antes de acudir a los juzgados en los conflictos civiles y mercantiles más comunes, como los divorcios o los impagos de alquileres o hipotecas.

Apoyan el texto, pero sería conveniente, concluye el dictamen, “acometer una regulación integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de reformas puntuales dirigidas sólo a incentivar el uso de esta herramienta.

Impulsar la mediación, señala el órgano de gobierno de los jueces, requiere “políticas públicas” capaces de crear un sistema que garantice el acceso del ciudadano a la justicia y que cuente con la “implicación real, efectiva y coordinada” de las instituciones responsables de la mediación y con “un mayor compromiso” de los jueces y de las distintas administraciones.

Entre otras cuestiones, a su juicio, se necesita una formación de calidad en mediación, que debería incluirse en los temarios de las oposiciones de la administración de Justicia.

En el informe se considera que la “obligación mitigada” que implica tener que intentar un proceso de mediación antes de ir al juzgado es respetuosa con los derechos fundamentales y se estima que se podría ampliar a más procesos.

Justicia proponía que la norma no entrar en vigor hasta tres años después de su aprobación para poder contar con las estructuras necesarias, pero en el dictamen se pide reducir ese plazo a seis meses.

Los ponentes del informe han sido los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo y en la votación ha quedado clara la división del CGPJ. Entre los ocho vocales discrepantes, cuatro han anunciado un voto particular: Rafael Fernández Valverde, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez.