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Confirman el procesamiento de un exministro argentino por el choque de un tren de 2012
La Justicia de la ciudad de Buenos Aires confirmó hoy el procesamiento del exministro de Planificación Federal de Argentina Julio de Vido en la causa por el accidente ferroviario que dejó 51 muertos en 2012, dictado el pasado 10 de mayo y que recurrió la defensa, informaron fuentes judiciales.
Según la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), la acusación a De Vido “no se vincula con una deficiente supervisión de sus dependientes, sino que lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos”.
De Vido, ministro de Planificación durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), fue investigado porque encabezaba la cartera a la que pertenecía el área de Transporte cuando en 2012 un tren no detuvo su marcha y colisionó contra la estación porteña de Once, suceso en el que murieron 51 personas y que dejó unos 700 heridos.
La Justicia también confirmó el procesamiento de Jorge Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, así como el embargo de sus bienes y los del propio exministro hasta cubrir la suma de 600 millones de pesos (40 millones de dólares).
El procesamiento y el embargo habían sido dictados el pasado 10 de mayo por el magistrado Claudio Bonadio por los delitos de “descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, en calidad de coautor y defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta, en calidad de partícipe necesario”.
Asimismo, el 7 de junio, Bonadio resolvió embargar el 20 % del salario que cobra De Vido, ahora diputado kirchnerista.
En diciembre de 2015 condenaron por la causa de Once a ocho años de prisión al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y a su antecesor Ricardo Jaime (2003-2009) por un “delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
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