La comisión del Congreso sobre la 'caja b' del PP recibe este martes a Pablo Crespo, 'número dos' de 'Gurtel'

Crespo, mano derecha del cabecilla de la red, Francisco Correa, fue condenado por delitos de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas, cohecho activo, falsedad continuada en documento mercantil, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias por la primera etapa de la 'Gürtel' y está procesado o investigado también por otras causas de corrupción como la relativa a la financiación del PP valenciano.

Estaba previsto que compareciera también el consejero delegado del Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro. Sin embargo, la semana pasada ya comunicó a la comisión que no podrá hacerlo por estar de viaje fuera de España en esa fecha. Los comisionados deben ahora buscar otro día para interrogarle.

MATAS, DE LA CÁRCEL AL CONGRESO

La semana siguiente, concretamente el 20 de noviembre, se espera al expresidente del Congreso y exministro Federico Trillo y al también exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas.

Trillo, que fue embajador en Londres hasta enero de 2017 cuando dimitió por el caso del accidente del Yak 42, dirigió la estrategia judicial del PP en el 'caso Gürtel', que llegó a definir como “un montaje organizado por la Policía de (Alfredo Pérez) Rubalcaba y la Fiscalía”.

El exministro, citado en la investigación como supuesto receptor de sobresueldos en negro del partido, logró apartar de la instrucción al primer juez encargado del caso, Baltasar Garzón, que en 2012 fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación y violación de garantías constitucionales por haber autorizado la grabación en la cárcel de las conversaciones de los principales implicados en la trama de corrupción con sus abogados.

Por su parte, el expresidente balear acumula hasta seis condenas por distintos casos de corrupción y está en la cárcel de Aranjuez (Madrid) desde el pasado mes de junio cumpliendo la condena de tres años y ocho meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el 'caso Nóos'. En 2015 ya había cumplido nueve meses de condena en la cárcel de Segovia por un delito de tráfico de influencias por una pieza del caso 'Palma Arena'.

El exministro de José María Aznar tiene todavía pendiente un juicio en el que la Fiscalía reclama para él cuatro meses y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación por la presunta manipulación del concurso público para adjudicar las obras de construcción del hospital de Son Espases en Palma.