La CPI insta al Gobierno colombiano a firmar ley que reglamenta Justicia de Paz

La Corte Penal Internacional (CPI) instó al presidente de Colombia, Iván Duque, a que sancione la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), informó este miércoles ese alto tribunal.

“Observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, afirmó el vicefiscal de la CPI, James Stewart, citado en un comunicado de la Justicia Especial para la Paz.

Stewart reiteró además que la Corte ha apoyado a la JEP “como el mecanismo clave de justicia transicional” adoptado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

La Justicia Especial para la Paz tiene como función principal juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado del país.

“Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros”, acotó el vicefiscal de la CPI.

A esta voz se sumó el procurador general del país, Fernando Carrillo, quien pidió a Duque no hacer objeciones a la ley estatutaria después de su aprobación por la Corte Constitucional, pues esto “puede generar un riesgo para la seguridad jurídica”.

La Corte Constitucional declaró el pasado agosto aplicable la ley estatutaria para la administración de la JEP, aunque denegó algunos cambios hechos en ella por el Legislativo, que aprobó el funcionamiento del tribunal casi dos meses antes.

Por su parte, el Gobierno colombiano aseguró ayer que estudia objetar algunos artículos de la ley estatutaria, lo que ha generado polémica en el país.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que “el presidente tiene unas prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria”.

En esta misma línea, el pasado lunes el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a Duque en la que expresó sus preocupaciones sobre cuatro aspectos recogidos en la ley estatutaria.

Martínez se refirió a los estatutos sobre los reinsertados que continúen en actividades de narcotráfico después de la firma del acuerdo y la exclusión de los beneficios de la JEP a quienes cometieron delitos después de esa fecha.

De igual forma, se pronunció sobre la suspensión de las investigaciones a los actores del conflicto armado por parte de la Fiscalía y a la “impunidad” que tendrán los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Ese mismo día, la JEP y varias organizaciones de víctimas pidieron al mandatario colombiano que sancione la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento.

“Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho (...) es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley”, manifestó la JEP.